El Superior Tribunal Militar (STM) de Brasil defendió este lunes la legalidad del proceso que cursa en la Corte Suprema contra el expresidente Jair Bolsonaro y criticó lo que calificó de “descabelladas e inéditas intromisiones extranjeras” en el caso.
Aunque no lo aclaró, pareció aludir así a las amenazas hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gravar todos los productos brasileños en un 50% por supuestos desequilibrios comerciales pero, sobre todo, por lo que califica de “caza de brujas” contra el líder de la ultraderecha brasileña.
En una nota firmada por su presidenta, Maria Elizabeth Rocha, el tribunal militar respalda el contenido de un comunicado divulgado también este lunes por el presidente de la Corte Suprema, Luís Roberto Barroso, sobre la “absoluta transparencia” del juicio en que Bolsonaro es acusado de planificar un golpe de Estado.
“La realidad que vive la sociedad brasileña, así como situaciones de tensión provocadas por descabelladas e inéditas intromisiones extranjeras, demandan una posición firme y valiente del Poder Judicial”, dice el STM.
Sostiene además que la Justicia tiene el deber constitucional de “proteger la soberanía nacional“, el “pleno funcionamiento da democracia” y la “inviolabilidad de los derechos fundamentales” de la sociedad brasileña.
La Suprema insiste en “indicios serios de delitos”
En su comunicado, el presidente de la Corte Suprema también evitó mencionar explícitamente a Trump, pero aseguró que en Brasil “solo se reprime lo que constituye delito” y que “no se persigue a nadie”, como el líder republicano sostiene que ocurre con Bolsonaro.
Según el magistrado Barroso, ese proceso se apoya en “indicios serios de delitos” y en los autos hay “confesiones, audios, vídeos, textos” y otros elementos que buscan “documentar los hechos”.
En su nota, el presidente del Supremo aseguró que esa tribunal “juzgará con independencia y con base en las pruebas. Si las hay, los culpables serán responsabilizados. Si no las hay, serán absueltos”, garantizó.
En ese proceso, Bolsonaro y una treintena de antiguos colaboradores, muchos de ellos militares, están acusados de haber participado en una conspiración que tenía el objetivo de mantenerlo en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.