Comienza el proceso de análisis legislativo de los presupuestos de gastos e ingresos para el próximo año. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto ampliar la base de contribuyentes a través de un rediseño de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dirigido particularmente a pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia. La propuesta, que se presenta como uno de los pilares del Paquete Económico de 2027, plantea elevar el límite de ingresos para tributar bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) con el objetivo de incorporar a más personas físicas que llevan a cabo actividades empresariales: una categoría que concentra la mayor parte de los micronegocios, restaurantes, fondas familiares, pequeños comercios, tiendas de abarrotes y profesionistas independientes que hoy operan total o parcialmente fuera del sistema fiscal.
La propuesta llega en un momento en que la economía se mantiene con dinamismo moderado, la recaudación tributaria se estanca y el margen de maniobra de la Hacienda pública se reduce ante sus mayores gastos en la previa de un año electoral. Siguiendo ese entorno, la estrategia fiscal para 2027 busca actuar en dos frentes: reforzar la fiscalización para combatir la evasión entre quienes ya tributan y facilitar la incorporación a la formalidad de pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia mediante un régimen simplificado como el Resico. Las pymes representan más del 99% de los negocios del país, aunque muchas enfrentan costos financieros y cargas administrativas que dificultan su incorporación y permanencia en el sistema tributario.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé ingresos públicos por 9,1 billones de pesos, equivalentes al 23,2% del Producto Interno Bruto (PIB), un incremento real anual de 3,9%. El aumento de los ingresos no petroleros, estimado en 6,6%, compensará parcialmente la caída prevista de 14,4% en los ingresos petroleros. El gasto, en tanto, ascenderá a 10,6 billones de pesos, con un déficit presupuestario de alrededor de 1,3 billones, equivalente al 3,9% del PIB. “Cifra consistente con una política fiscal responsable que asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo”, ha asegurado el secretario Édgar Amador Zamora.
“Este paquete permitirá fortalecer la base de ingresos públicos sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales”, agrega la propuesta presentada por el despacho ante la Cámara de Diputados. La iniciativa deberá ser discutida y se espera que sea aprobada en octubre.
El Gobierno prevé que los ingresos tributarios alcancen el 15,9% del PIB en 2027, frente al 15,4% planteado para el cierre de este año. Para ello, la estrategia no se limita al impuesto sobre la renta y propone actualizar diversas cuotas y derechos federales para incrementar los ingresos no tributarios, incluidos los correspondientes a servicios migratorios, infraestructura ferroviaria, trámites sanitarios, protección ambiental y uso del espacio aéreo.
Asimismo, también se busca cerrar espacios para la evasión y la elusión fiscal. La iniciativa incluye mecanismos para limitar el uso de operaciones simuladas como vía para reducir artificialmente la carga tributaria, conocidas como factureras. Entre las medidas se encuentra un mecanismo para estandarizar el máximo de deducciones autorizadas que pueden aplicar determinados contribuyentes en cada ejercicio.
Crecimiento moderado
El Gobierno prevé que la economía mexicana cierre 2026 con un crecimiento de entre 1% y 2% y proyecta una expansión de entre 1,5% y 2,5% para 2027. Ofreciendo un panorama optimista, Hacienda espera que el desempeño económico esté respaldado por un mayor dinamismo del consumo y la inversión, así como por una mayor contribución del sector externo, en un entorno de mayor certidumbre comercial y condiciones financieras más favorables.
No obstante, la inversión fija se ha mantenido débil en los últimos meses, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a la revisión del TMEC, el tratado de libre comercio de México, Estados Unidos y Canadá, y la volatilidad de la política arancelaria del presidente Donald Trump. El paquete contempla incentivos fiscales para sectores considerados estratégicos, con el objetivo de estimular nuevas inversiones.
El Gobierno también plantea aumentar el gasto respecto a 2026 en áreas como educación (10,7%), ciencia (13%), salud (11,3%) y seguridad (11,5%). La bandera de la Administración, los programas sociales, representarán el 2,6% del PIB y llegarán a unas 43 millones de personas. Una proporción similar se destinará a inversión física, incluida la construcción de trenes, carreteras, caminos, obras hidráulicas e infraestructura energética.
Consolidación fiscal gradual
El mercado tendrá la mirada puesta en el ritmo de reducción del déficit y en el programa de endeudamiento que será aprobado en las próximas semanas como parte de la iniciativa. En línea con lo planteado previamente por la presidenta, Hacienda apuesta por una consolidación fiscal gradual. “En 2027, seguiremos con la ruta de consolidación fiscal que iniciamos al comienzo de la Administración. Este proceso seguirá haciéndose de manera estratégica sin comprometer los recursos destinados a los programas sociales o a los proyectos de inversión”, afirmó Amador.
La estrategia llega después de que las principales agencias de calificación han advertido sobre el deterioro de las cuentas públicas mexicanas, marcado por el aumento del endeudamiento, menores ingresos y el sostenido respaldo financiero a Pemex. “La conversación no debería limitarse a si los pronósticos macro están en línea; sabemos de antemano que hay un incentivo a ser optimista, sino también concientizarse de que la deuda no se esfuma, se carga durante años pagando sus intereses, y la falta de consolidación fiscal de hoy son intereses futuros para las generaciones por venir”, señala Ramsé Gutiérrez, codirector de Inversiones del gestor de activos Franklin Templeton.
Para financiar el déficit, el Gobierno solicita autorización para contratar deuda interna por hasta 1,7 billones de pesos y deuda externa por 13.500 millones de dólares. En paralelo, el Gobierno ha confirmado que mantendrá el apoyo financiero a Pemex, aunque en una escala sustancialmente menor. El presupuesto de egresos contempla una transferencia federal de 81.100 millones de pesos para la petrolera estatal, un 70% menos que lo planificado el año anterior.