El gobierno de Javier Milei inició este martes el proceso de privatización parcial de la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), una empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país.
En el decreto, que lleva la firma del presidente argentino, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se establece la venta del 44% de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional y la organización de un “programa de propiedad participada” de hasta el 5% del capital social, lo que permitirá la inclusión de los 2.989 trabajadores de la compañía en el esquema accionario.
El Estado conservará el 51% del capital y, con ello, el control accionario de la empresa.
Se habilitó, además, la intervención de la unidad ejecutora especial temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas para llevar a cabo la privatización parcial.
La norma manifiesta “la conveniencia de la transferencia al sector privado de la actividad de generación nucleoeléctrica, con el objeto de nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes”.
“La intervención estatal a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y rentable para el Estado. Con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva, resulta imprescindible promover e incrementar la incorporación de inversores privados“, justifica el texto.
El bloque opositor peronista presentó este lunes en el Senado un proyecto de ley que busca blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de la empresa.
El texto declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino”.
El gobierno argentino había anunciado la privatización de NASA el pasado 16 de septiembre, ocasión en la que informó que, durante 2023, la empresa recibió transferencias de capital no reembolsables por parte del Estado por un total de dos millones de dólares.
“La incorporación de inversión privada es fundamental para ampliar el acceso a financiamiento, diversificar riesgos y asegurar la continuidad operativa de manera eficiente y competitiva“, afirmó entonces la Secretaría de Energía.
Nucleoeléctrica Argentina fue incluida en la lista de empresas a privatizar contempladas en la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, una norma de amplio alcance sobre desregulación de la economía y ajuste en el Estado, aprobada por el Congreso en junio de 2024.
La empresa tiene a cargo la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse. También, se encarga de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la energía producida por esas plantas y de la gestión de los trabajos que aseguren la normal operación de las centrales, así como también de aquellos proyectos que tengan por objetivo la eventual construcción de futuras centrales nucleares en Argentina.
La potencia instalada total de las tres plantas nucleares es de 1.763 megavatios.