Este martes, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y un grupo de organizaciones en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que acogió, a finales del año pasado, el reclamo presentado por la empresa Andes Iron contra la decisión del Gobierno de rechazar el controvertido megaproyecto Dominga.
La resolución recurrida, fechada el 10 de diciembre de 2024, ordenó al Comité de Ministros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, encabezado por la cartera de Medio Ambiente, emitiera una nueva resolución sobre la calificación de la iniciativa minero-portuaria, argumentando que la decisión tomada por el gabinete en enero de 2023 contenía “pronunciamientos contradictorios e incoherentes” y estaba fuera del plazo legal establecido.
“Ministros que habían manifestado previamente su parecer, posteriormente no se inhabilitaron”, señaló también el tribunal ambiental.
Contra esta decisión, el SEA y un grupo de organizaciones y particulares, entre ellos Oceana, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera y la Asociación de Pescadores de Los Choros, interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo.
El 8 de enero pasado, el Comité de Ministros rechazó por segunda vez en dos años, por unanimidad, el proyecto Dominga.
El fallo de la Suprema
Esta tarde, la Tercera Sala de la Corte Suprema comunicó que revisó los recursos del SEA y las mencionadas organizaciones y estableció que no se cumplieron los requisitos de admisibilidad exigidos por el Código de Procedimiento Civil.
En un fallo de ocho páginas, el máximo tribunal explicó que los recursos de casación son “de carácter extraordinario y de derecho estricto”, ya que se conceden solo para anular una sentencia en los casos que la ley señala expresamente.
Una de las razones clave para la inadmisibilidad fue que la resolución del Primer Tribunal Ambiental no es una sentencia “definitiva”.
Según el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, una sentencia definitiva es aquella que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.
Sin embargo, indicó la Suprema, “la sentencia impugnada no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”.
Tampoco se trata, agregó, de “una interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación , tanto así que, en su propio contenido ordena seguir con ella, ordenando a la autoridad recurrida a emitir un nuevo pronunciamiento respecto del cual podrán interponerse los recursos que en derecho correspondan”.
El máximo tribunal concluyó que, “en consecuencia, al no reunir la decisión impugnada la naturaleza de aquellas que permiten los recursos interpuestos, estos no pueden ser admitidos a tramitación, tal como lo ha resuelto de manera constante y uniforme esta Corte en casos anteriores”.
La resolución fue redactada por el ministro Jean Pierre Matus y firmada por los ministros Adelita Ravanales y Diego Simpértigue, y por la abogada integrante María Angélica Benavides.
El polémico proyecto, que incluye una mina y un puerto, se ubica a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, y cerca del Archipiélago de Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80% de esta especie de pingüinos.
El fallo de la Suprema sobre recursos de casación Dominga by Radio Cooperativa
Andes Iron celebra, pero organizaciones aclaran que no implica aprobación del proyecto
Tras darse a conocer la sentencia, Andes Iron calificó el fallo de la Suprema como “histórico” y, con tono victorioso, aseguró en un comunicado: “Con este dictamen se pone fin a más de 12 años de trámites y litigios, despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico, y abriendo paso a la construcción de Dominga: una oportunidad largamente esperada por la comunidad de La Higuera y la Región de Coquimbo”.
“En el ámbito judicial, solo queda pendiente una discusión de carácter procesal, radicada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relativa al cumplimiento incidental del último fallo del Primer Tribunal Ambiental”, aseveró la firma.
Sin embargo, Marcos Emilfork, abogado de la ONG Fima y parte del equipo legal de Alianza Humboldt, que trabaja en la defensa del Archipiélago de Humboldt, aclaró que Dominga se mantiene rechazado y sin autorización para operar.
“La Corte Suprema no admitió a trámite los recursos, lo que no implica ninguna resolución definitiva respecto del proyecto“, declaró el jurista.
“Lo primero que hace la Corte Suprema, de hecho, es recordar que el Primer Tribunal Ambiental mandó al Comité de Ministros a resolver los recursos, lo cual se hizo en enero de este año, instancia que rechazó el proyecto nuevamente; luego, la Corte Suprema recuerda que, sobre casos como este, sólo va a poder pronunciarse una vez que estén todas las vías agotadas“, agregó Emilfork.
Por su parte, Carolina Bahamondes, presidenta de Modema, una de las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Alianza Humboldt, remarcó: “Llevamos más de 10 años en esta lucha sin tregua. Dominga es el claro ejemplo de que la corrupción, la manipulación de la información, el tráfico de influencias, la codicia y la ambición desmedida, han mantenido esta historia sin un desenlace; sin embargo, no bajamos los brazos”.
“Aún tenemos la esperanza de que la institucionalidad ambiental alguna vez funcione y termine de una vez por todas con este nefasto proyecto. Aun no ha sido el caso, escuchamos la sentencia de la Corte Suprema y estamos seguros que esto terminará bien para quienes hemos demostrado que este proyecto no es compatible con el Archipiélago de Humboldt y que un futuro mejor y sustentable es posible”, concluyó.