Nuevos aires de reformas recorren La Habana. El régimen cubano ha anunciado este viernes un paquete de cambios estructurales bajo el denominado Programa Económico y Social para el 2026, dado a conocer por el presidente Miguel Díaz-Canel, para hacer frente a una de las crisis más severas de su historia reciente.
Las medidas incluyen una descentralización inédita del pesado aparato estatal, la participación de las empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones a cubanos en el exterior, el fin de subsidios a productos y una severa reducción de la burocracia. “Son tiempos en los que hay que cambiar”, afirmó el mandatario, presionado por un desabastecimiento crónico, el colapso energético, el fantasma latente del descontento social y la presión de Estados Unidos.
El núcleo de la reforma radica en dinamizar una economía paralizada por el centralismo. El plan contempla otorgar a los municipios la facultad de gestionar sus propios ingresos en divisas, autorizar proyectos con cubanos residentes en el exterior e, incluso, ejecutar operaciones de comercio exterior sin intermediación estatal. A partir de ahora, según el líder cubano, los municipios tendrán “todas las posibilidades de decidir cuáles son sus empresas, cuáles son sus actores económicos, cuáles son las matrices de interrelación de estos actores económicos, cómo se conciben, cómo se construyen los sistemas productivos locales, cómo se aprovechan las fortalezas endógenas”. Esta medida representa un cambio radical frente al férreo centralismo que ha marcado la economía cubana desde el inicio de la revolución en 1959.
Asimismo, la Empresa Estatal Socialista —el histórico y burocrático motor de la revolución— operará teóricamente “sin manos metidas en su gestión”. El mandatario prometió que estas entidades podrán diseñar sus propios sistemas salariales sin techos regulatorios y “participar directamente del mercado cambiario”. El objetivo es equiparar sus condiciones a las del emergente sector privado (las mipymes), cuya aprobación definitiva también será delegada a los gobiernos locales para agilizar el papeleo.
De esta manera, el Estado da la libertad a todos los sectores de la economía “de abrir cuentas reales en divisas en los bancos”. Díaz-Canel también dijo que “todos los trámites de creación de las empresas, que todos los trámites para el fomento de las producciones agropecuarias sean lo más ligeros posible y tengan la menor demora posible y el menor papeleo y la menor burocracia posibles; y que se puedan desarrollar todo un grupo de modalidades de negocio entre diferentes actores que permitan, en poco tiempo, llegar a la soberanía alimentaria, ser autosuficientes en la producción de alimentos”.
Reestructuración del aparato del Estado
El paquete abarca otros sectores críticos e incluye una reducción drástica de ministerios y cargos burocráticos para recortar el gasto público y financiar una futura reforma salarial en el sector, transición gradual hacia el subsidio a personas vulnerables en lugar de a los productos, como se hace ahora bajo la llamada cartilla de racionamiento. “Ya hay un Proyecto de Ley que se hizo público en el sitio de la Asamblea Nacional, pero hay una reducción importante, no solo de ministerios, sino también de cargos”, aseguró.
La idea, según el jefe de Gobierno, es lograr “un ahorro de gastos del Presupuesto, que van a quedar disponibles para apoyar programas sociales o para apoyar la reforma salarial, a la cual, en el menor tiempo posible, tenemos que ir sobre todo en el sector presupuestario, porque en el sector empresarial no hay límites —o sea, cada empresa diseña su sistema salarial y paga su salario a partir de los ingresos que sea capaz de generar”. En unas palabras que hace unos meses parecían impensables, Díaz-Canel aseguró: “Creo que vamos a lograr que tengamos un Estado, un Gobierno, organizaciones que tengan menos burocracia, que sean más dinámicas, con más capacidad de adaptación a las propias exigencias que tienen los tiempos actuales”.
Las nuevas reformas incluyen también una apertura del sector inmobiliario ante la retirada de las grandes cadenas internacionales de hoteles por las sanciones estadounidenses y la flexibilización de la entrega de tierras ociosas y acceso de los productores a cuentas bancarias reales en divisas. La idea es, dijo el presidente, crear “nuevas modalidades, con nuevos actores” que permitan explotar “toda esa infraestructura que tenemos”.
“No podemos pensar, en estos momentos, solo en las grandes cadenas cuando muchas de ellas, por la presión del gobierno de los Estados Unidos, se han retirado del país”, admitió. Por lo que, dijo, “gestionamos negocios en el ámbito inmobiliario y en el turismo, con nuevas modalidades y con otros actores que no son los que han estado tradicionalmente en estos espacios”.
Díaz-Canel justificó el giro pragmático como una respuesta de resistencia frente al embargo estadounidense. Las medidas, sin embargo, parecen una confesión implícita de las amarras que han asfixiado la productividad de la isla. “Estados Unidos no se perdona que, a estas alturas, con toda la máxima presión que han ejercido, la Revolución sigue existiendo y el país sigue funcionando. Y ni ellos mismos se creen eso que tanto hablan y repiten de Estado fallido”, afirmó Díaz-Canel ante la prensa oficial, buscando blindar políticamente el anuncio.
La Casa Blanca ha desplegado una agresiva estrategia contra Cuba, que combina la asfixia financiera sin precedentes con presiones diplomáticas. La Administración de Donald Trump ha cercado la economía de la isla mediante un severo bloqueo energético al restringir drásticamente el flujo de crudo y perseguir a los buques que intentan burlar el cerco. Además, el Departamento de Estado ha limitado el acceso de Cuba a la banca internacional, forzando incluso la salida de operadores como Visa y Mastercard. Washington busca estrangular los ingresos del conglomerado militar GAESA, un conglomerado militar que controla prácticamente la mitad del PIB de la isla.
El mandatario estadounidense, que ha llegado a hablar de una “toma de control amistosa” de la isla, también ha ordenado mantener canales de comunicación de alto nivel encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de forzar concesiones políticas y la liberación de prisioneros a cambio de alivio económico, en un momento en que el régimen cubano carece de liquidez y se enfrenta al colapso de sus servicios básicos.
Son esas presiones las que han forzado las nuevas reformas. El propio Díaz-Canel admitió que en los últimos cinco meses que “nada más ha entrado un barco de petróleo a Cuba”. Ante este estrangulamiento, el plan estatal promueve la transición hacia fuentes renovables y la importación y ensamblaje de vehículos eléctricos que se carguen con energía solar.
El gobernante apeló a la retórica de la ortodoxia castrista para pedir confianza a una población exhausta por los apagones y la inflación. “En los tiempos complejos no se puede prescindir de la pasión por el desarrollo”, sentenció, pero advirtió de que los cambios mantendrán el control político. “No todo lo podemos decir tan claramente, porque el enemigo está acechando”, dijo. “Nos quieren condenar todos los días. Hay una guerra psicológica para amedrentarnos, para que tengamos miedo, para que claudiquemos, aseguró. Y concluyó con un mensaje de confrontación: ”No se dan cuenta de que hay un pueblo dispuesto, en su mayoría, a no rendirse y a no dejarse humillar, y a no perder lo que es perfectible”.