El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará a Europa su rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros por decreto. Con el objetivo de “tratar de paralizarla”, según fuentes del PP, el jefe de los populares transmitirá personalmente a los líderes del PP europeo que se reúnen este viernes y sábado en Zagreb (Croacia) que la iniciativa del Gobierno español “incumple el pacto migratorio europeo”. Los populares se ponen ahora a la cabeza de la oposición a la regularización de extranjeros, pese a que en abril de 2024 votaron a favor de la tramitación en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Iglesia. El giro distancia al PP de la Conferencia Episcopal, cuyo presidente, Luis Argüello, ha celebrado la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares trasladaron en privado a Argüello sus razones para cambiar el paso, y sostienen que este las entendió.
El PP argumenta que la regularización extraordinaria del Gobierno puede incumplir el pacto europeo de migración porque los extranjeros que obtengan un permiso de residencia en España podrán moverse por el resto de países europeos para trabajar. Aunque tener permiso de residencia en España no da por sí solo derecho a trabajar libremente en otros países de Europa: cada país exige su propio permiso de trabajo, salvo algunas excepciones. Pero el PP argumenta que, en todo caso, se facilitarán esos movimientos y por esa vía intentará que el resto de países europeos pongan problemas a la decisión del Gobierno español.
No es la primera vez que el PP lleva a Europa su rechazo a una regularización de extranjeros de Gobiernos socialistas. También lo hizo en 2005 contra la del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando planteó en el Parlamento Europeo que España actuaba sin coordinación de los países miembros.
El movimiento de Feijóo sirve al PP para tratar de cortar la vía de agua que se le ha abierto con Vox por haber apoyado en 2024 la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular. Entonces, Génova decidió votar a favor de que el texto se debatiera después de una llamada del presidente de la Conferencia Episcopal al secretario general del PP, Miguel Tellado. Ahora, la formación ha vuelto a hablar con los obispos, pero esta vez para trasladarles su rechazo. “No trabajamos para la Iglesia”, remarcan fuentes de del PP sobre la presión que los obispos están ejerciendo, en público y en privado, para conseguir la regularización.
Pero los populares llevan endureciendo su posición sobre la inmigración casi desde que votaron a favor de que se debatiera la iniciativa legislativa popular. Una de sus propuestas recientes es un carné por puntos para inmigrantes condicionado a trabajos donde “falta mano de obra” y con una “cultura” próxima. Fuentes de Génova lamentan que este movimiento del Gobierno beneficiará a Vox, que no tiene que explicar matices ni decisiones anteriores.
La posición de Feijóo no es sencilla, porque el PP se ha visto obligado a endurecer sus políticas, como todas las derechas tradicionales europeas (y también algunos socialdemócratas) a rebufo de las extremas derechas, pero en el fondo el partido comparte con el Gobierno que debería regularizarse a los cientos de miles de extranjeros que se encuentran en España. Así lo atestiguan las enmiendas que los populares registraron a la iniciativa popular legislativa en el Congreso. En esas enmiendas, el PP pedía que el Gobierno, mediante Real Decreto, estableciera un procedimiento para la regularización individualizada de los extranjeros que se encuentren en territorio español, de manera irregular, antes del día 1 de noviembre de 2021 que no sean reincidentes por delitos menos graves o leves, ni tengan antecedentes penales no cancelados. Los populares añadían algunos requisitos más, como que no se podrían acoger aquellos extranjeros que tengan prohibida la entrada al país, y reclamaban que los inmigrantes asumieran “el compromiso expreso con los valores constitucionales y democráticos de la sociedad española y europea”, pero en el fondo se trataba de abrir la puerta igualmente a una regularización masiva.
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de coalición progresista beneficiará a las personas en situación irregular y solicitantes de asilo que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los solicitantes deberán carecer de antecedentes penales relevantes. También podrán acogerse a los derechos propios de la ciudadanía los hijos menores de quienes ahora regularizarán su situación en España, al menos por cinco años.