El Juzgado de lo Social núm. 2 de Girona ha declarado la nulidad del despido del profesor Mostafà Shaimi por parte de la Universitat de Girona (UdG) por vulneración de derechos fundamentales, y ha ordenado su readmisión inmediata con abono de los salarios de tramitación y una indemnización por daños morales de 7.501 euros. El fallo ha desestimado la pretensión de condena por perjuicios y daños psicológicos. Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando la UdG abrió un expediente disciplinario contra Shaimi, que fue acusado públicamente a través de la Plataforma Feminista de la UdG por acoso sexual a dos alumnas de máster (en 2020). El docente admitió haber hecho proposiciones, pero aseguró que no hubo “insistencia” y que lo frenó al ver “que no era correspondido”.
El caso acabó archivado por prescripción y el profesor mediante su letrado, Benet Salellas, denunció vía administrativa graves irregularidades procedimentales durante la tramitación del expediente y solicitó la nulidad de la actuación administrativa, así como la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial por reparar los daños causados. Pocos días después del archivo, la UdG comunicó al profesor que su contrato no sería renovado, aunque previamente había sido incluido en el plan docente del Departamento de Pedagogía y en el Grado de Criminología y había sido contratado durante años. Su exclusión causó desconcierto y quejas entre varios profesores, que advirtieron del desorden organizativo que comportaba y pidieron explicaciones al Rectorado. El rector justificó el cese alegando “tensiones y dudas generadas por la situación”.
La sentencia, de 17 de noviembre, de la que ha sido ponente la magistrada Arabia Díaz, señala que la decisión de no renovar el contrato del profesor vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en las vertientes de garantía de indemnidad y presunción de inocencia. El fallo constata que el expediente disciplinario se archivó por prescripción y que, durante el proceso interno, no se presentó ninguna denuncia formal por estudiantes ni hubo prueba de acoso sexual y la UdG tampoco formuló ninguna acusación formal concreta, ni especificó qué normativa se había vulnerado.
La magistrada considera que los correos mandados en tres días de septiembre de 2024 evidencian que “la decisión extintiva de la empleadora guardaba relación con la situación generada en la UdG como consecuencia de la apertura del expediente disciplinario por acoso sexual contra el trabajador”, que recuerda, “tuvo que archivarse por estar prescritos los hechos”. Por ello, estima que la extinción de la relación laboral motivada por la situación generada en la Universidad tras la apertura del expediente disciplinario “evidencia que ha sido la propia empleadora quien ha hecho un juicio de culpabilidad sobre el demandante quien, no pudiendo ser sancionado disciplinariamente, se vio injustificadamente despedido”.
La sentencia estima parcialmente la demanda de Shaimi al declarar nulo el despido hecho el 11.09.2024, condena a la UdG a readmitirle al demandante en las mismas condiciones que estaba y a abonarle de los salarios dejados de percibir. Hasta que la readmisión se haga efectiva le deberán pagar 31,48 euros diarios. El pasado mes de enero, Shaimi se presentó a varias convocatorias de profesor sustituto en la UdG, quedó primero en algunas especialidades y está ejerciendo. Ahora deberán readmitirle en las clases que impartía cuando no le renovaran el contrato, en dos másters, una asignatura de criminología en la Universidad de Derecho y asignaturas en los grados de Pedagogía y Trabajo Social.
El abogado que ha llevado este caso ante el juzgado social, Ricard Reynés, destaca la relevancia jurídica y social de la sentencia, que “establece un precedente muy importante en la defensa de los derechos laborales y civiles dentro del ámbito universitario”. El letrado afirma que la sentencia tiene interés porque pone el foco en respetar el derecho la defensa de las personas a pesar de que pueda existir ruido social contrario a esta presunción de inocencia, especialmente en casos donde hay procedimientos disciplinarios con gran repercusión pública y mediática”.
Shaimi ha afirmado que esta sentencia “es una reparación imprescindible de mi dignidad personal y profesional” y un toque de atención necesario a la UdG “para que cumpla con sus deberes institucionales en la gestión de conflictos, la protección de los derechos fundamentales del personal y el respeto a los protocolos de igualdad y convivencia”. En este sentido, el dicente ha mantenido que “las instituciones públicas no pueden utilizar los procedimientos administrativos como herramientas de represalia contra quien ejerce el derecho legítimo de defensa”.