La última vez que los 14 consejeros de Hacienda del PP se vieron las caras en un cónclave conjunto con la ministra del ramo y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la reunión acabó saltando por los aires. Los dirigentes autonómicos del Partido Popular se levantaron de la mesa antes de que terminara el acto en un plante coordinado para no tener que votar la quita de la deuda. Este lunes, nueve meses después, todos vuelven a una nueva cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid sin la intención de repetir un gesto tan extremo, pero sí con la tensión por las nubes. El Gobierno ha convocado a las comunidades para fijar el techo de gasto y la senda de déficit. Los Ejecutivos del PP escucharán la oferta y fijarán una posición, pero se muestran escépticos, tachan de “paripé” la cita y censuran la “improvisación” de Montero, a la que pedirán un nuevo modelo de sistema de financiación. Este domingo ya anticiparon la convulsa cita al enviar una carta conjunta dirigida a la ministra.
El encuentro se ha calentado aún más durante los últimos días por el choque de Pedro Sánchez con los barones autonómicos del PP, después que el presidente cargase contra su gestión durante su última comparecencia en el Congreso, inmerso ya en la precampaña de la cascada de elecciones autonómicas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, respondió a Sánchez retándole a debatir con él en el Parlamento autonómico. Y, ya este domingo, Alberto Núñez Feijóo se refirió también al enfrentamiento entre el jefe del Ejecutivo y los barones de su partido, contra quienes Sánchez arremetió por la “privatización” de los servicios.
“Todo un presidente del Gobierno dedicado a hacer oposición al PP, esto fue en lo que consistió la comparecencia el pasado miércoles”, rememoró Feijóo en un acto en Lobón (Badajoz). “¿Sabéis lo que hizo? Meterse con los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Sabéis por qué? Porque le incomodan, porque le superan y porque le derrotan. Qué cosa más cutre, ¿no? Él se cree el amo, no puede soportar que los gobiernos del PP le hagan sentir tan pequeño”, añadió el jefe de los populares junto a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en un acto de precampaña la víspera de que se celebre el CPFF.
El Ejecutivo central agendó la reunión de este lunes para fijar el techo de gasto y la senda de déficit para el periodo comprendido entre 2026 y 2028. Se trata de dos coordenadas clave para los Presupuestos Generales del Estado, cuya viabilidad está comprometida por el portazo de Junts al PSOE. Pero también son cruciales a la hora de elaborar las cuentas autonómicas, puesto que define el límite de gasto en el que deben moverse las comunidades, cuyos fondos se destinan mayoritariamente al Estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales, que tienen transferidos en exclusiva. La fijación de la senda fiscal pretende repartir el déficit del Estado entre las distintas administraciones. Para 2025, por ejemplo, el Gobierno se marcó como objetivo un déficit del 2,5% para el conjunto de las Administraciones. De ese 2,5%, la Administración central se quedaba un 2,2%, la Seguridad Social un 0,2% y las comunidades un 0,1%.
Ese reparto, sin embargo, no prosperó en el Congreso, donde Junts unió sus votos a PP y Vox para tumbarlo. Eso supuso que las autonomías se quedasen con su objetivo anterior, que les obligaba a alcanzar un superávit del 0,1% y, por tanto, restarles capacidad de gasto. Y eso mismo puede ocurrir de nuevo. Este lunes probablemente saldrá adelante la nueva senda, puesto que Hacienda requiere solo del apoyo de una comunidad para aprobarla. Pero el Congreso puede volver a tumbarla. Fuentes de Hacienda explican que no hay objetivo fijado para 2026, lo cual abocaría a las comunidades al equilibrio presupuestario, según el Ejecutivo central. Es decir, a que las comunidades sigan apretándose el cinturón, en medio de las crecientes necesidades sanitarias y de servicios públicos por el cambio demográfico.
“Las comunidades no quieren déficit”
Como acostumbran antes de estas reuniones, los consejeros del PP han diseñado una estrategia organizada por la dirección nacional para llevar un frente común al CPFF. En una entrevista a EL PAÍS, hace tres semanas, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, afirmó que “el objetivo no puede ser endeudarse más”. Fuentes de la dirección popular apostillan en privado: “Las comunidades no quieren déficit, quieren equilibrio presupuestario”. En cualquier caso, los consejeros escucharán el planteamiento de Hacienda sobre el techo de gasto, sin una posición fijada de antemano. Eso sí, se opondrán a cualquier “cesión” a las formaciones independentistas.
“Vamos a ver qué nos plantea”, explica uno de los barones. “Nos hemos acostumbrado a un nivel de improvisación que es incompatible con ser mínimamente serios”, apuntan fuentes de otra comunidad. “Los objetivos de estabilidad y de deuda vienen muy tarde para la mayoría de las comunidades autónomas, que ya han elaborado y están tramitando sus Presupuestos, deberían haberse presentado antes del 30 de junio para guiar el camino de las autonomías”, subrayó este domingo la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España.
Donde quieren poner el foco los Ejecutivos autonómicos populares es en la reiterada petición a Hacienda de un nuevo modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014. Algo en lo que coinciden con el PSOE y en lo que Montero ya trabaja. Sin embargo, algunos presidentes populares recelan de que el debate se reduzca a Cataluña. “El debate no se ha abierto, solo se ha abierto con Cataluña y me gustaría ver si se ha abierto de verdad o no”, indicó la presidenta de Baleares, Marga Prohens, en un foro de La Vanguardia el jueves. El problema para el PP, que preside 11 comunidades y las dos ciudades autónomas y cogobierna además en Canarias, sigue siendo el mismo: sus posiciones para una eventual reforma del sistema no son las mismas porque defienden distintos intereses según los territorios. De hecho, Montero ya les pidió en el último CPFF que plantearan una propuesta conjunta.
Los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y Aragón, Jorge Azcón, reactivaron en febrero el grupo que firmó la llamada Declaración de Santiago en 2021, en la que ocho comunidades de distinto signo político se unieron para reclamar que la distribución de recursos se calcule ponderando los criterios de despoblación, dispersión y envejecimiento. En el otro lado se sitúan Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, infrafinanciadas por el sistema vigente, y por su lado la Comunidad de Madrid, aunque todas ellas presionan para dar mayor peso a la población.
Es más, los intereses de las comunidades del PP se cruzan con los de algunos territorios del PSOE. Prohens abogó el jueves por el principio de ordinalidad para Baleares, una demanda que también hace Salvador Illa para Cataluña. Es decir, que cada comunidad ocupe el mismo puesto en las clasificaciones de lo que aporta y lo que recibe. El president catalán se reunió con su homóloga balear el viernes en el marco de una ronda de contactos sobre financiación. “Pedimos un marco financiero claro, con reglas iguales para todos”, pero que a la vez “atienda las necesidades, obviamente diferentes, de cada comunidad autónoma”, expuso Illa, que pidió a Prohens dejar “atrás los reproches” y remar juntos en el CPFF en busca de un modelo satisfactorio. Otro de los escollos es que el probable rechazo de Junts impediría su posterior aprobación en el Congreso.
En el caso de Aragón, el CPFF tiene otro ingrediente. Hasta ahora, Azcón alegaba que no había empezado la elaboración de sus Presupuestos porque necesitaba saber el techo de gasto. Una vez se dé luz verde, ya no habrá más excusas y el reloj para la presentación de las cuentas aragonesas se pondrá en marcha con Vox cerrado en banda a apoyarlas. Un escenario que podría desembocar en otro adelanto electoral que, como en Extremadura, tendría lugar antes que los comicios de Castilla y León del 15 de marzo.