El barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) constata que el problema de la vivienda es la principal preocupación para los españoles. El 55,7% de los más de 5.000 encuestados afirma que es el mayor problema del país y hay un 33,8% que indica que es la dificultad que más le afecta “personalmente”. El estudio del instituto que dirige José Félix Tezanos se realizó durante los primeros días de octubre, por lo que es el primer barómetro hecho desde el desahucio de Maricarmen Abascal y la caída de los decretos de vivienda el 2 de octubre en el pleno del Congreso de los Diputados. Más de la mitad de los encuestados (57,1%) opina que, ante una situación como la vivida por Maricarmen, debe primar la protección de las personas vulnerables. Además, hay ocho de cada 10 ciudadanos que quieren que la vivienda sea garantizada como derecho constitucional.
El CIS pregunta a los ciudadanos si han oído hablar del caso de Maricarmen Abascal. La mayoría, el 54,1%, dice que tiene constancia del tema “con bastante detalle” y hay un 34,8% que lo conoce “de forma general”. Solo hay un 9,1% de españoles que dice que le suena el asunto y un 1,5% que dice no saber nada del tema. A quienes han oído hablar del desahucio, el barómetro pregunta por la “importancia” que tienen casos como este. La mayoría le da mucha o bastante importancia (75,1%), frente a un 22,7% que le da “poca” o “ninguna” importancia.
En situaciones como esta, debe primar “la protección de las personas vulnerables”. Así se pronuncia el 57,1% de los encuestados. Frente a ellos, hay un 32,7% de ciudadanos que indica que en estos casos es importante que se cumplan “la ley y los contratos”. En este aspecto difieren los votantes de la izquierda y la derecha. Los ciudadanos que dicen votar al PP o a Vox apuestan por cumplir la ley y los contratos, frente a los votantes de PSOE y Sumar, que indican que lo esencial es la protección de los más vulnerables.
“¿Sabe usted que el Gobierno aprobó el pasado martes 29 de septiembre dos decretos sobre vivienda?”, pregunta el organismo en referencia a los textos que decayeron en el pleno del Congreso. Ocho de cada 10 ciudadanos afirman ser conscientes de la decisión del Consejo de Ministros y, entre ellos, hay opiniones contrapuestas. Un 13,6% dice que valora “muy positivamente” las medidas y un 33,6% lo hace “bastante positivamente”. Enfrente, hay un 17,8% que valora estas políticas “bastante negativamente” y un 24,5% que las ve “muy” negativas. Los votantes del PP y Vox se muestran contra las medidas y los del PSOE y Sumar se muestran a favor.
Medidas concretas en vivienda
Los decretos que salieron del Consejo de Ministros contemplaban diferentes medidas en materia de vivienda. El CIS pregunta a los ciudadanos si están a favor o en contra de ellas. La única medida con mayoría de españoles en contra es la prórroga automática de los alquileres, un asunto contra el que se posiciona el 52,1% de los ciudadanos y apoya el 43%. Sin embargo, hay un 58,6% de los ciudadanos que está a favor de prorrogar dos años los alquileres.
El resto de las medidas reciben un apoyo mayoritario. La más respaldada es la rebaja del IVA en la construcción de vivienda protegida al 4%, apoyada por el 95,1%. Otra política que recibe mucho apoyo es la dotación de una línea de crédito para la compra de una primera vivienda —apoyada por el 87,9%—, las rebajas de impuestos a propietarios e inquilinos —respaldadas por el 81,4%—, un impuesto del 10% a los pisos turísticos (75,1%), la prohibición temporal de viviendas a los fondos buitre (67,1%), la prohibición de los desahucios a familias vulnerables (64,9%) y el endurecimiento de las condiciones de los alquileres de temporada y por habitaciones (64%).
Aun así, el 82,3% coincide en que lo más importante en esta materia, en estos momentos, es priorizar la vivienda como un derecho constitucional. Enfrente, hay un 11,5% que dice que hay que priorizar “la vivienda como bien de mercado”.
Entre las preguntas sobre vivienda, el CIS pregunta a los ciudadanos por qué administración tiene la mayor parte de las competencias en este asunto. El 40,7% de los encuestados afirma que las competencias en vivienda las tienen mayoritariamente las comunidades autónomas, frente al 35% que dice que las tiene el Estado y el 10,2% que cree que las tienen los ayuntamientos. A este respecto, hay una mayoría de ciudadanos (48%) que dice que es el Estado quien debe tener estas competencias. Enfrente, hay un 23,9% que indica que deben tenerlas las comunidades y un 21,8% que afirma que han de recaer sobre los ayuntamientos.