El PP de Alberto Núñez Feijóo no se siente incómodo con la actuación contundente del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al impulsar y defender el desalojo del asentamiento del antiguo instituto B9 estas Navidades que ha dejado vagando por las calles y bajo los puentes de la localidad a unos 400 inmigrantes. En la dirección nacional del PP comparten que esa ocupación era ilegal y que había que haberla resuelto incluso antes. No ha habido un debate en la cúpula del PP al respecto, pero tampoco hay disensiones con el sector más cristiano del partido que, pese a las críticas de la Iglesia a esos “desalojos”, refrenda la actuación de Albiol y hasta los calificativos de “mafia” contra algunos de los ocupantes.
El propio regidor de Badalona no parece expresar ninguna duda sobre la oportunidad de su decisión, avalada judicialmente, y mantiene que en ese antiguo instituto “había algunas buenas personas, pero muchos hacían la vida imposible a los vecinos, y por eso ahora tenemos la situación que tenemos”. La actuación ha sido respaldada en la calle con manifestaciones por algunos vecinos y cuestionada por otros. La iglesia católica se ha pronunciado en contra al máximo nivel.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, no rehuyó el conflicto en su cuenta de Twitter nada más constatar la situación que se derivó tras el desalojo: “Jesús nació en un pesebre porque no había sitio en la posada. Hoy inmigrantes no son regularizados, pero si son desalojados en España y en EE UU con luces y sonidos navideños de fondo; familias viven en una habitación con derecho a cocina… Tampoco hoy hay sitio en la posada”.
Un centenar de religiosos de diócesis y asociaciones y comunidades de toda España firmaron esta semana un manifiesto en el que “desde el Evangelio” denuncian la actuación del alcalde y a las instituciones que amparándose en la ley dejaron a esas personas pobres a la intemperie: “Ninguna ciudad es justa si deja gente en la calle. No se puede invocar el orden mientras se destruye la vida. No se puede hablar de seguridad cuando se fabrica exclusión. No se puede gobernar fomentando el miedo y señalando al extranjero como problema”.
Ni Albiol, ni la dirección nacional del PP, ni su disminuido sector democristiano se han visto interpelados por esas llamadas de atención. El alcalde se ratifica orgulloso por haber cumplido la promesa de desmantelar esa ocupación. En la cúpula del PP sostienen que son “un partido de Estado que no defiende la insumisión de las leyes que imperan en el país”. Y ante las críticas de la Iglesia, replican: “Cualquier persona o entidad que quiera ofrecer su patrimonio inmobiliario o personal para dar soluciones a las personas que en este momento están ocupando propiedades de manera ilegal contará con todo nuestro apoyo y respeto”.
El PP de Feijóo apoya a Albiol y, como respuesta al debate político que ha despertado su resolución, apuntan con cierta sorna que estudiarían “si los partidos de izquierdas quieren plantear algún tipo de disposición legal que excluyan los bienes públicos de las exigencias contra las ocupaciones ilegales”.
No hay ahora una corriente armada democristiana en el PP, aunque sí algunos representantes veteranos cerca del líder. Otros están más apartados, pero se pronuncian sin reparos para revalidar la actuación de Albiol pese al enfrentamiento con la iglesia.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, católico y exdirigente del PP catalán, rebate algunos de los cuestionamientos que está recibiendo Albiol: “La doctrina de la Iglesia no ampara la mafia, la droga, ni la prostitución, que al parecer es lo que se cobijaba en ese lugar. La solidaridad es una virtud cristiana esencial y profundamente humanista, loable y exigible, por supuesto, pero otra cosa es cobijar a quienes incumplen la ley ―entrando ilegalmente en el país― y haciendo daño y perjudicando a la convivencia ciudadana y pacífica de los vecinos, que también tienen derecho a vivir solidariamente en paz y tranquilidad”.
Fernández Díaz sí admite en este caso que podría practicarse alguna excepción para las personas desalojadas que no estén implicadas en ningún tipo de acción delictiva para ayudarlas con “solidaridad y, en especial, para poder pernoctar cuando menos”.
Entre los democristianos más relevantes que aún perviven en el PP actual, el polémico asunto Albiol o Badalona no les suscita ningún problema doctrinal sino simplemente de adaptación a la realidad reactiva contra la inmigración en todo el mundo, desde Estados Unidos, Alemania, Austria o, particularmente, en Cataluña. Están convencidos de que el debate irá a más y será central en la próxima campaña de las elecciones generales y no solo para la derecha. Niegan que la dureza en sus expresiones tenga que ver con el uso que hace Vox del asunto o, en Cataluña, Alianza Catalana.
El discurso sobre el fenómeno de la inmigración lo resumen en el PP de manera casi binaria: “Somos partidarios si es regular, legal y llega con todas las consecuencias. Si delinquen, no nos interesa. Nosotros favoreceremos más contratos en los países de origen”. Un democristiano con galones remata: “La iglesia dice lo que debería decir y, desde siempre, están al lado del débil por definición. Pero nosotros somos un partido político”.