El magistrado Antonio Piña, instructor de la Audiencia Nacional, ha rechazado imputar otra vez a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y a su expareja, Ignacio López del Hierro, por su supuesta relación con las maniobras urdidas para evitar que el caso Gürtel salpicara al partido conservador. El juez descarta así la reclamación del PSOE, personado como acusación popular en el caso Villarejo, que volvió a solicitar el pasado diciembre que se citase como investigada a la exdirigente popular.
Los socialistas argumentaron que hay suficientes indicios para actuar contra Cospedal y su expareja; y añadieron que el juzgado de instrucción (que ahora encabeza Antonio Piña tras sustituir al magistrado Manuel García-Castellón, que se jubiló en 2024) ha “escondido” durante años unos audios, grabados por el comisario José Manuel Villarejo y que “sitúan” a la política del PP en “esta trama delictiva”.
Sin embargo, el juez Piña arremete contra la tesis del PSOE y deniega la pretensión de la acusación popular, a la que también se opuso la Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia Nacional ya rechazó en otras ocasiones anteriores volver a investigar la implicación de Cospedal y de López del Hierro, que fueron imputados en 2021 por la Operación Kitchen —la presunta trama parapolicial urdida en época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, que tenía como presunto objetivo robar documentación comprometedora que guardaba el extesorero Luis Bárcenas sobre el PP—. Al acabar sus pesquisas, el juez García-Castellón acordó dejar a la pareja fuera del caso, y no los procesó. En abril de 2022, la Sala de lo Penal avaló esa decisión del magistrado.
Al denegar esta última solicitud del PSOE, el magistrado Piña, que aterrizó en enero de 2025 en el juzgado tras la jubilación de García-Castellón, carga contra la representación legal del partido de izquierdas, que denunció que no se había hecho nada para investigar la presunta implicación de Cospedal y que, incluso, “se ignora deliberadamente y sin motivación todas las pruebas de cargo que la policía situó encima de la mesa”. Los socialistas insistieron en que se le “impide ejercer la acción penal con plenas garantías” y afirmaron que se ha “marcado una línea roja en la investigación sobre la implicación del PP en la trama Kitchen y en otros encargos ilícitos al comisario Villarejo, favoreciendo de hecho la impunidad de los responsables”.
El juez Piña responde en su resolución: “El escrito presentado por la representación del PSOE resulta contrario a la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. El magistrado censura que las manifestaciones de los socialistas “alcanzan carácter injurioso” y asegura que buscan “deslegitimar” su actuación de “un modo perverso”, así como la de la Fiscalía. “La transcendencia pública de estas acusaciones, con publicación en diferentes medios de comunicación, afecta al honor de este instructor y mengua la confianza de la ciudadanía en la justicia”, dice el instructor.