En el cartel aparecen Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, y el abogado Ricardo Ruiz de la Serna, jefe de publicaciones de la Fundación Disenso, laboratorio de ideas del partido que preside Santiago Abascal. Se anuncia la presentación del informe La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de bienestar, realizado por dicha fundación. La convocatoria es para el martes a las 19.00 horas en el hotel Velada, en Mérida. Aunque es un acto de la campaña extremeña, en el cartel no sale Óscar Fernández, candidato de Vox. La protagonista es ella, Moñino, que entra en el hall donde aguardan los periodistas y toma la palabra. En Extremadura, debido a la entrada de inmigrantes y la salida de jóvenes españoles, se está dando la “tormenta perfecta” para “modificar la identidad” de la comunidad, afirma Moñino. Detrás, callado, asiente Óscar Fernández.
Así funciona la campaña extremeña de Vox. La estrella es Abascal. Si no está, el dirigente más o menos conocido que toque. El martes fue Moñino, que disfruta de atenciones en la televisión nacional como rostro del partido en su ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso. Al día siguiente, el secretario general, Ignacio Garriga, prometió en Cáceres recortar el dinero para “los centros de menas”, menores extranjeros no acompañados, y para “las ONG proinmigracionistas”. El jueves, Carlos Hernández Quero, portavoz de vivienda, afirmó en Badajoz que hay que “revisar las regularizaciones de inmigrantes llevadas a cabo por el bipartidismo” y “auditar las concesiones de nacionalidad”.
Sea con el dirigente con repercusión nacional que sea, el mensaje antiinmigración es un ingrediente básico del menú de Vox durante la campaña para el 21-D. En su programa, promete “lucha decidida contra la inseguridad creciente y rechazo a las políticas de inmigración masiva”. Van juntos, como es habitual, inseguridad e inmigración.
Pero los números no ponen fácil el empeño de Abascal y los suyos por trabajar en Extremadura con la plantilla nacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población en España a 1 de enero de 2025 era de 49,12 millones de personas, de las cuales 6,9 millones son extranjeras, un 14%. En la Comunidad de Madrid, de donde llegan Abascal, Moñino y Quero, el porcentaje es del 16,6%. En Cataluña, la tierra de Garriga, del 18,7%. ¿Y en Extremadura? Un 4,41%. Es la comunidad con menos proporción de población extranjera censada.
Algunos números más ilustran cómo la escasa incidencia comparada del fenómeno migratorio en Extremadura estrecha —al menos, datos en mano— el margen para repetir en Cáceres y Badajoz el discurso de Vox en otros puntos de España. Según datos del INE, en Extremadura hay censados 10.840 nacidos en Marruecos, el país en cuyos nacionales más pone el foco Vox. Son un 1,02% de la población, 3,6 veces menos de lo que suponen en Cataluña los nacidos en el país magrebí.
Los del INE son datos del censo, es decir, dejan fuera la inmigración irregular. Pero los especialistas en movimientos demográficos tampoco consideran a Extremadura un destino destacado de inmigración en situación irregular, ya que esta suele concentrarse “en las regiones más pobladas y en las ciudades grandes, que es donde más actividad económica hay”, explica Gonzalo Fanjul, director de investigación de la Fundación porCausa y experto en el fenómeno migratorio.
Vivienda y crimen
Tampoco el discurso que vincula la escasez de vivienda con el exceso de inmigración —es decir, el discurso de Quero— debería ser tan fácil de trasladar a Extremadura como a otras zonas más urbanas y densamente pobladas. Con algo más de un millón de habitantes, la densidad de población en la comunidad que celebra elecciones el 21-D es de unas 25,3 personas por kilómetro cuadrado, cuando en España supera las 95. Solo hay una ciudad con más de 100.000 habitantes, Badajoz (150.000).
De Abascal a Moñino pasando por Jorge Buxadé, el mensaje sobre la supuesta necesidad de reaccionar ante la inseguridad en Extremadura también es habitual. Y ello pese a que se trata de una comunidad comparativamente segura. Según un informe elaborado en septiembre por la Delegación del Gobierno a partir de las estadísticas del Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad se sitúa en Extremadura en 34,2 infracciones penales por cada 1.000 habitantes en doce meses. Pese a un leve ascenso desde el 32,9 en el anterior periodo de doce meses, Extremadura se sitúa como la comunidad más segura de España, con una tasa más baja que Asturias (35,6), Galicia (35,8) y La Rioja (36,8), y muy lejos de Baleares (68,3), Cataluña (62,2) y la Comunidad de Madrid (56,7).
Para sostener su discurso, Vox reitera que las agresiones sexuales han subido un 460% en Extremadura. La propia Moñino dio el dato, sin precisar periodo, en su comparecencia del martes. Un portavoz de Vox señala que Moñino alude a un incremento “desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno”. El dato coincide con la subida de las agresiones con penetración desde 2017, cuando hubo 10, hasta 2024, cuando hubo 56, según los datos de Interior. El balance de 2024 no desagrega por nacionalidad, pese a lo cual Moñino lanzó el dato en el contexto de un mensaje sobre el auge migratorio.
Antes del acto del martes en Mérida, EL PAÍS preguntó a Moñino si su diagnóstico sobre el fenómeno migratorio es el mismo en Madrid que en Extremadura. “Por supuesto”, respondió. “Vox es un partido nacional, tenemos un programa nacional que se aplica a toda España. Tenemos un programa contra la inmigración masiva que está afectando a regiones como Madrid y Cataluña especialmente, pero que también está afectando a Extremadura”, añadió, antes de defender la expulsión de España de los inmigrantes irregulares, pero también de los que están en España legalmente si cometen “delitos graves”, vienen “a vivir de las ayudas públicas” o quieren “imponer el islamismo”.
De momento, el barómetro del CIS de noviembre muestra que los extremeños están menos preocupados por la inmigración que el conjunto de los españoles. Un 14,3% de los primeros cita la inmigración como uno de los tres principales problemas del país, frente a un 18,9% en todo el territorio nacional, porcentaje que alcanza al 23,4% en el caso de Cataluña.