La construcción y el transporte emplean al 13% de los trabajadores en España, pero sufren el 46% de los accidentes laborales mortales. Solo hay una actividad más peligrosa en términos relativos, la industria extractiva, con el 1,8% de los siniestros cuando solo representa el 0,1% del mercado laboral. La peligrosidad de la minería es reconocida desde hace medio siglo con un anticipo de la jubilación a sus empleados, un derecho que albañiles y transportistas no ostentan y exigen. Por ello, estos sectores ya han cursado la solicitud a la Seguridad Social mediante la nueva vía que el Gobierno abrió en mayo. En total, estas peticiones interpelan a actividades que emplean a 1,6 millones trabajadores: un millón en la construcción, 400.000 camioneros asalariados, 70.000 por cuenta propia y 95.000 conductores de autobús.
El ministerio destaca que solo se concederá el adelanto del retiro a los “oficios más penosos”, no a los sectores al completo, y “siempre que sea imposible atenuar esa penosidad” con medidas compensatorias. También subraya que la evaluación se hará mediante “indicadores objetivos”.
El Gobierno publicó en mayo el decreto que habilita a los sectores para pedir coeficientes reductores. Esta herramienta hace que un periodo cotizado en una actividad de gran penosidad cuente como un periodo más largo. Ya existían antes de mayo, pero la novedad es que el Ejecutivo ha activado una vía “objetiva” para la concesión de los mismos: consiste en que los agentes sociales los reclaman para unas ocupaciones concretas, en las que haya más bajas, más largas y con más siniestralidad. Una comisión de evaluación (que el ministerio ha puesto en marcha con casi un mes de retraso) analiza las solicitudes, hace una recomendación y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social toma la decisión final. El ministerio destaca el hecho de que esa comisión ya esté en marcha desde hace unos días y subraya que “los trabajos que debe desarrollar requieren tiempo y un análisis profundo”. La Seguridad Social tiene un plazo de seis meses desde el registro de cada solicitud para contestar.
La primera solicitud mediante esta nueva vía, registrada en julio por los sindicatos, pedía coeficientes reductores en la construcción, tanto para asalariados como para autónomos. CC OO y UGT solicitan que apliquen a un millón de empleados, es decir, siete de cada diez trabajadores del sector. Entre los grupos más numerosos destacan los albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras (335.160 empleados), peones de la construcción y de la minería (129.582), electricistas de la construcción y afines (125.232) o los pintores, empapeladores y afines (74.354). Fuentes del diálogo social ven muy difícil que el ministerio aprecie morbilidad y siniestralidad suficiente como para conceder los coeficientes a ese millón de empleados, pero sí creen que una parte sustancial del colectivo se beneficiará de los mismos.
Los sindicatos argumentan en su escrito que la actividad constructora “tiene, además de una alta demanda física con elevados ritmos de trabajo, una naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre”. Es la rama de la economía española que más muertes concentra, 113 hasta agosto, un 22% más que el año anterior. Es un aumento vertiginoso, que motivó una manifestación de unos 3.000 trabajadores frente a la sede central de la CEOE la semana pasada.
Una de las quejas de los sindicatos convocantes es que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la principal patronal del sector, no apoya esa petición de coeficientes. Su presidente, Pedro Fernández Alén, dijo en julio que la medida implica “un aumento de costes” que resulta “complicado de asumir”. Ese aumento de costes deriva del alza en las cotizaciones a la que obliga el decreto. Sin embargo, CEOE, la gran casa patronal en la que se integra CNC, acordó y respaldó el reglamento que articula esa sobrecotización.
Los sindicatos anticiparon durante la negociación que este escenario sería habitual, en el que las patronales sectoriales no acompañasen la solicitud de coeficientes. Por ello, se aseguraron de que el texto no obligase al consenso entre empresarios y trabajadores para efectuar la petición de coeficientes. El texto indica que el ministerio “podrá iniciar el procedimiento a petición individual de alguna de las partes legitimadas, debidamente razonada y justificada en circunstancias excepcionales”. Fuentes sindicales subrayan que el ministerio aún no ha empezado los trabajos para estudiar la petición de la construcción, un retraso que critican y que pronto esperan ver resuelto.
