El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración de un estado de emergencia en la capital, Lima, y en la vecina provincia portuaria del Callao a partir de la medianoche de este miércoles, y por un plazo de 30 días, para luchar contra la delincuencia organizada.
En un mensaje a la nación emitido a través de televisión y redes sociales, el mandatario dijo que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada”, causando un inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional.
Sin embargo, Jerí, que todavía no llega a las dos semanas en el poder tras haber sucedido a la destituida presidenta Dina Boluarte, agregó que “hoy empezamos a cambiar la historia” y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país “recuperar la paz y la tranquilidad”.
“Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, afirmó sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno.
Suspensión de derechos y apoyo militar
De acuerdo al decreto del estado de emergencia publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.
El estado de emergencia también contempla que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado con patrullas en zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas y otras situaciones de violencia.
Policías y militares también custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con los municipios más afectados masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.
Mientras, en las cárceles quedarán limitadas las visitas a presos, a la vez el decreto de estado de emergencia prevé “un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación“, así como “desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas”.
Durante toda la jornada de este martes, el Consejo de Ministros estuvo reunido para elaborar el marco legal del estado de emergencia anunciado hace unos días por el mandatario para enfrentar la ola de crimen organizado en Lima, donde reside un tercio de la población peruana.
En el mismo sentido, horas antes de emitir el mensaje a la nación, Jerí alentó, en su cuenta de la red social X, con la publicación: “de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad”.
De la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad.
¡Por el Perú!
— José Jerí (@josejeriore) October 21, 2025
Aunque el mandatario evitó dar mayor información sobre el desarrollo de esta medida, el estado de emergencia ha sido decretado por el Ejecutivo peruano en los últimos años en varias regiones del país, especialmente en la costa norte para combatir la minería ilegal, e incluso en algunos distritos de la capital para que la Policía Nacional tenga el apoyo de las fuerzas armadas en el control de la seguridad ciudadana.
Asimismo, varios derechos constitucionales quedan suspendidos durante su vigencia como la libertad de tránsito y de reunión, entre otros.
Preocupante aumento de homicidios
En las últimas semanas se realizaron paros de transportistas y movilizaciones de protesta por el impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades del país, que han dejado decenas de fallecidos sólo en el gremio de transporte urbano, y esta problemática fue uno de los principales motivos de la destitución de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) el pasado día 9 en el pleno del Congreso.
De acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio-agosto-setiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre del 2024.
En el tercer trimestre de 2024, Perú superó el umbral de 500 homicidios por trimestre, después de reportar menos de la mitad de esa cifra hasta 2017.