Dos meses antes de iniciar el caso Begoña Gómez, en febrero de 2024, el juez Juan Carlos Peinado se enfrentó a la rebelión de los alumnos a los que impartía clases por las tardes en la Universidad Complutense. Los estudiantes recogieron 50 firmas pidiendo su expulsión por unos supuestos comentarios ofensivos. Afirmaban que le dijo a una alumna con velo islámico que se empezaba vistiendo esa prenda y se acababa poniendo bombas. A un alumno con una discapacidad le respondió “con sorna” que el protocolo para un examen oral era “yo te pregunto y tú me contestas”. Y poco después del suicidio de una alumna, le dijo con una sonrisa a una estudiante que se levantó para ir al baño: “No vayas a saltar”.
La crisis, revelada meses más tarde por la Cadena SER, precisó de la mediación de dos responsables de la Facultad de Derecho. La directora del Departamento de Derecho Penal y Procesal, Pilar Peiteado, y su secretario académico, Xabier K. Etxebarria, se reunieron con el profesor y con los alumnos, de segundo año de Criminología, y consiguieron devolver “un ambiente razonable” al aula, explica una fuente del profesorado que pide anonimato. Esta fuente habla de un choque entre “unos alumnos combativos con conciencia crítica” y “un profesor chapado a la antigua”.
El 24 de abril de ese año, los alumnos se enteraron por la prensa de que su profesor había iniciado una investigación por las presuntas irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Peinado se vio envuelto en un huracán de categoría cinco comparado con la tormenta desatada en el aula. Las clases acabaron a primeros de mayo, así que profesor y alumnos apenas se vieron conforme crecía la crispación nacional y él se convertía en una figura que dividía a todo un país. Para unos, era una víctima de los ataques del sanchismo; para otros, un villano compinchado con la derecha.
Casi 18 meses después, Peinado sigue al frente del juzgado 41 de instrucción de Madrid, desde donde continúa con el caso contra Gómez, pero abandonó la Complutense ese mismo curso tras haber trabajado como profesor adjunto al menos desde 2019. Peinado explicó a los responsables docentes que, como se acercaba su jubilación, no le merecía la pena el engorro de presentarse al concurso obligado por la nueva ley contra la temporalidad en las universidades.
Peinado cumplirá 72 años el 27 de septiembre del año que viene y, por ley, deberá colgar la toga. Es difícil predecir el calendario de este caso que ha sacudido el panorama político, pero cabe la posibilidad de que cuando llegue la hora de su retiro ya se conozca el desenlace que le espera a la mujer del presidente y el lugar que ocupará este juez en la Historia. De una u otra forma, su apellido se asociará a la polémica.
La fuente de la Complutense cree que es una suerte que el juez haya salido del claustro porque se habría enfrentado a una “situación incómoda” en pasillos y aulas, pero quizás habría alumnos que le hubieran jaleado. El 11 de junio de este año, durante las protestas de jueces y fiscales contra las reformas judiciales de Sánchez, se escucharon gritos de “juez Peinado, estamos a tu lado” a las puertas de Plaza de Castilla, donde se encuentra su juzgado.
Peinado llega a diario a esa sede en uno de los autobuses de línea que recorren la Castellana, donde a veces los pasajeros le han visto repasando papeles. Cuando el juez se asoma por la ventana de su despacho en la sexta planta del bullicioso edificio aquejado de problemas estructurales -los techos de su juzgado han cedido por fugas de agua-, ve las torres Kio, el obelisco dorado, y la explanada de la entrada al edificio, donde se concentran los periodistas los días de grandes noticias. A los 11 funcionarios que se sientan en la sala contigua los trata de usted. Fuentes judiciales dicen que “tiene fama de distante y displicente”.
Peinado ha declinado ser entrevistado para este perfil y tampoco ha dado entrevistas, aunque fuentes judiciales indican que sí interactúa con algunos periodistas. Habló sobre bullying escolar en marzo en una charla en un centro municipal de Madrid. Reveló que había sido víctima de acoso en su juventud. Al contar que superó aquello, hizo una alusión velada a la polémica por la célebre causa que instruye, según un vídeo de OK Diario, el único medio de comunicación que cubrió el evento: “A lo mejor dispongo y todavía me queda un poquito de fuerza de voluntad para enfrentarme a situaciones difíciles”.
