“Chile no incentivará nuevos flujos migratorios” ni “cambiará su política migratoria fronteriza por una crisis en algún país de la región”, dijo a EFE el jefe del Servicio de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer.
“Primero hay que integrar a quienes ya están en el país y resolver las tensiones que se puedan dar o los problemas de integración y regularidad”, señaló la autoridad.
Ante una posible llegada masiva de extranjeros a Chile, tras las investiduras de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Donald Trump, en Estados Unidos, el director del Sermig dijo que si bien “es prematuro” hablar de una nueva ola migratoria, el Gobierno “seguirá aumentando el control fronterizo y reduciendo el ingreso irregular“.
El propio Sermig calcula que en 2024 los ingresos irregulares cayeron 37% respecto de 2023 y 48% respecto de 2022.
“Tener personas en situación irregular es un problema para la seguridad del país, para la integración y para la convivencia”, indicó Thayer, sociólogo y militante del Frente Amplio.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 6,6% de la población extranjera residente en Chile se encuentra en situación irregular.
El director reconoció que el Gobierno “está analizando” la posibilidad de abrir un proceso de regularización “acotado” a unas 180.000 personas, quienes se empadronaron voluntariamente en 2023 y que además tengan un arraigo laboral o familiar en el país.
Thayer confirmó que el año pasado hubo 1.091 expulsiones en total, de las cuales 683 fueron vía administrativa, “el doble -recalca- del promedio de expulsiones administrativas que se materializaron entre el 2008 y el 2021”.
“Resistencia” de la sociedad
La inmigración, según todas las encuestas, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. “Hay una cierta resistencia en la sociedad a la migración”, aseveró Thayer.
El Ejecutivo impulsó un proyecto de ley en junio de 2023 que aún se tramita en el Parlamento para ampliar las causales de sanciones por varios delitos, aumentar los requisitos para la nacionalidad chilena, elevar las penas a los responsables de tráfico de extranjeros y, entre otras, retirar la residencia a quienes cometan infracciones reiteradas relacionadas con la convivencia (riñas, ruidos molestos y venta ambulante).
“Buscamos prevenir los conflictos entre nacionales y extranjeros y que, si se dan, los gobiernos locales tengan herramientas para abordarlos”, sostiene.
Thayer espera que el proyecto se apruebe dentro del primer trimestre de 2025, aunque el verano austral deja solo el mes de marzo para conseguirlo.