Una década después de la muerte de Paola Buenrostro, una trabajadora sexual de 25 años, la justicia sigue sin llegar. La detención este lunes en el Estado de México de Arturo N, su asesino, ha puesto el caso nuevamente en los titulares y ha mostrado la fuerza de un movimiento que acumula años en esta lucha. Colectivos trans tomaron este martes las instalaciones de la Fiscalía de Ciudad de México tras la primera audiencia en contra del presunto culpable en protesta por la clasificación del delito como homicidio y no como feminicidio. “Diez años tirados a la basura si a últimas se nombró como quisieron”, lanzó Kenya Cuevas, amiga de Buenrostro y la cara principal de esta cruzada.
El 30 de septiembre de 2016, Buenrostro subió al vehículo de Arturo N, un posible cliente. Momentos después, se escucharon sus gritos seguidos de disparos. Cuando sus compañeras se acercaron, encontraron a su amiga inconsciente en el asiento del copiloto y a su agresor con un arma de fuego en la mano. Aunque retuvieron al culpable para entregarlo a las autoridades, un juez ordenó su liberación por falta de elementos suficientes para relacionarlo con el crimen. Lo que siguió fue un largo y tortuoso camino en el que Buenrostro y Cuevas fueron revictimizadas constantemente por las instituciones, que se negaban a reconocer su identidad de género. La segunda, que presenció el asesinato de su amiga y a quien Arturo N también intentó matar, no fue considerada inicialmente como integrante de la familia social ni víctima indirecta, lo que limitó su derecho a conocer y participar en la investigación.

Tras la audiencia de este martes, Cuevas ha cargado contra Brenda Bazán, la fisca de feminicidios en la capital: “Se había acordado desde hace cinco años con Brenda, y la entonces coordinadora Sayuri (Herrera), que se clasificara como feminicidio. Sin embargo, ese trabajo nunca se hizo durante años. Nunca se me notificó durante los últimos cinco años de nada de la carpeta. Y hoy llegaron ante una jueza diciendo mi nombre masculino en todo momento y el anterior que tenía antes de mi cambio de identidad, el nombre masculino de Paola y de todas las testigos refiriéndose a trabajadores sexuales”.
Entre vidrios rotos y desmanes dentro de las instalaciones de la Fiscalía, decenas de manifestantes se mantuvieron hasta la noche pidiendo la renuncia de Bazán y exigiendo justicia en el caso de Buenrostro. “No estamos buscando que se clasifique como transfeminicidio, pero al menos feminicidio, como ya estaba en el tipo penal que ya existía en ese momento”, proclamó Cuevas. El transfeminicidio fue tipificado como delito en Ciudad de México hasta 2024, en la conocida como Ley Paola Buenrostro, gracias al impulso y la presión de colectivos trans tras la muerte de la joven. “No puede ser posible que esta misma Fiscalía, siendo la representante, siga haciendo esas omisiones a 10 años que hemos construido protocolos, lineamientos, manuales y leyes en conjunto con ellas”, acusó la amiga de Buenrostro.
En respuesta, la Fiscalía de la capital emitió un comunicado este martes en la noche en el que han asegurado que “la clasificación jurídica del caso no está cerrada” y que existe “la posibilidad de reclasificar a feminicidio en etapas posteriores”. En el texto, las autoridades han señalado que la orden de aprehensión fue ejecutada por homicidio porque el proceso, iniciado en 2016, fue por ese mismo delito, que era el aplicable según el marco jurídico de entonces. “Las causales para acreditar el feminicidio eran más restrictivas y no existía aún el delito de transfeminicidio”, explicaron, aunque no han respondido a los cuestionamientos de los colectivos sobre el trabajo previo que habían realizado para que el caso se investigue como feminicidio.

En la lucha y la búsqueda de justicia por la muerte de Buenrostro, activistas trans consiguieron una histórica recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, en 2019, en la que se señalaron las múltiples omisiones y deficiencias de la investigación inicial. Derivado de esa resolución, la Fiscalía ofreció una disculpa pública, en 2021, a la memoria y la familia social de Buenrostro.