También lo hemos visto en los audios o vídeos filtrados del caso Begoña Gómez que dan una idea de su carácter frío y dominante. En uno de ellos, durante su segunda visita a la Moncloa, sostuvo un tenso intercambio con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre si este estaba testificando con evasivas, tras lo cual el juez le reprochó con su voz rasposa: “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”. También se ha sabido que aquel día de junio, pidió una tarima a los empleados de La Moncloa para situarse un peldaño por encima, como sucede en las sedes judiciales.
Los críticos del juez han alzado la voz contra una instrucción que denuncian como carente de fundamento y plagada de excesos y errores, pero también han puesto la lupa sobre detalles de la vida del juez que supuestamente cuestionarían su neutralidad. Ha salido a la luz que su hija Patricia es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón desde 2023 y varios casos que ha llevado han sido vistos como un trato de favor al Ayuntamiento de Madrid, regido por el popular José Luis Martínez-Almeida. En una ocasión evitó citarlo para impedir su “estigmatización”. En otra, archivó el caso contra un alto cargo municipal solo tres semanas después de dar por concluidas las pesquisas por culpa de un error suyo, al no decretar a tiempo una ampliación del plazo de instrucción.
Uno de los supuestos vínculos de Peinado con el PP es un amigo de la infancia que llegó a influyente cargo del partido, Sebastián González. Se retiró de la política en 2023 tras haber sido diputado, senador y tesorero nacional. Atiende al teléfono para negar rotundamente que su partido haya buscado influir de algún modo en el juez. “No me han preguntado sobre el caso ni a mí”, responde. “Mi partido tiene un respeto absoluto por los jueces”.
Los dos se conocen de los veranos en La Adrada, el pueblo de Ávila de donde proceden los padres de Peinado y del que salieron para buscar oportunidades en la capital. Coincidían jugando al fútbol [Peinado llegó a jugar dos años en la categoría Regional con el Sporting de La Adrada, donde era lateral izquierdo]. Luego los dos fueron al mismo tiempo a la facultad de Derecho de la Complutense. “Hemos tenido una relación esporádica. Durante un largo tiempo le perdí la pista, pero lo conozco lo suficiente como para decirte que es una persona incapaz de tener intención política”.
Sebastián González ha visto recientemente a Peinado, pero dice que hablan de otros temas. “Solo de verle la cara intuyo que lo está pasando mal, como cualquiera en su situación”, afirma. “Juan Carlos es una persona con mucho amor propio y cuando se le ataca injustamente se defiende. Date cuenta que está enfrentado al aparato del Gobierno; él solo ante el peligro”, añade.
Desde que abrió el caso, Peinado batalla en un sinfín de frentes. Contra él se han querellado sin éxito el presidente Pedro Sánchez, la propia Begoña Gómez y el periodista Máximo Pradera. Aún quedan por resolver varias quejas sobre él ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las han interpuesto Más Madrid, el PSOE y el ministro Bolaños. Por su parte, Peinado ha contratado a la abogada Guadalupe Sánchez, tertuliana en programas de sesgo conservador y letrada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o del rey emérito, para emprender acciones contra al menos ocho periodistas y políticos que le han acusado de delinquir.
“Parece mentira”
Su trayectoria como juez empezó bastante tarde, a sus 40 años, y lo hizo en 1994 por el llamado tercer turno, una vía de entrada exprés a la carrera judicial ya desaparecida y que tenía cierta mala fama porque algunos la veían como un “coladero” de personas afines y sin competencia. En lugar de enfrentarse a las temidas oposiciones, estos candidatos debían acreditar seis años de experiencia jurídica, entre otros méritos, y superar un examen menos exigente.
Hasta entonces, había pasado la década de los ochenta como secretario de Ayuntamiento en distintos municipios de menos de 5.000 habitantes, en las provincias de Madrid, Toledo y Ávila. Como tal, era un funcionario poderoso que organizaba el día a día en esos nuevos ayuntamientos democráticos. Compaginó esta tarea con la de abogado en un despacho del centro de Madrid.
