La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo este martes en Cooperativa que el concepto de “papito corazón” pasó de ser “un símbolo de la picardía del chileno” a convertirse en un “apelativo indeseable”.
Este martes se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida popularmente como “Ley Papito Corazón”, una normativa clave impulsada con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias.
En conversación con Lo Que Queda del Día, la titular de la Mujer planteó que el cambio cultural respecto del apodo “papito corazón” no comenzó con la mencionada ley, sino cuando concluyó el periodo de “los hijos ilegítimos en el país”.
“(El apodo) pasó a ser un símbolo de la picardía del chileno, de la viveza para escapar a la normativa, y hoy se está transformando en un apelativo medio indeseable, porque no cumple con algo básico con los niños“, manifestó la secretaria de Estado.
Por lo anterior, Orellana enfatizó: “Yo esperaría que, sea cual sea el signo del futuro Gobierno, continúe esta implementación y mejora continua en los sistemas de información, para que vayamos reduciendo los tiempos de respuesta acorde a lo que son las necesidades de las familias”.
“Ha sido un cambio muy popular”
Al ser consultada sobre los avances que se han logrado desde la implementación de la normativa, la ministra contó que la ley “ha sido muy popular” debido a la gran cantidad de personas que se han acogido a ella.
“Cuando voy a a distintos lados, alguien siempre me comenta que pudo activarlo o que está haciéndolo, e incluso me reclaman que se está demorando mucho. No hay un lugar donde alguien no me comente que la está ocupando, lo que habla también de lo extensivo de este problema en nuestra sociedad”, puntualizó la autoridad.
Caso Monsalve
Orellana también se refirió al caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, acusado de abuso sexual y violación, luego de que ayer la Corte Suprema revocara la medida cautelar de prisión preventiva en su contra y decretara arresto domiciliario total.
“Lo que todos esperamos, y en particular también desde el Ejecutivo y el Ministerio de la Mujer, es que la investigación prosiga dando garantías procesales a todos los involucrados, y eso incluye, desde la Ley Antonia y de forma reforzada, por supuesto a las víctimas”, concluyó.