La familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en mayo de 2020 en Concón por un sicariato relacionado con la disputa de terrenos en Quilpué, expresó su profunda indignación ante la demora de un año en la ejecución de una orden judicial de desalojo de las propiedades que aún permanecen ocupadas ilegalmente.
La situación, que se arrastra desde hace casi cinco años, ha puesto en el centro del debate la voluntad política de las autoridades para hacer cumplir las resoluciones judiciales.
La trágica trama comenzó con el asesinato de Correa, un crimen por encargo motivado por el uso de sus terrenos en Quilpué. En 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso instruyó la demolición de las construcciones ilegales erigidas en la propiedad. Sin embargo, la respuesta del Serviu de Valparaíso ha sido que, al tratarse de un terreno privado, son los dueños quienes deben solicitar y ejecutar el desalojo, una postura que la familia y sus abogados consideran una falta de voluntad política.
La abogada de la familia, Jeannette Bruna, calificó la postura del Serviu como una “negligencia funcionarial” y una “falta de voluntad política”. Apuntó que el argumento del Serviu ya fue esgrimido ante la Corte de Apelaciones, la cual lo desechó y ordenó notificar y ejecutar la demolición de igual forma.
“Si el Serviu considera que tiene alguna traba o algún problema para ejecutar la demolición, es el mismo Serviu el que debiera tomar las medidas y coordinarse con otras autoridades que incluso tienen potestad expresa de desalojo para hacerlo, pero jamás pedírselo a un particular“, enfatizó.
Además, la abogada reveló que el Ministerio de Vivienda aprobó la entrega de 100 millones de pesos para que el Serviu gestione esta demolición, por lo que la familia exige saber qué pasó con ese dinero.
Desde la academia, expertos como Sebastián Benedetti, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, y Daniela Ejsmentewicz, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, coinciden en que es deber de la autoridad política llevar a cabo las acciones para desocupar el terreno usurpado y cumplir con las resoluciones judiciales.
Benedetti señaló que “el Serviu se encuentra obligado a cumplir una resolución judicial firme y ejecutoria de conformidad expresamente la demolición de construcciones ilegales en un terreno particular. No existe margen para reinterpretaciones ni condiciones jurisdiccionales”.
Por su parte, Ejsmentewicz indicó que, “así como es carga del propietario el desalojar a las personas, no es carga del propietario el fijarse que pasa con esas personas”, advirtiendo que, “si no tiene una empresa de seguridad privada que cuide el terreno, se lo pueden volver a tomar”.
A casi un año de la resolución de la Corte de Apelaciones, la situación en el terreno ocupado en Quilpué se mantiene en un limbo, con la familia Correa exigiendo el cumplimiento de la justicia.