1. No hay un hecho más grave hoy en España y Europa que el deterioro provocado y progresivo que se está produciendo en el Estado de bienestar o modelo social europeo. El escándalo en la sanidad andaluza por la falta de cribados ante los posibles cánceres de mama de miles de mujeres; las excesivas listas de espera por carencia de medios materiales y humanos en el conjunto de la sanidad pública; la falta de personal sanitario y la precariedad en sus condiciones de trabajo; el fenómeno acreditado de que en ciertas comunidades autónomas —en especial Madrid— avanza la privatización de la enseñanza, ahogando las finanzas de las universidades públicas, mientras surgen como setas los centros particulares, son algunos ejemplos de cómo se están deteriorando los derechos sociales recogidos en nuestra Constitución.
De otra parte, leemos y oímos las inquietantes declaraciones de políticos de la derecha poniendo en cuestión el derecho esencial de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, o el no menos fundamental a una vivienda digna, al oponerse a una intervención y/o regulación estatal en la materia. Todo lo anterior con la finalidad de propiciar el avance de la privatización y abrir camino al suculento negocio que se viene haciendo con las “derivaciones” y “concertaciones” a intereses particulares a costa del erario público. Este fenómeno empieza a estar presente en el conjunto de la UE cuando gobernantes de Alemania, Francia y otros países declaran abiertamente que el modelo social europeo es insostenible, mientras aceptan dedicar el 5% del PIB al rearme. Cuando en realidad lo insoportable es el grado de desigualdad al que hemos llegado y cómo las multinacionales y los multimillonarios no pagan conforme a su riqueza y renta.
2. Porque ¿qué significa el Estado de bienestar o social? En mi opinión, es el núcleo básico de las democracias europeas, el gran salto civilizatorio que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial y que las derechas quieren por todos los medios clausurar. Este contenido de derechos sociales, inexistente en otras latitudes, fue asumido por nuestra Constitución de 1978, una vez conquistada la democracia, cuando en el art. 1 dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Es decir, que además de garantizarse libertades civiles, se reconocen unos derechos sociales que si son erosionados se está corroyendo la propia democracia. Ahora bien, como consecuencia de la construcción de la España de las Autonomías, los elementos esenciales de este Estado de bienestar son competencia de las comunidades autónomas —la sanidad, la educación, etc.—.
Se trata de un modelo autonómico, que ha venido funcionando más o menos razonablemente hasta hace pocos años. Los problemas han surgido como consecuencia de un doble fenómeno que ha puesto en crisis el referido modelo. De un lado, las grandes calamidades que se han abatido sobre la sufrida España —crisis económicas, epidemias, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios— han desvelado que las CC AA no están en condiciones de hacerles frente, sobre todo ante la incompetencia, negligencia, falta de previsión y desfachatez demostrada en algunos casos y, muy especialmente por la Generalitat valenciana ante la dana que asoló dicho territorio. Catástrofes que me temo se repetirán en el futuro y que exigirán la intervención de un Estado más potente —¡qué habría pasado sin la Unidad Militar de Emergencias!— y una mejor cooperación, claramente federal, entre las instituciones involucradas. No obstante, lo más nefasto es la evolución de unas derechas que gobiernan en la mayoría de las CC AA y que no creen en el Estado de bienestar, en unos términos que garantice unos servicios públicos de excelencia y no una especie de “beneficencia” para menesterosos.
Lo cierto es que en las comunidades gobernadas por las derechas se está produciendo una escasez de medios dedicados a lo público, que trae causa en una insuficiente inversión en estos servicios sociales debido a la obsesión de los partidos conservadores por bajar los impuestos. Y es bastante evidente que, si los servicios públicos no son excelentes, la tendencia hacia lo privado irá en aumento, sobre todo para quien pueda pagárselo. ¿Y cuál es la raíz de esta cuestión? La respuesta es bastante sencilla, los sectores sociales y económicos que son hegemónicos en los partidos de derechas no quieren asumir los tributos que son necesarios para mantener unos servicios públicos de alto nivel. La prueba es que la única propuesta clara y sostenida del programa de la derecha es bajar impuestos, porque por lo visto vivimos en un “infierno fiscal”, cuando nuestra presión tributaria está varios puntos por debajo de la media europea. No sé si el personal sabe que para disfrutar de unos servicios públicos como Dios manda el nivel de recaudación del Estado debe de rondar el 40% del producto interior bruto, al tiempo que se administre, obviamente, con probidad y eficacia.
Lo penoso del caso no es solo que se perjudique a la mayoría ciudadana cuando se deterioran los servicios sociales, sino que además es una manera aviesa de reducir los salarios reales del conjunto de los trabajadores. Porque, como es conocido, el nivel de vida no depende sólo del sueldo o salario directo que se percibe, sino también del indirecto, en forma de prestaciones y servicios que se utilizan gratuitamente —la sanidad, la educación y otros—. Para qué les sirve a los trabajadores y trabajadoras que les suban los sueldos un 2% o 3% —que sin duda debe lograrse— si luego tienen que suscribir un seguro privado, que les cuesta más, con el fin de evitar una lista de espera insoportable, o tener que asumir gastos “extras” en la educación de sus hijos y no digamos ante la renta de los alquileres. Lo enigmático del asunto es que el Gobierno afirma que ha transferido a las comunidades autónomas la friolera cifra de 300.000 millones de euros más que en el pasado y sería interesante conocer a qué se han dedicado tan suculentos fondos, o es que se los han regalado a las CC AA para que hagan con ellos lo que les salga de los telenguendengues.
3. Ahora que se habla tanto de blindar derechos no habría nada más urgente que garantizar algunos de los que componen el Estado de bienestar, mutándolos de derechos meramente declarativos en fundamentales como pueden ser la sanidad, la vivienda o las pensiones, como ya ocurre con parte de la educación. Sería una contribución memorable a que nuestro Estado social no sea desguazado por aquellos que no creen en él, pues da la impresión de que el Gobierno no tiene instrumentos para evitar tal estropicio democrático. Sin olvidar, un efecto “colateral”, altamente nocivo, que consiste en que este deterioro de los servicios sociales, al mismo tiempo que empuja el voto hacia la extrema derecha —pues esta lo liga con los supuestos abusos de los emigrantes—, acaba impulsando el sistema político hacia crecientes formas de autoritarismo. Unas veces los llaman “iliberales”, otras “democracias autoritarias”, es decir Estados mínimos en la prestación de servicios públicos y máximos en las intervenciones represivas, en el fondo formas dictatoriales. Posible remedio: expandir la democracia en todas direcciones.