470.000 en transporte de mercancías
El otro sector que más trabajadores suma a la petición de coeficientes es el transporte de mercancías. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), CC OO y UGT firmaron este lunes la solicitud conjunta, un compromiso patronal que deriva de las huelgas del año pasado. Los empresarios se comprometieron a apoyar esta solicitud sindical para poner fin a los paros que transcurrieron entonces, entre otras reivindicaciones.
“La profesión de persona conductora profesional por carretera presenta, de forma objetiva y sostenida, condiciones laborales caracterizadas por turnos prolongados e irregulares, nocturnidad, fatiga física y mental, exposición continuada al tráfico rodado, y riesgo constante de siniestralidad”, argumentan en su escrito conjunto CETM, CC OO y UGT. Piden los coeficientes para los conductores de camión y también para los conocidos como conductores mecánicos, aquellos que además tienen conocimientos técnicos y suelen trabajar con vehículos más pesados. La patronal CETM calcula que estas dos categorías emplean a unos 400.000 trabajadores por cuenta ajena en España.
El presidente de CETM, Carmelo González, precisa que es imposible conocer a cuántos empleados acabará beneficiando la medida, ya que las condiciones de acceso y el coeficiente concreto es competencia de la Seguridad Social, pero subraya que la petición interpela a este colectivo de unos 400.000 empleados. González destaca que si el Gobierno atiende su petición será algo “muy positivo” para los trabajadores, “que además hará algo más atractivo el sector”, en el marco de escasez de mano de obra que sufre esta actividad. El presidente de CETM indica que respaldan esta petición pese al aumento de costes laborales que implica porque fue un compromiso que adquirieron con los sindicatos y para poder estar en la mesa de diálogo en la que la Seguridad Social determinará cómo se articulan esos costes.
Este último punto tiene particular interés para los trabajadores autónomos, dado que en su caso la cotización recae enteramente en ellos. Dos organizaciones representativas de este colectivo en transporte de mercancías, Fenadismer y Uatae, anunciaron la semana pasada la petición de coeficientes reductores. Hay unos 70.000 transportistas de mercancías por cuenta propia.
La otra pata del transporte por carretera, el traslado de pasajeros en autobús, cumplimentó la petición de coeficientes reductores hace dos semanas. “La disminución de las capacidades físicas con la edad, junto con la merma en el estado de salud y la mayor fragilidad, aumentan el riesgo del colectivo en el desempeño de su función, sin que se pueda obviar una cierta autoexclusión cuando no imposibilidad física, al verse limitadas sus capacidades”, argumentan en la petición de coeficientes UGT, CC OO y Confebus. Esta patronal destaca que los coeficientes pueden llegar a beneficiar a 95.000 conductores de autobús, la gran mayoría asalariados, pero detalla que también lo piden para los pocos autónomos del sector.
Rafael Barabadillo, presidente de Confebus, incide en los mismos mensajes que González: espera que estos coeficientes mejoren las condiciones laborales en el sector y que lo hagan más atractivo. A la vez, subraya el coste “importante” que puede suponer para las empresas, por lo que pide una “revisión de los contratos públicos” si se acaban concediendo. Otra variable importante es que apenas se registra siniestralidad entre los conductores de autobús, mucho más frecuente entre camioneros, lo que podría alejar la posibilidad de la concesión. “Ya veremos. Es cierto que siniestralidad es un componente importante y aquí no tenemos”, agrega Barbadillo.
Ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
El presidente de Confebus también anuncia que, a la vez que han pactado con los sindicatos una vía de salida para los empleados más veteranos, están conversando sobre un plan para “facilitar la entrada” de otros, concretamente de la mano de obra inmigrante. “Estamos trabajando en hacer una solicitud conjunta para que se incluya al transporte de pasajeros en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. No encontramos personal suficiente”, explica. Este catálogo es una herramienta para las empresas, mediante la cual las compañías pueden contratar con facilidad en origen en otros países para los oficios en los que se considera que no hay mano de obra suficiente.
Es un instrumento que genera tensión dentro del Gobierno, dado que el Ministerio de Trabajo (que ostenta la competencia porque depende del SEPE) recela de la ampliación, ante el temor de que se incluyan profesiones en las que realmente no hay escasez de trabajadores y que ello repercuta en una degradación de las condiciones laborales. A principios de año, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, se marcó la ampliación de ese catálogo como una de sus prioridades, dado que identifican un problema de mano de obra más profundo al que observa Trabajo. En 2023 ya se dio una extensión del mismo, de manera que se incluyeron algunas profesiones técnicas de la construcción.