La Contraloría General de la República determinó levantar cargos y establecer responsabilidades en contra del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, actualmente en prisión preventiva por fraude al fisco y otros delitos.
El organismo a cargo del contralor Jorge Bermúdez además propuso sanciones para 13 funcionarios y exfuncionarios que trabajaron bajo su gestión.
La Contraloría sostuvo que el exmilitante de Renovación Nacional incumplió con diversas normativas para controlar el uso de recursos públicos de manera interna, recogió El Mercurio. Así, decidió aprobar el sumario y «establecer la responsabilidad administrativa de Raúl Torrealba, por hechos que contravienen gravemente el principio de probidad administrativa».
Se le formulan cargos por «recibir mensualmente, durante entre el mes de agosto de 2018 y diciembre de 2020, a través de la señora Antonia Larraín Prieto, directora de Desarrollo Comunitario de la referida entidad edilicia, sobres con diversas sumas de dinero en efectivo, sin constatar el ingreso de dichos fondos en arcas municipales».
En el caso de Larraín Prieto -formalizada en la arista penal del caso-, Bermúdez propuso su destitución pese a que ya no figura con el cargo en el municipio. Además, Contraloría incluyó a José Bucarey por su rol como jefe de la Dirección de Administración y Finanzas durante el periodo en cuestión, proponiendo también su destitución.
Lo propio se sugiere para el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación Gustavo Bravo; la exsubdirectora de Finanzas Nancy Ortiz. En tanto, para el chofer del vehículo del exalcalde, Luis Jara, fue estimada la suspensión de su cargo por tres meses, con un goce de 50% de sus remuneraciones.
En tanto, otros siete funcionarios que cumplían funciones en el periodo en que se registraron las irregularidades fueron sancionados, sostiene el rotativo.
LA FORMA DE APLICAR LAS SANCIONES Y RESPONSABILIDADES, SEGÚN EXPERTOS
Consultado por el medio citado, el académico de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Cordero, señaló que en la responsabilidad que establece Contraloría, «la falta más grave es un atentado grave al principio de probidad administrativa«.
En el caso de los funcionarios que fueron apartados de sus funciones con antelación, el abogado explicó que «eso no obsta que se inicie un proceso disciplinario y si se establece su destitución, eso conlleva una inhabilidad para cargos y oficios públicos de cinco años», pudiendo afectar a futuras eventuales postulaciones a otros cargos.
Respecto a Torrealba, Cordero detalló que se enfrenta a un escenario distinto, pues «son elegidos por la comunidad y no están sujetos de forma estricta a una responsabilidad administrativa».
«Si la Contraloría establece que hubo faltas a la probidad administrativa, el concejo municipal puede presentar un requerimiento ante el tribunal electoral para que se destituya al alcalde», dijo. En tanto, en el caso de que no esté en ejercicio, «se aplica una inhabilidad de cinco años, para acceder a cargos u oficios públicos».
La académica de la Universidad de Los Andes, Rosa Gómez, afirmó que la disposición de Contraloría es una «propuesta» y que la responsabilidad de Torrealba «la debe hacer efectiva el concejo municipal ante el tribunal electoral respectivo», para que así se aplique la «inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años».
En el caso de los funcionarios municipales cuestionados, «si a la fecha en que se inició el sumario las personas habían dejado sus cargos, no es posible hacer efectiva la responsabilidad», sentenció.