A menos de un año para que se agote el maná de los fondos europeos de recuperación, ideados para amortiguar los perjuicios económicos derivados de la pandemia, las comunidades autónomas tienen aún una bolsa importante de ayudas sin gastar: cerca del 45% de los recursos que les corresponden, equivalentes a unos 13.000 millones de euros, permanece sin ejecutar, y más de un tercio de esa cifra ni siquiera se ha asignado a proyectos concretos. Así se desprende de los últimos datos que el Gobierno acaba de publicar sobre el avance del plan de recuperación, con información hasta el pasado 30 de noviembre. Madrid y Cantabria destacan como las autonomías más cumplidoras: son las únicas que han convocado todas las ayudas. Canarias es el farolillo rojo del mapa, con casi un 40% de los recursos pendientes de asignar.
La diferencia no es baladí. Bruselas exige que la ayuda esté ejecutada antes del 31 agosto y certificada para finales de diciembre, es decir que se acredite que el dinero se ha empleado en los proyectos comprometidos. Pero las comunidades, algunas más que otras, van con un retraso considerable sobre la hoja de ruta. De los 29.106 millones de euros que tienen concedidos, una cantidad que supone la mitad de su gasto anual en educación, las autonomías han ejecutado en su conjunto algo más de 16.000. El resto se reparte entre fondos convocados —comprometidos para iniciativas concretas—, pero sin ejecutar (26%), y recursos que ni siquiera tienen un proyecto asignado (18%), según datos extrapolados de la herramienta Elisa, la plataforma implementada por el Gobierno para hacer un seguimiento del mecanismo y utilizada por el Ministerio de Economía para elaborar sus informes de cumplimiento del plan.
Manuel Alejandro Hidalgo, profesor en la Universidad Pablo de Olavide, recuerda que la situación es dinámica y confía en que se corrija rápidamente a medida que avanza el año. “Es probable que una parte importante de las ayudas convocadas se ejecute en los próximos meses y llegue resuelta al verano”, matiza el también codirector del Observatorio de Fondos NextGenerationEU del centro de estudios EsadeEcPol. Aun así, ve complicado que se produzca un acelerón capaz de agotar los recursos a disposición en todas las comunidades en los seis meses que quedan de plazo. “La preocupación estaría en esos fondos que aún no tienen asignación, que siguen a la espera de ser convocados. El tiempo material que queda para que puedan ejecutarse es muy poco”.
La instantánea, sin embargo, es muy heterogénea. La ejecución del conjunto del sector autonómico es del 55% —sin contar las corporaciones locales—, con unos extremos que están muy alejados entre ellos. Madrid y Castilla-La Mancha son las comunidades que más fondos han gastado, por encima del 70%. La región de la capital, además, es junto a Cantabria la única que ya ha adjudicado todo el resto del dinero que tiene asignado.
En el otro lado de la tabla se encuentran Canarias, con cuatro de diez euros sin convocar, y Cataluña, que ya ha asignado a proyectos la mayoría de los recursos, pero aún tiene el 60% de las ayudas sin gastar. La Generalitat sostiene que su nivel de ejecución, en realidad, está por encima del 75%, y atribuye la discrepancia con la herramienta de seguimiento del Gobierno —de la que alertó nada más ponerse en marcha— a las diferencias en el estado presupuestario de la información que cada administración remite a la plataforma pública de subvenciones. En otras palabras, los datos que se introducen no siempre reflejan la misma fase del gasto en todos los organismos, una circunstancia que el propio portal advierte que se da especialmente en las convocatorias realizadas por entes de las comunidades autónomas.
Al margen de los desfases metodológicos, distintos centros de análisis llevan tiempo alertando de los retrasos en la ejecución, una demora que adquiere ahora más relevancia por el poco tiempo que queda a disposición. La agencia de calificación S&P avisaba en una presentación publicada a principio de mes que ya se nota una ralentización el ritmo de inversión autonómico debido a que el mecanismo de recuperación ha entrado en su recta final.
Analistas del sector privado en contacto con los Gobiernos autonómicos precisan que no existe una causa única detrás de las demoras en la ejecución. Aunque en todas las comunidades influye la carga burocrática asociada a las ayudas del plan, en algunos casos pesa también el tipo de inversión, el volumen de los recursos recibidos o el hecho de que ya fuesen destinatarias de otras ayudas. Estos elementos pueden haber provocado embudos en la ejecución. Los expertos también destacan que las prioridades de gasto se han fijado de forma centralizada. Fue el Estado quien negoció con Bruselas y recibió los fondos, parte de ellos bajo forma de subvenciones y otros como créditos, a cambio de acometer una serie de reformas e inversiones —denominados hitos y objetivos, en jerga bruselense—, de forma escalonada, y luego repartió parte de ellos entre las distintas administraciones.
Atasco
Al Estado también le vienen estrechos los plazos fijados por el mecanismo de recuperación. El Gobierno acaba de renunciar a tres cuartas partes de los créditos que tenía asignados (de un total de 83.000) y ha optado por agotar solamente las subvenciones (unos 80.000 millones). Mucho tiene que ver con que el mecanismo de recuperación ha sido un cañonazo inédito de ayudas, tanto en diseño como en ambición, que ha obligado a los Estados miembros a levantar a toda prisa una estructura administrativa para gestionar una avalancha de recursos de nuevo cuño, difícil de digerir en una ventana temporal reducida y con una elevada carga burocrática. Los demás países también están registrando problemas, y en el caso de España se añade la dificultad del Gobierno para legislar, puesto que está en minoría en el Congreso.
Hidalgo matiza que la Administración central y sus órganos y empresas, con más músculo y experiencia en el manejo de grandes subvenciones, han podido gestionar los fondos con más agilidad, además de concentrar licitaciones de elevados importes. Según la plataforma Elisa, la tasa de resolución del Estado supera el 70%. “Pero hay inversiones que, por su propia naturaleza, es imposible que estén del todo ejecutadas para agosto”, explica. Por ello, no descarta que Bruselas acabe flexibilizando los requisitos de cumplimiento. “Tampoco me sorprendería que alguna comunidad devolviera el dinero a los ministerios, porque gestionar estos fondos es un dolor de cabeza. Puede convertirse en un regalo envenenado para muchas administraciones”.
El Ministerio de Economía, por su parte, no ve margen para ampliar el calendario. “La Comisión ha sido férrea con los plazos”, trasladan fuentes del departamento dirigido por Carlos Cuerpo. Recuerdan que Bruselas ya permitió a los Estados miembros simplificar sus planes de recuperación —con la llamada adenda—, con el objetivo de reducir las cargas burocráticas, agilizar la ejecución y redirigir partidas sobrantes a sectores considerados estratégicos como la defensa.
“En la adenda ya incluimos, además, medidas que nos permiten mantener el impulso inversor más allá de agosto de 2026″, recalcan las mismas fuentes en referencia al nuevo vehículo de inversión España Crece, el primer fondo soberano del país, que elevará la capitalización del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con parte de las ayudas sobrantes para que aumente su capacidad de inversión directa hasta al menos los 60.000 millones. “Todos los agentes implicados debemos mantener la ambición. Esperamos cumplir con todos los hitos previstos para acceder al 100% de las transferencias que se nos asignaron, algo que incluye a las comunidades autónomas”, añaden.