Colombia se ha retirado este jueves de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza de promoción de derechos de las personas LGBTI que integran 43 países y un centenar de organizaciones de la sociedad civil. Lo ha hecho en medio de su ejercicio de la copresidencia, que comparte con España por el periodo 2025-2027. Un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechado este jueves, comunica que la decisión es de aplicación inmediata y que agradece a su contraparte europea por “el trabajo conjunto adelantado” en casi dos años. No detalla los motivos. Sin embargo, dos fuentes de la Coalición cuentan en conversaciones telefónicas que Colombia explicó sus razones en una reunión virtual. El viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, Pedro Roa, señaló que esta alianza intergubernamental “no es una prioridad” para la Administración de Abelardo de la Espriella y que formar parte de ella era “algo del Gobierno anterior”.
“El vicecanciller colombiano dijo que cada Gobierno tiene sus prioridades y que esto no era prioridad para el actual, como sí lo había sido para el anterior. Después, el representante de la sociedad civil en Colombia, Wilson Castañeda, tomó la palabra y dijo que desde el Gobierno de Juan Manuel Santos [2010-2018] había un interés por entrar. El vicecanciller no respondió”, relata una de las fuentes. La decisión no sorprendió a los presentes, luego de semanas en las que Colombia “bajó mucho el perfil”. “La representación gubernamental de ellos quedó en un segundo plano luego del cambio de Gobierno que tuvieron”, agrega la misma fuente.
Tras la divulgación de la noticia, la Cancillería aseguró que tomó la decisión tras “un analisis riguroso” en el que identificó que su participación en la Coalición no era prioritaria para la política exterior. “El retiro no significa, de ninguna manera, afectación a derechos”, dijo el vicecanciller en declaraciones que recoge un comunicado. “Colombia tiene un cuerpo muy robusto en materia de derechos protegidos por la Constitución política, políticas públicas y una serie de normativas, así como sentencias de la Corte Constitucional que protegen a las minorías por orientación sexual”, agregó el diplomático. Este periódico consultó a la Cancillería por las referencias al Gobierno de Petro durante la reunión de la Coalición, pero no obtuvo respuesta.
Roa era el representante de Colombia ante la coalición de países desde antes del recambio presidencial. Diplomático de carrera, fue el segundo al mando de la embajada en Portugal durante la Administración anterior. En diciembre de 2024, la Cancillería lo envió como uno de sus representantes al acto en Berlín en el que el país asumió la copresidencia del grupo. Los presentes recuerdan un discurso en el que el mismo Roa ahondó en cómo defender los derechos LGBTI era una prioridad para Bogotá. El Gobierno de Petro designó a la académica estadounidense Arlene Tickner, una referente de la política exterior feminista, como su representante. Su relación con la Cancillería se tensionó en mayo de este año, lo cual provocó su salida del cargo y que Roa se hiciera cargo de la representación.
Mientras tanto, la oenegé Caribe Afirmativo acompañó la representación de Colombia desde la sociedad civil. Su director, Wilson Castañeda, señala por teléfono que Roa les comentó hace unas semanas que el nuevo Gobierno lo iba a designar como viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares y que tendría que consultar si él podría seguir a cargo de la representación ante la Coalición por la Igualdad de Derechos de manera simultánea. “Nos dijo que era partidario de quedarse, porque sabía que no era tan fácil identificar a otros para que asumieran ese rol. Eso fue hace 15 días. Luego, la semana pasada, nos dijo que aún no había podido hablar con el canciller. Y ayer nos anunció por WhatsApp que le habían dicho que la decisión era retirarse”, relata Castañeda. “Le pedí que intercediera con el canciller para que al menos Colombia se retirara en enero, cuando terminaba la presidencia. Pero me dijo que no tenía una respuesta”.
Para el activista, “la lucha de tantos años se acaba de un plumazo”. “Nos tomó casi una década convencer al Gobierno de que hiciera parte. Mandamos cartas a los gobiernos de Santos y de [Iván] Duque, y fue el de Petro el que finalmente lo concretó”, comenta. Según Castañeda, Colombia tuvo un papel destacado en compartir sus experiencias de políticas públicas en asuntos como acciones afirmativas y apoyos a personas trans. “Países como Nepal reconocen que muchos de sus avances tienen que ver con nuestro apoyo”, apunta.
Caribe Afirmativo ha repudiado la decisión a través de un comunicado. “Es un desaire a la comunidad internacional, una ruptura con el liderazgo que Colombia había construido y una señal política inequívoca sobre el lugar que el actual Gobierno está dispuesto a otorgar a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+”, se lee en el texto. Otras organizaciones de derechos humanos se han solidarizado. “Los compromisos del Estado con la igualdad y la dignidad de las personas LGBTIQ+ no pueden ponerse y quitarse según quién ocupe la Presidencia”, cuestionó la oenegé Temblores en X.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó en sus redes sociales que la comunidad LGBTI “es uno de los grupos sociales más marginados y que mayor violencia sufren”. Enfatizó que requiere del respaldo del Estado, el cual está obligado a darlo. “Los derechos humanos no pertenecen a ninguna ideología, partido ni expresión política. Son derechos reconocidos constitucional e internacionalmente”, subrayó.
En sintonía con Estados Unidos
Colombia se suma así a Estados Unidos, que también se retiró tras la segunda llegada de Donald Trump al poder en 2025. El Gobierno de Nasry Asfura en Honduras, en tanto, informó hace unas semanas su intención de seguir los mismos pasos. Otros países con líderes de ultraderecha, como Italia y Argentina, se han quedado pero sin participar de manera activa. Chile, al mando de José Antonio Kast, se ha mantenido como uno de los países líderes. “Paradójicamente, es muy protagónico. Lidera el grupo de diplomacia”, relata Castañeda.
El retiro de Colombia ocurre apenas unos días después de que el presidente respaldara a un grupo de congresistas que han presentado un proyecto de ley para prohibir tratamientos médicos de afirmación de género en menores de edad, un derecho que la Corte Constitucional reconoció en 2022. “Llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos”, declaró. El mandatario, además, ha designado en puestos clave a varios políticos que han hecho comentarios descalificatorios contra la población LGBTI o se han opuesto a la ampliación de derechos: el canciller, Omar Bula; el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez; la ministra de Educación, Ilva Hoyos.
Castañeda señala que el Gobierno “está dejando sin oxígeno” a la agenda de ampliación de derechos. “En el discurso, se cuida de no mostrarse anti-LGBTI, pero en la práctica demuestra que lo es”, comenta, al tiempo que critica la discontinuación de un fondo para proyectos productivos de personas trans. Lo contrasta con la Administración de Petro, con la que había una interlocución fluida. “Tuvo muchos errores, pero dio un salto grande hacia compromisos concretos”, dice. El avance que significó la adhesión a la Coalición por la Igualdad de Derechos, conformada por Uruguay y Países Bajos en 2016 para compartir experiencias en políticas LGBTI, ya se ha revertido. El director de Caribe Afirmativo expresa su frustración. “Ni siquiera nos consultaron”, reprocha.