Que la sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles de Donald Trump cayera el viernes en Washington como una bomba dice mucho del estado de excepción en el que vive la democracia estadounidense desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025. El día en el que el presidente cumplía 13 meses en el Despacho Oval, seis de los nueve magistrados del alto tribunal decidieron celebrarlo propinándole un varapalo poco común en su trayectoria reciente, así como el mayor golpe de su segundo mandato. El fallo dictamina que el poder ejecutivo carece de autoridad para imponer gravámenes a la importación sin contar con el Congreso y que, por tanto, los aranceles con los que Washington puso el año pasado patas arribas el comercio global son inconstitucionales.
La decisión fue un recordatorio de dos cosas a veces fáciles de olvidar en el Estados Unidos de Trump: la separación de poderes, si bien maltrecha bajo el acecho de la Administración actual, sobrevive, y el sistema de contrapesos diseñado por la Constitución funciona —eso sí, cuando quiere—.
El principal sorprendido fue el propio Trump, que ofreció una conferencia de prensa en la que se le vio genuinamente enfadado. La intervención marcó además un nuevo hito en la historia presidencial de Estados Unidos: entre los gajes del cargo siempre ha estado la frustración con las decisiones del poder judicial, y ha habido predecesores en el puesto que, de Richard Nixon a Franklin Roosevelt, también se enfrentaron al Supremo, pero nunca antes un inquilino de la Casa Blanca había llamado “imbéciles” y “perros falderos de los republicanos moderados y de la izquierda radical” a los magistrados que votaron contra sus intereses. Los definió como una “vergüenza” para el país (oprobio que extendió después “a sus familias”) y los llamó “antipatriotas” y “desleales” a la Constitución.
De modo que, si Trump bautizó como el Día de la Liberación el 2 de abril de 2025, jornada en la que impuso a decenas de países los aranceles que ahora le han tumbado los jueces, el 20 de enero de 2026 podría pasar a la historia como el Día de los Insultos. Se los lanzó a esos seis magistrados que le quitaron la razón: el presidente del tribunal, John Roberts, y Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, todos ellos conservadores, así como las tres juezas liberales (Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson). Se trata de un resultado (6-3) habitual en un Supremo actual, con una supermayoría conservadora de seis magistrados, pero ese marcador había servido normalmente para lo contrario: dar la razón a Trump en el afán de ampliar su poder presidencial.
Culto al líder
Desde su regreso, el republicano ha puesto al servicio de sus intereses y venganzas personales al Departamento de Justicia, y nada simboliza mejor ese vasallaje que una imagen del jueves pasado, día en el que en su sede en Washington colgaron una enorme lona con la imagen de Trump, en la mejor tradición totalitaria del culto al líder. Así que los insultos de este parecen responder tanto a la frustración de alguien poco acostumbrado a que le lleven la contraria como al estupor de ver que a dos de los magistrados que lo hicieron el viernes (Gorsuch y Barrett) los nombró él mismo durante su primera presidencia.
En su forma transaccional de ver el mundo, no cabe la posibilidad de que los jueces piensen por su cuenta; de ahí que en la conferencia de prensa de los vituperios elogiara al tercer magistrado designado por él, Brett Kavanaugh. “Me gustaría agradecerle su genio y su gran capacidad. Estoy muy orgulloso de su nombramiento”, dijo. Este sábado, lo definió en su red social como a su “nuevo héroe”.
El profesor de la Universidad de Massachusetts Paul Collins, autor de varios libros sobre la politización del Supremo, afirmó poco después de conocer la sentencia que esta no le resultó “sorprendente” desde un punto de vista jurídico. “El fundamento legal de la capacidad de Trump para imponer aranceles a otras naciones era muy débil”, explicó en un correo electrónico a EL PAÍS. Collins no interpreta, con todo, que el fallo indique que el Supremo “se esté volviendo contra Trump”. “Es más bien una prueba de que la separación de poderes en Estados Unidos sigue vigente, y de que las políticas de esta Administración son demasiado extremas hasta para sus aliados conservadores en el tribunal”, apunta.
En Washington es común referirse al Supremo del momento como el de quien lo preside. Y si en algo se ha distinguido hasta ahora “el Supremo de Roberts” —que acaba de cumplir 20 años al frente— ha sido por su alineamiento con Trump. El mejor ejemplo fue la sentencia de 2024 que amplió la inmunidad del presidente de Estados Unidos en el ejercicio de su cargo. El fallo lo redactó el conservador Roberts para un caso que examinó las decisiones que tomó Trump en los meses que condujeron al asalto al Capitolio. Entonces, este era el candidato republicano y la decisión allanó su camino a la Casa Blanca.
En un círculo de tintes shakespearianos, el presidente del Supremo ha sido el redactor de la sentencia de los aranceles, como si hubiese decidido no apartar de sí el cáliz de llevar la contraria a Trump. Pese a dejar en el aire qué pasará con el dinero (unos 150.000 millones de dólares) recaudado por esos gravámenes “ilegales”, se trata de un fallo persuasivo y contundente: “Siempre que el Congreso ha querido delegar en el presidente la autoridad de imponer aranceles lo ha hecho expresamente”, argumenta.
“Al menos, no nombré a Roberts”, escribió Trump en su red social, Truth, horas después de su airada conferencia de prensa, en la que le preguntaron si honrará la tradición de invitar el próximo martes al Capitolio a los jueces del Supremo —también a los que votaron en contra de su política— para que asistan al discurso del Estado de la Unión . “Están invitados por los pelos”, respondió. En su comparecencia ante el Congreso del año pasado, Trump se acercó a Roberts, le dio una palmadita en la espalda y le dijo: “Gracias”.
En el mensaje de Truth de este viernes, el republicano también volvió al ataque contra los suyos, Gorsuch y Barrett. “Lo que ha pasado hoy con ellos”, escribió en otra prueba del desprecio a la independencia judicial, “nunca sucede con los demócratas, que siempre votan contra los republicanos”.
El presidente de Estados Unidos aún no ha llegado al extremo de su predecesor Dwight Eisenhower, una de cuyas frases más célebres se refiere a los magistrados, demasiado liberales para su gusto, Earl Warren y William Brennan: “Cometí dos errores y ambos están en el Supremo”, dijo. Pero tanto Trump como el movimiento MAGA (Make America Great Again, lema que pide devolver su grandeza a Estados Unidos) ya han subido los nombres de Barrett y Gorsuch en su lista de enemigos.
En la parte más citada de su opinión concurrente, Gorsuch reconoce que “legislar puede ser difícil y llevar tiempo”, antes de abogar por la separación de poderes. “Y sí, puede ser tentador eludir al Congreso cuando surge un problema acuciante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo fue la esencia de su diseño. A través de ese proceso, la nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, no solo la de una facción o la de un único hombre”.
En los próximos meses, el alto tribunal tiene pendientes varios casos cruciales para delimitar el alcance del poder de ese “único hombre”: del intento de Trump de moldear la independencia de la Reserva Federal con el despido de una de sus gobernadoras a su afán por eliminar la ciudadanía por nacimiento que garantiza la Constitución. Esas sentencias pondrán a prueba la capacidad del Supremo de resistir a la agenda autoritaria del presidente.
En su primer año de vuelta en la Casa Blanca, Trump ha basado parte de su estrategia en empujar los límites del poder ejecutivo y esperar que sus nueve magistrados le den la razón a hechos consumados. Le ha funcionado bastante bien. Al menos, hasta el viernes pasado, el día en el que el Supremo decidió llevarle la contraria.