El comisionista Víctor de Aldama ha admitido varios delitos en la causa que el Tribunal Supremo tiene previsto juzgar en los próximos meses por la trama de corrupción urdida en el Ministerio de Transportes en época de José Luis Ábalos relativa a la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia de coronavirus. El empresario ya ha presentado su escrito de defensa, donde reconoce su implicación e incide en su “proactiva” colaboración con la justicia para conseguir una rebaja de penas. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pidió siete años de cárcel para Aldama, que ahora apunta de nuevo contra el exsocialista y su exasesor Koldo García, para quienes el ministerio público reclama las penas más altas (24 años de prisión y 19 años y medio, respectivamente).
“Las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal deben rebajarse en un grado adicional, en virtud de la apreciación de la atenuante [de confesión] como muy cualificada”, insiste el documento firmado por el abogado del comisionista, José Antonio Choclán. “Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación. Su colaboración se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales, confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados”, dice el letrado.
Anticorrupción ya consideró que Aldama había “aportado información relevante” y explicó que, por ello, pedía una pena para él de solo siete años (muy inferior en comparación con las reclamadas para José Luis Ábalos y Koldo García). Sin embargo, la defensa del empresario quiere que se le reduzca aún más. Además, la Fiscalía solo imputó al empresario tres delitos (organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada), que él admite en el escrito enviado al Supremo este jueves. Al exministro de Transportes y a su exasesor, el ministerio público les atribuye otros dos más: tráfico de influencias y malversación.
En el documento firmado por Choclan, fechado este 8 de enero y al que tuvo acceso EL PAÍS, Aldama muestra su “conformidad” con gran parte de la tesis de Anticorrupción, que mantiene que los procesados (el comisionista, Ábalos y Koldo García) se aliaron tras la llegada del socialista al Ministerio de Transportes para “obtener un común beneficio económico”. Según el escrito de acusación, con un “ánimo de enriquecimiento”, los “tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba Ábalos en el Gobierno y también en el PSOE, este podría favorecer la contratación con la Administración en cuantas ocasiones hubiera oportunidad por empresas cuyos intereses captaría y promovería Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas [compañías]”.
“Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y a Koldo García”, apostilló la Fiscalía, en un relato que asume la defensa del comisionista.
Frente a la confesión de Aldama, el exministro y su exasesor mantiene una postura muy distinta. Según fuentes jurídicas, la abogada de Koldo García aún no ha enviado su escrito de defensa en el Supremo. Sí lo hizo ya la defensa de Ábalos: sus abogados, antes de renunciar a representarle, presentaron un documento para rebatir los argumentos de la acusación y denunciar una vulneración del derecho a la defensa (“se ha cercenado de manera brutal”). “De lo hasta ahora actuado”, insistían los letrados del exsecretario de Organización del PSOE, no se desprende que este “formase parte de una organización criminal”, ni que era el “jefe oficioso del arrepentido Aldama”, ni que “llevó a cabo un plan criminal encaminado a la facilitación de contratos públicos a cambio de una comisión”.
Pero Aldama lo contradice. En su escrito de defensa, el empresario recalca que, “en virtud de sus relaciones” con el exministro y su exasesor, maniobró en el seno de Transportes para que adjudicaran contratos de mascarillas en favor de la compañía Soluciones de Gestión. Por ello, Aldama facturó “en concepto de comisiones” un total de 6,6 millones de euros. “Y se proyectó abonar comisiones a Ábalos y Koldo García, que le fueron solicitadas por ambos por este concepto, en la cuantía de dos millones y 500.000 euros”, afirma la defensa del empresario.
Ábalos, sin abogado
Por su parte, el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa de corrupción en el Supremo, ha aceptado este jueves la renuncia del equipo de abogados de Ábalos. Sin embargo, el juez ha precisado que este deberá asistirlo en la vista prevista el próximo 15 de enero, fijada para exponer su recurso contra la entrada en prisión provisional del exministro.
Además, Puente requiere al exdirigente socialista que designe un nuevo abogado “en el plazo de cinco días hábiles”. “Con expreso apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá al nombramiento de oficio de dichos profesionales”, apostilla el instructor.