Como juez, ocupó puestos de bajo rango en municipios relativamente pequeños como Arenas de San Pedro (Ávila), Talavera de la Reina (Toledo), Albacete o Getafe, hasta que en 2012 aterrizó en Madrid para cubrir una baja en un juzgado de lo penal. Una señal de su creciente influencia data del año siguiente, cuando su nombre apareció entre los 21 miembros de la asociación judicial mayoritaria, la conservadora APM, propuestos a las Cortes para la renovación del CGPJ. Diputados y senadores debían elegir a 12 vocales de entre 55 candidatos que habían sido respaldados por las asociaciones o contaban con al menos 25 avales. Finalmente no fue elegido.
En 2016, obtuvo su plaza en el 41 de Plaza de Castilla y su nombre comenzó a aparecer a menudo asociado a polémicas en torno a casos mediáticos. En uno, el Constitucional de mayoría conservadora, le desautorizó por haber enviado a la cárcel durante casi un año a un ex alto cargo chavista sin respetar sus derechos procesales. En otro, imputó a 12 periodistas por informar de un sumario secreto sobre la detención de unos independentistas catalanes radicales, lo que el gremio de la prensa tachó de “ataque a la libertad de información”. También fue controvertida la fuga a Venezuela del triple asesino de Usera, que se esfumó mientras él sostenía una tesis sobre la autoría que chocaba con las averiguaciones de la Policía.
En alguna de estas ocasiones, Peinado ya había demostrado que tiene gatillo fácil para denunciar. A una víctima del asesino de Usera, el abogado Víctor Salas, lo denunció por revelación de secretos tras hablar en 2023 con la prensa.
Uno de los periodistas contra los que ha apuntado por vulnerar su honor en el caso Begoña Gómez, Ernesto Ekaizer, había informado citando a una fuente anónima de que Peinado alardeó ante un grupito de admiradores de que iba “a terminar con Sánchez”. También ha emprendido medidas contra otros que lo han cuestionado, como el exlíder de Podemos Pablo Iglesias o los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska.
Otra batalla pendiente es un viejo conflicto en el pueblo de su familia, La Adrada, que se ha reactivado a raíz de la mala prensa que le ha acarreado el caso Begoña Gómez. Peinado construyó un chalé en terreno no edificable tras recibir en 2004 una licencia del Ayuntamiento socialista de Juan José Tomás. El sucesor, el también socialista Hilario Gabriel Ruda, le ordenó por escrito el 12 de mayo de 2006 que paralizara la obra, tras lo cual Peinado telefoneó indignado al regidor y le dijo: “Parece mentira. Con todo lo que yo he hecho por La Adrada”. El alcalde no entendió a qué contribución se refería.
Peinado desoyó la prohibición y siguió construyendo la vivienda de dos plantas más sótano, pero tras gastarse 347.243 euros, dejó de pagar al constructor. “Me dijo, ‘no tengo dinero, dame más tiempo”, recuerda Gregorio Ruano, quien le reclamaba 80.000 euros más.
Peinado se quejaba de que el sótano se le inundaba por defectos en el pozo, pero Ruano le respondía que eso no era culpa suya porque el juez había elegido construir una vivienda ilegal sin la necesaria conexión al alcantarillado público. En 2012, la Audiencia Provincial condenó a Peinado a pagar 75.000 euros al constructor.
En La Adrada era vox populi que la construcción de esa vivienda había sido ilegal, pero muchos desconocían que el dueño era el juez y solo lo han sabido gracias al reciente interés mediático. Ha sido un quebradero de cabeza más para Peinado porque se ha publicado que el chalé seguía sin tener todos los papeles en regla.
La polémica ha llegado al pleno municipal, donde Peinado apareció el año pasado un día a primera hora de la tarde, a pesar de que su vivienda no figuraba entre los asuntos a tratar. Se sentó en los asientos del público con ropa de calle, solo. Escuchó a los concejales sobre los pormenores del pueblo y tras hora y media se largó sin pronunciar palabra, dejando a algunos presentes con una sensación extraña sobre qué pretendía este juez de las mil y una batallas.
¿Tiene algo que contar? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es