Hasta el viernes fue ampliado el control de detención de Carmen Audala y Fabiola Esparza, jefa y subjefa -respectivamente- del Registro Civil de la comuna de Buin, acusadas de robar al menos 17 millones de la caja fuerte del recinto.
El robo fue denunciado el 11 de agosto por Esparza, que activó la alarma después de llegar a la oficina.
Sin embargo, Carabineros constató que la caja fuerte no presentaba indicios de haber sido forzada y que Esparza se reunió con Audala -la jefa- en las inmediaciones del lugar antes y después del robo, según arrojaron las cámaras de seguridad.
Estos antecedentes, más los hechos de que Audala estaba con licencia y posteriormente se fue de vacaciones, y que Esparza era la encargada durante ese tiempo de revisar semanalmente la caja fuerte, configuraron la hipótesis del robo a un delito de malversación de caudales públicos.
“Este es un delito de malversación de caudales públicos. La administración de los recursos los sustraen y se los apropian. En ese contexto, el Ministerio Público logra hacer las diligencias pertinentes a fin de establecer, que es lo que creemos, la responsabilidad de las imputadas”, dijo el fiscal de San Bernardo, Rubén Salas.
Las acusadas declararán hoy a Fiscalía
La ampliación del control de detención de las imputadas se solicitó por parte de la defensa, ya que no habían declarado ante la Fiscalía y es algo que ocurrirá durante esta jornada.
“Estamos llegando a acuerdo. Si bien existe una orden (de detención), todo va a cambiar o podría cambiar luego de la declaración de nuestras representadas. No se puede comunicar si se consideran inocentes, ya que aún no han declarado. No son 20 millones (robados), son menos”, dijo uno de los abogados defensores, Pablo Aqueveque.
Su colega Diego Melgarejo confirmó que la revisión de la caja fuerte “era semanal y dependía del funcionario que estaba a cargo en ese momento, porque habían muchos que estaban con licencia y otros con días administrativos y se les iban designando (los turnos)”.
Tanto Audala como Esparza quedarán detenidas de forma transitoria en el Centro Penitenciario de San Miguel, con medidas de seguridad para no ser víctimas de otras internas dada su calidad de funcionarias públicas y el conocimiento del tema en la prensa.