El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -el supervisor que debe evaluar si hay garantías para que la central de Almaraz, en la provincia de Cáceres, siga operando hasta 2030- ya ha puesto en marcha su maquinaria para acometer ese examen. Y los cálculos de este organismo es que “en el entorno del verano” pueda estar listo su informe para enviarlo al Ministerio para la Transición Ecológica, que es el que tiene la última palabra (la decisión del CSN es preceptiva y vinculante solo en el caso de ser negativa). Pero para que esa previsión se cumpla, la información que se ha solicitado a la central debe llegar “en tiempo” y ser “de calidad”, según la explicado este martes Juan Carlos Lentijo, presidente del CSN.
Tras años de debates y pulsos al Gobierno, las empresas propietarias de esta central, que son las grandes eléctricas del país, comunicaron a final del pasado año que querían una miniprórroga para los dos reactores nucleares de estas instalaciones. Uno de ellos, según el permiso vigente, deberá desconectarse de la red en noviembre de 2027. El otro, un año después. Pero las eléctricas pidieron ampliar ese calendario hasta junio de 2030 en ambos casos.
Una vez presentada esa petición, algo que ocurrió en noviembre, el CSN ha solicitado la documentación necesaria a las propietarias para analizar si es seguro autorizar esa miniprórroga. Según ha explicado el presidente del supervisor, tienen de plazo hasta el 18 de febrero para enviar la información que se les ha solicitado. Lentijo ha dicho que si las eléctricas cumplen con ese calendario, el informe del supervisor podría estar listo en el verano.
Comparado con el proceso de renovación de las autorizaciones que se ha seguido hasta ahora con las nucleares en España, en este caso será mucho más ágil, según ha reconocido Lentijo. Las renovaciones ordinarias han sido hasta ahora evaluaciones en profundidad de las centrales y se concedían normalmente para diez años. En este caso, Lentijo ha aclarado que se trataría solo de una pequeña prórroga que parte de una gran revisión profunda que se acometió a finales de la década pasada. “La parte importante se analizó en 2018, 2019 y 2020”, ha añadido.
El retraso a la hora de presentar la petición de miniprórroga por parte de las propietarias, que han pugnado sin éxito hasta ahora con el Gobierno para que le mejorara sus condiciones económicas de operación (con rebajas de tasas o garantizando precios para la electricidad que generan), ha desembocado en una situación paradójica en el CSN. Porque ahora mismo tiene dos expedientes contradictorios sobre la mesa: la petición de miniprórroga presentada en noviembre y, a la vez, el expediente para analizar si es segura la clausura definitiva de las nucleares a partir de 2027. En este último caso, ese expediente se tuvo que activar para cumplir con los plazos que establece la normativa. En cualquier caso, el escenario central ahora que maneja el CSN es el de la miniprórroga y de momento los técnicos están analizando solo la ampliación de la solicitud de operación.