El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) ha organizado en tan solo 40 días unas nuevas elecciones, las terceras en lo que va del año y la séptima cita con las urnas en apenas dos. Este domingo 16 de noviembre, los ecuatorianos acudirán nuevamente a votar convocados por el presidente, Daniel Noboa. Esta vez no lo harán para elegir autoridades, sino para responder a tres preguntas que pretenden reformar la Constitución. Los ciudadanos tendrán que pronunciarse sobre permitir la presencia de bases militares extranjeras en el país, eliminar la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas. A ellas se suma una cuarta cuestión, la más decisiva: si el país debe abrir la puerta a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Ley fundamental.
La cita ha sido tan apresurada que solo se destinaron 13 a la campaña. No ha habido tiempo suficiente para el debate a fondo, ni el “puerta a puerta” para explicar el contenido de las preguntas y algunos, a solo horas de que se abran las urnas, ni siquiera saben cuál es el contenido de las papeletas. “Unas benefician al país, otras no tanto, pero no lo tengo muy claro porque casi no ha habido información”, confiesa Luis Serrano, un pequeño comerciante de Guayaquil, mientras ajusta los precios de sus verduras. Para él, la principal preocupación no son las reformas constitucionales, sino la inseguridad. “Sin seguridad no podemos trabajar”, señala con tono resignado. En su barrio, donde la violencia comienza a cercar a quienes viven ahí, se siente afortunado de no ser víctima de las “vacunas”. “Todo el mundo está siendo extorsionado, ni siquiera podemos trabajar en paz”, añade, buscando entre sus palabras un atisbo de esperanza.
A pocos metros, Gonzalo Abad, un jubilado con una lavandería, ni siquiera se ha interesado en conocer cuáles son las preguntas. “¿Para qué? Nada de lo que digan ahí va a cambiar lo que pasa en el país. Lo único que busca el presidente es que lo respaldemos políticamente”, dice con un claro hartazgo ante la política. No ha prestado atención a las preguntas del referéndum porque, según él, los resultados de estas no alterarán la realidad cotidiana que enfrenta el país.
Para el analista político Esteban Ron, esta desafección refleja la “intoxicación” que ha provocado una década de procesos electorales sin descanso. En su opinión, el ciudadano promedio no sabe siquiera qué implicaría un proceso constituyente, y mucho menos qué significaría reformar la Constitución. De hecho, el presidente Noboa ha sido reticente a ofrecer detalles. “Ganemos primero las elecciones y después les cuento lo que haremos”, respondió cuando se le preguntó sobre su visión para la nueva ley de leyes.
Ron también señala que el proceso constituyente no ha sido sincerado. La última experiencia de este tipo, recuerda, se produjo hace 17 años, durante el Gobierno de Rafael Correa. “La gente no ha comprendido que, de aprobarse la constituyente, en febrero del próximo año tendríamos que volver a las urnas para elegir a los asambleístas constituyentes, que serían propuestos por los mismos partidos políticos de los que hay un amplio rechazo”, advierte. Si la Constituyente se impone, el calendario electoral se extendería hasta 2027, ya que habría que votar por el proyecto de nueva Constitución y, más tarde, convocar nuevas elecciones generales. “Solo después de eso, recién podríamos ver los resultados de este nuevo esquema de gestión pública”, concluye.
Ecuador, sostiene Ron, no tiene tiempo para emprender reformas tan profundas en medio de una crisis social, económica y de seguridad que se prolonga desde hace años. La verdadera pregunta es si el país necesita una nueva Constitución o si, en su lugar, la prioridad debería ser abordar los problemas inmediatos de la población.
Para la analista política Pamela León, la convocatoria a una nueva Ley fundamental en el contexto actual responde menos a una necesidad real que a un gesto político cargado de simbolismo. “Invocar una nueva Constitución es, en gran medida, un intento de borrar lo que queda del correísmo en el Estado. Es un esfuerzo por ‘des-correizar’ las instituciones del país”, afirma. León añade que, aunque este tipo de medidas puede tener una utilidad política, no resolverá la vida cotidiana de los ciudadanos. “El Gobierno está reescribiendo el marco simbólico del país desde su propio relato, pero eso no tiene por qué traducirse en soluciones concretas para la gente común.”
Mientras tanto, el Ejecutivo goza de una relativa calma política. La oposición, fragmentada y sin una estrategia común, no ha logrado hacerle frente a una maquinaria estatal que, bajo el liderazgo de Daniel Noboa, opera sin contratiempos. Con licencia para hacer campaña, el presidente ha continuado gobernando, implementado una serie de medidas que refuerzan su imagen: ha entregado bonos económicos, ha anunciado la puesta en marcha de la cárcel de máxima seguridad que prometió construir -aunque apenas está completado el 40% de la obra-, y, a pesar de esto, ha trasladado a más de 300 reclusos, entre ellos al exvicepresidente Jorge Glas, último alfil del correísmo.
En paralelo, el país ha sido escenario de operativos policiales diarios en los que, según las autoridades, se han detenido a los criminales más peligrosos. Las instituciones públicas, además, han sido actores activos en la campaña a favor del ‘sí’, sin que el Consejo Nacional Electoral haya tomado ninguna acción sancionadora. En este contexto, Noboa ha logrado consolidar su narrativa, sin obstáculos importantes, apoyado también por una maquinaria de medios que ha conseguido alinearlos a su Gobierno.