El exministro José Luis Ábalos ya se encuentra en el Tribunal Supremo, donde, junto a su exasesor Koldo García, afronta este jueves uno de los momentos más críticos desde que, hace más de un año, se destapó su implicación en una supuesta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado al exministro y a su antiguo asesor después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares hayan solicitado una vista para revisar las medidas cautelares que actualmente pesan sobre ellos (comparecencias quincenales ante un juez, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España). Las acusaciones populares pedirán su encarcelamiento, mientras que la Fiscalía no ha avanzado cuál será su postura, pero fuentes fiscales sí confirman que el ministerio público reclamará que se eleven las medidas actuales, lo que podría suponer el encarcelamiento de Ábalos y Koldo García.
El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta por los supuestos amaños de contratos en torno al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, ha rechazado hasta ahora las peticiones que han hecho las acusaciones populares (agrupadas bajo la dirección del PP) para que envíe a prisión preventiva al exministro y a su antiguo asistente, pero la última vez que negó esa posibilidad, en octubre pasado, advirtió de que existía un riesgo “creciente” de fuga a medida que se acercaba la fecha de juicio. La vista oral está ya próxima una vez que Puente propuso el pasado 3 de noviembre sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por la supuesta trama corrupta centrada en la compraventa de mascarillas durante la pandemia de covid-19.
Ese paso dado por el juez ha llevado a que Anticorrupción y las acusaciones populares presentaran la semana pasada sus escritos de acusación, en los que reclaman penas muy altas de cárcel para Ábalos (24 años la Fiscalía y 30 las acusaciones) y García (19 años y medio y 30, respectivamente). Y en esos escritos, ambas han solicitado al juez la celebración de una vista para revisar las medidas cautelares.
La petición de penas elevadas de prisión es uno de los criterios que habitualmente se tienen en cuenta para valorar el riesgo de fuga, uno de los peligros que la ley permite conjurar con la prisión preventiva. Anticorrupción no ha revelado por ahora si reclamará el encarcelamiento de Ábalos y García, pero las acusaciones populares, que ya han solicitado en ocasiones anteriores que se les envíe a prisión, avanzaron en su escrito de acusación que lo volverán a pedir, lo que abre la puerta a que Puente decrete esta medida.
No obstante, el juez ha asumido hasta ahora las peticiones de la Fiscalía, por lo que será clave la decisión que tome el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien puede optar por reclamar que se les imponga una fianza para seguir en libertad o que se les envíe a prisión, ya sea eludible con fianza o sin abrir la puerta a esta posibilidad.
Anticorrupción acusa a Ábalos y Koldo García de cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además de las penas de cárcel, el ministerio público reclama para ellos una multa superior a los 3,9 millones de euros y una indemnización de 34.477,86 euros de forma subsidiaria entre Ábalos y García para Ineco y 9.500,54 euros para Tragsatec, las dos empresas públicas en las que, supuestamente, la trama enchufó a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Para Aldama, el ministerio público solo pide 7 años de cárcel al aplicarle la atenuante de confesión, ya que se ha autoinculpado en el caso y ha entregado documentación que, según Luzón, aporta “información relevante” para la investigación.
Hasta ahora, el único miembro de la trama corrupta que tuvo su epicentro en Transportes que ha estado en prisión ha sido Santos Cerdán, a quien el juez mandó a la cárcel sin opción de fianza el 30 de junio pasado y mantuvo encarcelado hasta el pasado 19 de noviembre. En su caso, el instructor no justificó esta medida por riesgo de fuga, sino de destrucción de pruebas, debido a su papel de “cierta preeminencia” dentro de la trama. Cerdán quedó en libertad después de que la Guardia Civil registrara las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid y otras empresas vinculadas a la trama, donde requisaron dispositivos electrónicos y documentación.