EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el organismo de la Curia romana encargado de estudiar y buscar soluciones al problema de la pederastia del clero, ha pedido a la Iglesia que agilice los protocolos para gestionar las dimisiones y las destituciones de quienes estén implicados en casos de abusos.
Esta entidad, presidida desde este año por arzobispo francés Thibault Verny e instaurada por el papa Francisco en 2014, ha presentado este jueves su segundo informe anual, en el que ha estudiado la labor realizada en 2024 y que también se basa en entrevistas con víctimas de abusos. Entre las recomendaciones, destaca “la importancia de un protocolo simplificado para la dimisión o destitución de los líderes o el personal de la Iglesia en casos de abuso o negligencia”. Entre otras cosas, la comisión enfatiza que es necesario “comunicar públicamente las razones para la dimisión o destitución, cuando la decisión esté relacionada con casos de abuso o negligencia”, lo que abarca el encubrimiento, cualquier intento de ocultación o una gestión deficiente de las denuncias.
En el documento, de 103 páginas, la Comisión también recomienda pedir perdón de manera pública a las víctimas, además de en privado, y a sus familias, comunidades eclesiales y a la sociedad en general. En estos casos, se deben “identificar los daños” y “especificar los actos y omisiones por los que se ofrece la disculpa”. Esto se convierte en “una de las formas en que la Iglesia asume su responsabilidad y puede reparar de manera concreta”. Y sobre todo obliga a la institución a sacar los casos a la luz y no solamente resolverlos de forma privada y que sigan permaneciendo ocultos.
El documento resalta también que la reparación del daño debe pasar por la escucha directa de las víctimas, a las que debe ofrecerse apoyo psicológico y espiritual. Y subraya que las indemnizaciones económicas son “necesarias pero insuficientes sin un acompañamiento humano y pastoral”. En cuanto a las compensaciones, admite que “es evidente que no existe una práctica uniforme en todas las jurisdicciones”. Añade que, “más allá de la cuestión de las indemnizaciones económicas ordenadas por los tribunales, sigue planteándose la cuestión de si la Iglesia debe proporcionar voluntariamente una compensación económica que vaya más allá del pago de servicios específicos para las víctimas”, con médicos y psicólogos.
El informe de la comisión, que en cada edición se detiene a analizar algunos países, se ha centrado en aquellos cuyas conferencias episcopales se encontraron con el Papa en 2024, en la llamada visita ad limina que todos los obispos deben realizar al Vaticano cada cinco años. El estudio es particularmente crítico con Italia. Denuncia que en el país transalpino se da una “resistencia cultural a afrontar los abusos” y señala, entre otras cosas, que muchas diócesis italianas ni siquiera han respondido al cuestionario vaticano que enviaron con preguntas relativas a la protección de los menores en los casos de abusos. Solo lo hicieron 81 de 226. Además, lamenta que la Conferencia Episcopal Italiana no cuente con una oficina para recibir denuncias a nivel nacional. También anima a los obispos italianos a escuchar a las víctimas y a colaborar con las autoridades civiles.
El Papa Francisco pidió en 2022 a la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores que realizara cada año un informe sobre los abusos en la Iglesia. El pontífice argentino creó esta entidad al inicio de su pontificado, en 2014, después de reunirse con víctimas de abusos sexuales, con el objetivo de sentar las bases para erradicar la pederastia y también los abusos a adultos vulnerables en la institución católica.
No obstante, por el momento este organismo ofrece solamente recomendaciones que no son vinculantes, por lo que finalmente depende de cada diócesis del mundo y de los dicasterios vaticanos si aplicarlas o no. El año pasado, en medio de una gran expectación, emitió su primer informe, en el que resaltaba la opacidad que aún existe en la Iglesia en distintas partes del mundo para gestionar los casos de pederastia, sobre todo en lo que se refiere al acceso de las víctimas a la verdad. Y criticaba la lentitud y la confusión de los procesos canónicos que se utilizan para juzgar a los acusados al margen de la justicia civil.
Numerosas asociaciones de víctimas de distintos países han reprochado las limitaciones del pasado informe, que no consideró todo el mundo, sino a determinadas zonas geográficas y que, como este, tampoco ofreció datos concretos ni otros detalles sobre los casos de pederastia en la Iglesia. Y también criticaron que las recomendaciones sean de cumplimiento voluntario o demasiado genéricas y la ausencia de mecanismos estables y eficaces que obliguen a las diócesis o las órdenes religiosas a cumplirlas.