El exalcalde de Medellín Daniel Quintero era hasta hace pocos meses uno de los aspirantes más fuertes de la izquierda colombiana a la Presidencia de la República. Punteaba en las encuestas, logró golpes mediáticos que dieron a conocer su nombre en distintas regiones del país y en los círculos del poder se rumoraba que era el preferido del presidente Gustavo Petro para sucederlo en la Casa de Nariño. Hoy, sin embargo, su aspiración presidencial se desinfla, mientras él sigue enredado en múltiples problemas legales y disputas políticas que afectan su popularidad.
La semana pasada, tres enredos jurídicos complicaron más su situación. El viernes, el Procurador general, Gregorio Eljach, ratificó una inhabilidad que impide a Quintero ocupar cargos públicos durante seis meses. El motivo de la sanción, impuesta hace un año en primera instancia, es que el antioqueño participó en política cuando era alcalde de Medellín, con un video en apoyo al presidente Petro. En la publicidad, que se hizo viral en redes sociales, el político conducía un carro y decía que era necesario el “cambio en primera”, una alusión evidente al voto por el entonces candidato del hoy llamado “Gobierno del cambio” en la primera vuelta de 2022.
El exalcalde anunció en sus redes sociales que combatirá jurídicamente la decisión. “La Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era alcalde por el Cambio en Primera al considerar que fue participación en política. Fico, que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al Gobierno, ¿recibirá el mismo trato? Mi queja no es el fallo, lo apelaré en el Consejo de Estado y si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa, mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia”, escribió en su cuenta de X, comparando su situación con la de su rival y sucesor, Federico Gutiérrez. El presidente Petro, por su parte, también defendió a Quintero con un mensaje en redes: “Las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”, reiteró en un argumento que ha esgrimido por décadas.
Al tiempo en que se conocía la noticia, Quintero participaba en una audiencia de conciliación con el alcalde Gutiérrez, quien lo acusa de injuria y calumnia por más de 70 publicaciones en redes sociales. El encuentro no terminó en un acuerdo, como era previsible, y ahora un juez determinara cuál de los dos archienemigos tiene razón.
Al terminar esa audiencia, Quintero tuvo que asistir a la más compleja de las citaciones judiciales que marcaron su jornada. A las 15.00 del viernes, inició el juicio en el que la Fiscalía lo acusa de corrupción en el caso conocido como Aguas Vivas. El exalcalde está siendo procesado por los delitos de prevaricato y peculado por apropiación por haber modificado el plan de ordenamiento territorial del municipio, supuestamente para beneficiar a personas privadas cercanas a él. También están en el juicio su exsecretario general, Fabio Andrés García, y otros ocho exfuncionarios en altos cargos de su alcaldía. Quintero ha insistido en las últimas semanas en que este caso es un montaje político con la intención de sacarlo de las elecciones.
El juicio, que se podrá extender durante los seis meses que faltan para la primera vuelta, enturbia el ya desgastado camino de Quintero a la presidencia de Colombia. A estos problemas judiciales se suma la caída que ha tenido en las encuestas. En el más reciente sondeo electoral, del Centro Nacional de Consultoría, Quintero marca solo en 1,8% de intención de voto; en el anterior, de Cifras y Conceptos, ni siquiera apareció entre los aspirantes. En contraste, antes de la veda de encuestas que inicio en julio, llegó a aparecer cerca al 10% de la temprana intención de voto.
Además, el exalcalde ha sufrido notorios enfrentamientos con las figuras más visibles del izquierdista Pacto Histórico y los otros partidos que conforman la base del Gobierno de Petro, con los que antes tenía mejores relaciones. Quintero ha dicho que, si logra mantener viva su aspiración a la presidencia, es muy probable que no participe en la consulta del llamado Frente Amplio, una potencial coalición de izquierda y centroizquierda en la que aparecen candidatos como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo o Iván Cepeda. Todos ellos lo han cuestionado por sus propuestas populistas y radicales, como la de cerrar el Congreso o impulsar una asamblea Constituyente.
El último de los problemas de Quintero, y tal vez el más difícil de resolver, es la incertidumbre sobre la viabilidad jurídica de su aspiración. De hecho, hace tres semanas la Registraduría Nacional rechazó su petición de inscribirse por firmas al considerar que Quintero ya participó en la consulta del Pacto Histórico, que ganó Cepeda con más de un millón y medio de votos, porque se inscribió en ella, aparecía en el tarjetón y miles de ciudadanos votaron por él. Aunque Quintero anunció su renuncia a esa votación, lo hizo tan cerca a la fecha que la Registraduría considera que no tuvo efectos legales, y la ley establece que quien participa en una consulta, y pierde, debe abandonar su aspiración. Por ello, la entidad ha argumentado que permitir al exalcalde la recolección de firmas para ser candidato por fuera del Pacto constituiría “un acto final ilícito”.
Aunque la candidatura de Quintero pasa por un muy mal momento, aún nada está escrito. Los vientos políticos pueden cambiar, y en un país con intrincados procesos jurídicos, los nudos se pueden deshacer. El tiempo dirá si el exalcalde logra poner todos los obstáculos a su favor y se convierte en un aspirante con opciones reales a la presidencia o si su deseo de llegar al poder tendrá que esperar otros cuatro años.