Las primeras cifras al cierre de 2025 sobre el control de fronteras recogen una notable caída de la llegada de migrantes de forma irregular a España: 35.935 personas que entraron en el país por vía marítima o terrestre hasta el pasado 15 de diciembre, un 40% menos que el año anterior, que fue récord. Es el mayor descenso desde 2019. Un dato objetivo que, sin embargo, no ha logrado templar un debate político que parece decidido a desconectarse de la realidad estadística para agarrarse a la percepción ciudadana y su instrumentalización a través de la demagogia.
El descenso se explica, principalmente, por la caída de la vía canaria (con un 60% menos de llegadas), la más transitada en los últimos años, tras los acuerdos de cooperación alcanzados con Gambia, Senegal y Mauritania, cuestionados por cuanto suponen externalizar el control migratorio a gobiernos que no respetan los derechos humanos. Como confirma la experiencia, cuando una ruta se cierra, otra se abre o se refuerza. En 2025 aumentaron los cruces hacia Ceuta y Melilla y, sobre todo, gana peso la ruta balear, donde las llegadas de embarcaciones procedentes de Argelia han crecido un 27%. Los expertos apuntan a que en 2026 esa será la zona más problemática.
Que menos personas crucen irregularmente no quiere decir que las condiciones para quienes lo intentan sean mejores o más seguras. Organizaciones internacionales han documentado un incremento de muertes en el mar y el uso de rutas más largas y peligrosas impulsadas por controles más estrictos en zonas tradicionales de tránsito.
En todo caso, España es una de las puertas de la migración a Europa y seguirán dándose situaciones de emergencia humanitaria que forzarán a miles de personas a huir de sus países en busca de una seguridad de la que carecen y una vida mejor para ellos y para sus hijos. De hecho, según Acnur, la gran mayoría de quienes llegan por vía marítima a España piden protección internacional porque huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países.
Conviene tener esto en cuenta y aprovechar los momentos de menor presión inmediata sobre las costas y los centros de acogida para reforzar vías legales y seguras de llegada de inmigrantes, mejorar la acogida y la integración y alinear la política migratoria con las necesidades económicas y demográficas del país. Las llegadas irregulares, por mucho que se quieran caricaturizar como una invasión, representan solo un 6% del total de las entradas de personas extranjeras al país.
2025 ofreció un buen ejemplo de la necesidad de actuar con sosiego y previsión en materia migratoria ante los problemas que suscitó el reparto obligatorio entre las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados. Una medida que contó con el rechazo frontal de Vox y el entorpecimiento por parte del PP, que creen haber encontrado en la inmigración un filón electoral, y para la que el Gobierno no dotó suficientes recursos públicos que permitieran una acogida digna. La consecuencia fue dejar a Canarias desasistida y a los menores sin protección.
En 2026 deben concretarse nuevas iniciativas políticas que atizarán el debate, como el Plan de Convivencia e Integración Intercultural, que anunció el presidente del Gobierno en octubre de 2024, y la implementación definitiva del Pacto Europeo de Migración y Asilo. No pueden servir como nuevas excusas para reavivar los discursos de odio que ignoran las políticas que funcionan.