El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, integrante junto al PP del equipo de gobierno que preside la alcaldesa María José Catalá (PP), ha rechazado este martes la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad durante el pleno en el que se sometía a votación. Esta circunstancia ha dejado solo al PP en la defensa de esa normativa municipal, que entraba en vigor el próximo 1 de diciembre.
Los populares han sido los únicos integrantes de la corporación local que han votado a favor de esa ordenanza tras debatirla en el pleno ordinario de octubre celebrado esta jornada en el consistorio. Además de Vox han rechazado ese punto los dos partidos de la oposición: Compromís y PSPV-PSOE por ser una ordenanza “laxa y de mínimos”.
La normativa municipal para regular la ZBE ha llegado a esta sesión plenaria por despacho extraordinario, fuera del orden del día planteado inicialmente, y tras haber sido aprobada el pasado 21 de octubre en la Comisión de Patrimonio del consistorio con el voto a favor de todo el equipo de gobierno, tanto del PP como de Vox. Esa unidad se ha roto en el pleno de este martes al desmarcarse el socio de ultraderecha.
Esta ordenanza iba a afectar, desde la entrada en vigor prevista hasta el 31 de diciembre de 2026 únicamente a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia con etiqueta A (también llamados sin etiqueta): los de gasolina matriculados antes del año 2001 y los diésel matriculados antes del año 2006. La restricción a la circulación del tráfico que planteaba no afectaba a los conductores de la ciudad de Valencia hasta enero de 2028.
Vox ha justificado su voto en contra en el pleno aludiendo a “la libertad de movimiento de los valencianos”, como ha señalado su portavoz y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, que ha asegurado que la ZBE es “una imposición derivada de las políticas climáticas impulsadas desde Bruselas y el Gobierno de Pedro Sánchez”. “Las Zonas de Bajas Emisiones no son una casualidad, son consecuencia directa de las políticas que ha promovido Bruselas y el Congreso de los Diputados, siempre con el voto en contra de Vox”, ha apuntado.
El edil de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), que ha defendido la ordenanza, ha rechazado las críticas de la oposición, que le ha acusado de perder los 115 millones de euros de subvenciones europeas para poner en marcha la ZBE si esta no prospera. El concejal ha dicho que la responsabilidad era la de quienes no apoyaban la propuesta que ha presentado en el pleno.
Los dos grupos de la oposición han criticado siempre la Zona de Bajas Emisiones planteada por el equipo de Catalá, por considerarla “de mínimos” y por entender que no busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire de Valencia sino “solo cumplir el trámite” para su puesta en marcha.
Antes de finalizar el debate, y ya sabiendo que Vox iba a rechazar su iniciativa, Carbonell se ha mostrado dispuesto a “aceptar la propuesta de Compromís y PSPV para ampliar el perímetro”, de modo que se aumentara el entorno inicialmente previsto por la Concejalía de Movilidad y pasaría, como ha apuntado su titular, a abarcar a toda “la ciudad de València en el suelo urbano y urbanizable”.
En ese momento del pleno, se ha planteado la posibilidad de realizar un receso de dos minutos para abordar ese planteamientos, pero no se ha llevado a cabo finalmente y se ha pasado la votación con la que la ordenanza no ha prosperado.
Dimisión del concejal
“Pactar con negacionistas le ha salido muy caro a Valencia por culpa de María José Catalá. El ridículo de su gobierno no solo perjudica la imagen de la ciudad, sino también la salud de todos los valencianos, además de las arcas del Ayuntamiento. Supondrá una pérdida de 115 millones de euros porque Valencia se queda sin los fondos Next Generation, habrá una sanción prevista por Europa y perderemos las ayudas al transporte que están vinculadas a tener la ZBE”, ha advertido la portavoz de Compromís, Papi Robles, que ha tendido la mano a Catalá si acepta las propuestas de la formación.
“Pero como hay que gobernar con responsabilidad, hoy pedimos la dimisión o el cese inmediato del concejal Jesús Carbonell, y que la alcaldesa rompa el pacto de gobierno con Vox, porque la ciudad no puede seguir gobernada por negacionistas que la perjudican gravemente”, ha insistido Robles.
El portavoz socialista Borja Sanjuan, ha insistido en que la “incapacidad” del gobierno de Catalá está a punto de costarle a la ciudad más de 115 millones de euros y ha criticado que el PP se haya negado a aceptar una propuesta del Partido Socialista para evitar a la ciudad la pérdida las subvenciones europeas para reducir la contaminación.
Los socialistas han propuesto negociar una serie de condiciones para poder aprobar una Zona de Bajas Emisiones que afectaban tanto a los plazos de aplicación como a las etiquetas y al perímetro. Sin embargo, el PP se ha negado en redondo a negociar y tan solo ofrecía un cambio mínimo de la ordenanza que no contemplaba ninguna medida efectiva que mejorara la calidad del aire, que es el objetivo fundamental de este proyecto europeo.