El Gobierno quiere evitar a toda costa un nuevo enfrentamiento por la tributación del salario mínimo y está trabajando en una fórmula de consenso que contente a los dos socios de coalición. La premisa es clara. Hay que evitar el ruido que se generó hace un año y centrar el foco en lo que el Ejecutivo considera realmente importante: una nueva subida del mínimo retributivo en España. Por eso, el Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de ampliar la deducción del IRPF destinada a los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) ―que actualmente se sitúa en 340 euros anuales― hasta el entorno de los 600 euros, según fuentes conocedoras, aunque todavía deben afinarse los cálculos.
Esta solución, explican fuentes del Gobierno, complacería tanto al Ministerio de Trabajo como a los de Economía y Hacienda. El primero estaría satisfecho al tener asegurado que el incremento del SMI alcanza, en términos netos, el 60% del salario nacional. El área económica, por su parte, también la vería con buenos ojos porque, además de blindar el alza salarial, el esfuerzo que supone la subida se repartiría entre la Administración y las empresas, evitando que los empleadores asuman todo el coste de manera directa.
Esta deducción en el impuesto sobre la renta no es un invento nuevo. Tradicionalmente, cada vez que subía el SMI, el IRPF se adaptaba de manera paralela para que los mínimos exentos de tributación cubrieran esos mínimos retributivos. Esa costumbre terminó con el incremento de 2025, cuando, por primera vez, una parte del colectivo de perceptores del SMI —principalmente solteros sin hijos— empezó a tributar, con una factura de unos 340 euros al año entre cuota y retenciones.
La decisión de no adaptar el impuesto provocó una de las mayores tensiones que se recuerdan en la legislatura entre el PSOE y Sumar. En el área económica defendían que, tras años de incrementos acumulados y sostenidos del SMI —un 61% desde 2018, de 736 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas—, este debía empezar a tributar para contribuir a la recaudación pública. El Ministerio de Trabajo, por su parte, insistía en que no tenía sentido gravar a quienes se encontraban en los niveles salariales más bajos del país.
Para compensar esa carga fiscal inesperada y poner fin al duro enfrentamiento, Hacienda ideó una devolución por el mismo importe de la factura que los trabajadores recibirían un año después, al hacer la declaración de la renta. Es decir, los asalariados empezaron a pagar IRPF, pero sabiendo que un año después recibirían una devolución por el mismo importe. De esta manera, la subida del SMI no se tradujo en una pérdida de poder adquisitivo para aquellos contribuyentes que, por su situación familiar ―estar registrados como solteros y no tener hijos―, no podían optar a otros descuentos del impuesto.
Ahora, ante la nueva subida prevista para 2026, el Gobierno estudia replicar el mecanismo, ampliando la deducción para que el mismo perfil de trabajadores no pierda parte de la mejora salarial en el camino. La lógica que opera es la misma que hace un año: si el SMI sube, pero los mínimos exentos del IRPF se mantienen congelados, las retenciones aumentarán y parte del incremento del salario bruto no llegará al bolsillo del trabajador.
La comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo planteó la semana pasada dos escenarios de subida para el próximo año. En el primero, el SMI se mantiene sin tributar y sube un 3,1%, hasta los 17.094 euros brutos al año. En el segundo se cuenta con que el SMI empiece a tributar, con lo que la subida sería del 4,7%, hasta los 17.360 euros. Con los mínimos exentos del IRPF previsiblemente congelados y la deducción de 340 euros actual, ambas opciones implicarían un aumento de las retenciones. Según los simuladores de la Agencia Tributaria, en el escenario de 17.094 euros la factura total entre cuota y retenciones rondaría los 600 euros, mientras que en el escenario más alto se aproximaría a los 700 euros.
Por eso, Hacienda se decanta por elegir el primer escenario y ampliar la deducción actual hasta alrededor de los 600 euros, lo que permitiría eximir de tributar a los perceptores del SMI en el escenario de subida moderada y asegurar que el salario neto cumpla con el 60% del salario medio. Esta solución, según trasladan fuentes de los dos socios, satisface a ambos, porque blinda el objetivo de la Carta Social Europea sin obligar a una subida mayor del salario bruto. Es decir, con una deducción que ronde esa cuantía, el SMI bruto no tendría que crecer más de lo estrictamente necesario para cumplir el objetivo marcado por el Gobierno.
Con esta fórmula, parte del ajuste se realizaría a través de la fiscalidad (con una pérdida recaudatoria para Hacienda). Además, los trabajadores recibirían íntegramente la mejora salarial y las empresas no asumirían todo el coste de la subida. En el Gobierno, igualmente, tienen que hacer números y decidir si la cuantía final de la deducción alivia la totalidad de la subida fiscal o solo una parte de ella.
La opción de crear una deducción, en lugar de ajustar los mínimos exentos del impuesto, responde a que elevar esos umbrales beneficiaría a todos los contribuyentes y supondría una pérdida recaudatoria mucho mayor para la Hacienda pública. Dado que el IRPF es progresivo y las rentas más altas también tributan por los primeros tramos, el Gobierno quiere evitar que los contribuyentes con mayores ingresos se vean favorecidos por una rebaja que no está diseñada para ellos. Con la deducción, en cambio, el coste para Hacienda se reduce considerablemente (unos pocos cientos de millones de euros) y la ayuda se dirige exclusivamente a los trabajadores con rentas más bajas y sin opciones familiares que permitan otras rebajas (unas 500.000 personas).