En entrevista con El Diario de Cooperativa, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, defendió este martes la actuación del Gobierno y el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) de Verdad y Justicia en el caso de Bernarda Vera Contardo, quien figura como víctima de desaparición forzosa en el Informe Rettig y, según un reportaje de Chilevisión, vive supuestamente en Argentina.
“Fuimos muy diligentes en esto”, afirmó la autoridad ante las críticas por la supuesta inacción del Ministerio de Justicia en 2024, aclarando que “esta otra versión o esta otra posibilidad de destino final” de la profesora de educación básica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) “es un hallazgo” del propio PNB a inicios de ese año, mientras se reconstruían trayectorias de víctimas.
El equipo del Plan Nacional identificó un relato alternativo en libros que señalaba que una persona con la chapa de Vera, “Anita”, habría logrado escapar a Argentina y posteriormente a Suecia.
Quintanilla detalló que entre mayo y agosto de 2024 se realizó “una serie de consultas a distintas instituciones, a la Policía de Investigaciones, a los consulados en Argentina y al Registro Civil para saber si alguna de estas instituciones tenía información sobre la posible existencia legal de Bernarda”.
“Todas las respuestas que nosotros recibimos fueron negativas; es decir, no hay registros de que Bernarda haya hecho ningún trámite consular en Argentina durante la época ni que haya renovado ningún tipo de documento de identidad. No hay registros de entradas ni salidas del país“, dijo la subsecretaria.
El punto de inflexión, según la autoridad, ocurrió recién en mayo de 2025, cuando se recibió por primera vez una respuesta del Estado sueco. Esta información, solicitada en abril de este año, “da cuenta de una persona de nombre Bernarda Vera que habría recibido la nacionalidad sueca en el año 84”, explicó.
“Esta respuesta -agregó Quintanilla. por primera vez nos da una luz de verosimilitud de esta versión y, en consecuencia, esto es informado de manera inmediata al ministro en visita que tiene jurisdicción en el territorio en el que se desarrollaron estos hechos, que es el órgano encargado de de investigar”.
Aún no hay “certeza plena”
A pesar de este hallazgo, la subsecretaria fue enfática en señalar que el Estado aún no tiene “certeza plena” de que la mujer ubicada en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera, dado que en la información de Suecia “no hay huellas dactilares, no hay fotografías, no hay ninguna otra identificación biométrica”.
Añadió que, en consecuencia, la información fue puesta de manera inmediata a disposición del ministro en visita y presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, que tiene la jurisdicción sobre el caso.
“El ministro Mesa, a propósito de la información que nosotros le enviamos, abrió un cuaderno investigativo de diligencias, pero es un cuaderno reservado al cual nosotros no tenemos acceso. Sí sabemos que el ministro está indagando, está investigando, está ordenando diligencias investigativas justamente para poder tener la certeza de que esta persona, Bernarda Vera, es la misma que fue calificada en su momento como detenida y desaparecida“, señaló Quintanilla.
“Antes de judicializar, tenemos que tener garantías de seriedad”
Respecto a por qué no se judicializó el caso en 2024 con los primeros relatos, la subsecretaria argumentó que la decisión se debe a que “antes de informar una situación como esta, con la seriedad y sensibilidad que tiene, evidentemente nosotros tenemos que tener certeza de qué tan verosímil es o no este relato, porque lo que está en juego es la dignidad de la familia”.
Citó un caso de la Operación Colombo donde un informe policial erróneo sobre entradas y salidas del país causó un daño irreversible a una familia que buscaba a su ser querido.
“Antes de nosotros judicializar y poder emitir una denuncia por un posible delito, por un posible fraude, nosotros tenemos que tener garantías de seriedad de lo que estamos diciendo y nosotros hasta mayo del 2025 no la teníamos“, insistió.
“Ningún antecedente para presumir mala fe de la familia”
Finalmente, la subsecretaria abordó la pensión de reparación que recibe la hija de Bernarda Vera y fue categórica al indicar que el Gobierno no tiene “ningún antecedente hoy para pensar ni presumir mínimamente la mala fe de la familia de Bernarda”.
“Cuando comenzamos esta investigación y lo ponemos en conocimiento de la familia, fuimos testigos de lo difícil que fue para la familia asimilar la posibilidad siquiera de que esto fuese cierto. Hemos acompañado a la familia entregando contención y apoyo a lo largo de este proceso”, destacó.
En caso de que el tribunal determine con certeza judicial que la mujer en Argentina es la misma persona calificada, Quintanilla explicó que “lo que procede es corregir esa calificación y, por tanto, una vez corregida esa calificación, deja de existir una causa para recibir reparaciones u otro tipo de prestación asociada a esta calificación”.