Los partidos a la izquierda del PSOE comenzaron a asomar el hocico en sociedad a mediados de los setenta. No era fácil hacerlo, pues durante la llamada transición modélica la represión persistía. En ese contexto se presentó a la prensa, con muchas medidas de seguridad y en un piso de Barcelona, el Partido del Trabajo. El PT era una de las formaciones más numerosas –más allá del PSUC– de oposición a la dictadura. La puesta de largo del partido tuvo dos caras protagonistas: el camarada Ramon Lobato –nombre de guerra de Eladio García Castro, su secretario general–y Joan Anton Sánchez Carreté, responsable del partido en Cataluña.
Que nadie crea que aquello era una broma ni ganas de hacer el esnob. Muchos jóvenes militantes de esa y otras formaciones se dejaron la piel por los derechos y libertades, mientras otros hacían negocios, oposiciones o, simplemente, no se sentían especialmente agobiados por vivir bajo un régimen dictatorial. Para los amantes de las cifras, la asociación Archivo de la Transición tiene cuantificadas en 271 el número de personas que, entre 1975 y 1981, perdieron la vida en toda España a manos de los pistoleros de extrema derecha, la policía, la ejecución de penas de muerte o en circunstancias sospechosas y no aclaradas. Hacía falta valor para luchar contra una dictadura que poco a poco iba dejando de serlo, aunque peligrosa en sus últimos coletazos.
En ese contexto, Joan Anton Sánchez Carreté era militante de la izquierda maoísta. Sin embargo, al poco dejó el partido. Después de un breve paso por el independentismo de izquierda y tras oponerse a la Constitución de 1978, cursó Empresariales en Esade. Todo fue muy rápido. Su particular gran salto adelante hizo que en 1983 fuera asesor fiscal nada menos que de la familia Pujol. Con ello pudo constatar de primera mano si los poderosos eran o no tigres de papel.
Hace unos días declaró, como testigo, en el juicio por el caso Pujol ante la Audiencia Nacional. Recordó que los abogados del expresident le llamaron el 7 de julio de 2014. El señalado día de San Fermín, el diario El Mundo publicó un pantallazo con los depósitos en Andorra de varios integrantes de la familia Pujol. Sánchez Carreté dispuso de 18 días para regularizar “deprisa y corriendo” –en sus propias palabras– el desaguisado fiscal. El día 25 de aquel fatídico julio, Pujol haría pública la existencia de una fortuna oculta en Andorra. Para entonces, el eficaz asesor fiscal ya había logrado presentar las declaraciones complementarias. Ante el juez contó lo que no había dicho en 2014 en la comisión del Parlament sobre corrupción donde invocó —nobleza y profesionalidad obligan— el secreto profesional.
En su brillante carrera figuran, entre otros, el asesoramiento a Casinos de Cataluña cuando financiaba a CiU; la inmobiliaria Ibusa, de Eduardo Bueno; el grupo Tipel, de los Prenafeta; o Iberia de Seguros. También contó entre sus clientes con John Rosillo, con Kepro y Diagonal Mar. Estuvo, gracias a Pujol, en el consejo de Enher. Luego en el caso Erkimia, por intermediar en una venta de dos centrales no declarada, fue condenado dos años de cárcel y a pagar 1,1 millones de euros por fraude a Hacienda. Sin embargo, fue indultado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, gracias al buen hacer persuasivo de influyentes diputados de CiU. En la causa contra José María Huguet y otros altos cargos de Hacienda, fue condenado dos años de prisión por delito continuado de falsedad documental, entre otros. El Supremo le rebajó la condena.
La trayectoria de Sánchez Carreté es un ejemplo tangible del gran salto adelante de quienes carecen de complejos para deshacerse de su pasado y labrarse un porvenir. Al fin y al cabo, como dijo Mao en su informe al plenario del comité central en marzo de 1949, “los materialistas consecuentes son intrépidos”. Y rápidos.