El pseudosindicato Manos Limpias, del que partió la denuncia que dio origen al caso Begoña que instruye el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, se ha quedado sin representantes legales en la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno. El abogado y el procurador que integraban la acusación de la organización han renunciado a seguir ejerciéndola al entender que “lo que un inicio era un encargo jurídico” ha ido transformándose “en una controversia política y mediática”, según un escrito dirigido al instructor, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El procurador ha enviado a Peinado este mismo lunes el escrito de renuncia conjunta, que se acompaña de una carta firmada por el abogado, Carlos Perales, del bufete Preico Jurídicos. Perales censura la actitud del pseudosindicato sobre la acusación popular y considera “inviable” continuar con su labor con eficacia, bajo “estándares de calidad, independencia y rigor jurídico” que, defiende, inspiran el ejercicio profesional del despacho.
“Lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico (…) ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”, critica el letrado, que además apunta a que Manos Limpias no se mueve por la solidez de los argumentos jurídicos y que, en cambio, “responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”. Es algo “legítimo”, apunta, desde la perspectiva de la propia organización, pero no desde la del ejercicio de la abogacía “fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos”.
La renuncia que los profesionales han dirigido a la asociación que encabeza Miguel Bernard señala que se ha utilizado el procedimiento judicial “como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política” y que esto “compromete la independencia” de la defensa. “La abogacía no puede ser confundida con el activismo político”, continúa. “Mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal, supondría para este despacho quebrantar el mandato profesional asumido”, enfatiza.
Además, el procurador explica al juez Peinado que intentó comunicar su renuncia hace meses, en un burofax el pasado 25 de septiembre, pero que Manos Limpias no lo recogió. Al no tener noticias de su cliente, los profesionales han dado cuenta al juez Juan Carlos Peinado del abandono de la defensa legal, cuya comunicación consideran ya “consumada” porque han pasado más de tres días sin respuesta y formalizan ante el juez su completa desvinculación.
Manos Limpias es una de las acusaciones populares en la causa contra la esposa de Sánchez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, intrusismo y apropiación indebida. El origen de estas pesquisas, de hecho, está en una denuncia de la asociación de Bernard en el mes de abril de 2024. Además, están personados los partidos Vox e Iustitia Europa, la asociación ultracatólica Hazte Oír y el Movimiento de Regeneración Política de España.