En prisión preventiva quedaron este martes cinco imputados por el macabro hallazgo de dos cuerpos en una fosa séptica en el sector Pueblo de Indios, en San Vicente de Tagua Tagua (Región de O’Higgins).
El descubrimiento se produjo en el contexto de una investigación por tráfico de drogas y una denuncia por presunta desgracia, lo que derivó en el allanamiento de 10 domicilios por parte de Carabineros la semana pasada.
A los cinco detenidos -uno de ellos venezolano- se les imputaron los graves delitos de secuestro calificado, asociación criminal y tráfico de drogas.
La audiencia de formalización se llevó a cabo de manera reservada y telemática.
La complejidad del caso se centra en la naturaleza de los cuerpos hallados: uno de ellos estaba calcinado y amarrado, mientras que el otro fue encontrado descuartizado, lo que confirmó la existencia de una “casa de tortura” vinculada a la organización criminal.
El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, informó que el Ministerio Público despachó órdenes de detención contra otros cuatro sujetos que actualmente se encuentran prófugos.
El persecutor no entregó mayores detalles sobre la identidad de los prófugos, argumentando que esto “claramente perjudicaría las investigaciones que estamos realizando para encontrar el paradero de estos sujetos”.
Perfil de las víctimas
Según el perfil de las víctimas, estas corresponderían a consumidores y vendedores que participaban en la misma organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
La Fiscalía cuenta con evidencia clave para sustentar la acusación, incluyendo una videollamada que daría cuenta del secuestro de una de las víctimas.
Se espera que el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago confirme si los restos desmembrados corresponden a la víctima desaparecida.
Una de las víctimas identificadas es Catalina González Rojas, de 25 años y madre de tres hijos, quien desapareció el 20 de septiembre. De acuerdo a fuentes relacionadas con el caso, la mujer convivía en Pueblo de Indios con Rodrigo Muñoz (27), quien ya permanece en prisión preventiva desde mayo de 2024 tras ser formalizado por tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego.
El general Guillermo Bohle, jefe de la zona O’Higgins de Carabineros, se refirió a la labor policial, señalando que los equipos de Santiago y Rancagua están realizando las pericias y analizando toda la evidencia levantada durante los días de trabajo en San Vicente.
“Estamos en ese proceso para poder entregárselo al Ministerio Público para que tenga los fundamentos necesarios para el proceso de ejecutar la acusación de los imputados”, afirmó el general.