Tras la polémica liberación de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, la diputada RN Camila Flores llamó a “reformar a fondo” el Poder Judicial; y dijo que, de lo contrario, “los próximos liberados serán los abusadores de nuestros hijos”.
Ortega salió de la cárcel el martes tras concedérsele la libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
El hecho causó transversal controversia debido a que el agresor -que dejó a su expareja ciega tras un brutal ataque- no contaba con la recomendación de Gendarmería para ser liberado, a raíz de un informe que indicaba rasgos psicopáticos.
Además, se acusa a SernamEG de no haber asignado una nueva abogada a Rifo luego de haber destituido a la anterior, Beatriz Ramírez, por lo que las notificaciones del proceso en el que se discutía la liberación de Ortega nunca llegaron a la víctima.
“Esto es una vergüenza nacional. El Poder Judicial está actuando con una desconexión total de la realidad que viven las víctimas chilenas. No puede ser que violadores y abusadores de niños con informes que dicen claramente que volverán a delinquir caminen libres por las calles”, fustigó la diputada Flores.
“Es inaceptable que quienes han destrozado vidas de mujeres y niños vuelvan a la calle gracias a decisiones judiciales incomprensibles. El Poder Judicial le está fallando a Chile: si no somos capaces de reformarlo a fondo, los próximos liberados serán los abusadores de nuestros hijos. Basta de impunidad”, exhortó.
Falencias en el trato del Estado a los discapacitados
La liberación de Ortega también abrió una discusión sobre cómo el Estado se relaciona con las personas discapacitadas mediante los protocolos respectivos.
De acuerdo con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en 2017 Rifo solicitó, dada su discapacidad visual, recibir las notificaciones del caso directamente en su domicilio y no vía correo electrónico, por lo que asignó la reponsabilidad de la negligencia a los tribunales de justicia y no al SernamEG.
En este escenario, Cristina Barrientos, presidenta de la Agrupación de Ciegos de la Patagonia en Coyhaique, explicó que “en la ley 20.422 se dice que los jueces, el personal de la PDI, abogados, fiscales y uniformados de Carabineros deben ser educados por el Estado para saber cómo tratar a una persona con discapacidad”.
“A veces, uno (como víctima) se olvida (del tema) porque no le toma importancia si no sabe de qué trata el documento (de la notificación). Entonces, éste debía ser entregado y ella (Rifo) informada verbalmente de qué se trataba”, argumentó.