Esta semana cierra como una de las más movidas en el frente fiscal de Colombia. El Gobierno de Abelardo de la Espriella firmó el jueves dos decretos. Con el primero, fijó el presupuesto de 2027, por 634,9 billones de pesos, luego de que el proyecto de ley fracasara por un error de trámite. Con el segundo, le quitó 13,8 billones a las cuentas de este año, sellando su primer intento formal por reducir el gasto. El Consejo de Ministros autorizó el 29 de agosto un recorte de hasta 21,9 billones, que llega incompleto casi dos meses después, con la promesa de Hacienda de que “habrá otro” en los dos meses que quedan de 2026. Para Mauricio Salazar, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, lo decretado “es insuficiente relativo a lo que habían anunciado”.
La tijera cae sobre todo en los intereses de la deuda externa y en la inversión, y deja sin resolver el desbalance con el que nació el presupuesto de este año. El Congreso lo aprobó un año atrás con un hueco explícito de 16,3 billones de pesos, que se conseguirían con una ley de financiamiento que rechazó en diciembre el Senado. El entonces presidente Gustavo Petro respondió con una emergencia económica y un decreto de impuestos que sumó 11 billones a los ingresos, sin tocar el gasto, pero que la Corte Constitucional suspendió a finales de enero y tumbó en abril, cuando ordenó devolver lo recaudado. Pese a ello, el Observatorio explica que esos ingresos siguen anotados en el presupuesto y el gasto que debían financiar sigue intacto. Una segunda emergencia, por la ola invernal de febrero, sumó lo mismo a ingresos y a gastos, y no cambió el resultado final.
Cuando los ingresos (recibidos por impuestos, otros ingresos como utilidades de Ecopetrol o préstamo pedido) no alcanzan, el Estatuto Orgánico del Presupuesto permite al Gobierno recortar o aplazar partidas para volver a cuadrar el presupuesto. El Observatorio calculó este mes que ese ajuste debe sacar del presupuesto los ingresos que tumbó la Corte, unos 9,4 billones, y bajar el gasto en otros 14,7 billones, para llegar al equilibrio. En la cifra, el decreto se acerca. “Es casi lo que les tocaba recortar”, reconoce Salazar, que señala, sin embargo, una diferencia sustancial en la forma. El decreto baja ingresos y gastos en el mismo monto, así que, en el papel, el hueco se mantiene. Según cálculos de este diario con base en la reconstrucción del Observatorio, el presupuesto sigue con al menos 5,3 billones más de gastos que de ingresos.
Con todo, en Hacienda celebran. “Semana de buenas decisiones de hacienda pública nacional”, escribió en X el viceministro técnico, Juan Sebastián Betancur, que hasta julio fue director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Entre esas decisiones contó el presupuesto para 2027, “aprobado por decreto, tras amplia deliberación del Congreso”, y el recorte, “que marca el inicio del rescate fiscal”. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, habló en el mismo tono en el comunicado del Ministerio. “Estamos demostrando con hechos que el Estado debe ajustar sus gastos a los ingresos reales del país”, afirmó.
El mayor rubro recortado es el servicio de la deuda, con 4 billones de pesos menos en pagos de intereses de deuda externa. El decreto no explica por qué bajan; Corficolombiana lo asocia al comportamiento de la tasa de cambio, que hace que se paguen los mismos dólares con menos pesos. Después está la inversión, que pone seis de cada diez pesos recortados aparte de la deuda. El Instituto Nacional de Vías (Invías) pierde 1,4 billones, más que cualquier otra entidad, y la Aeronáutica Civil le sigue. En Prosperidad Social, ocho de cada diez pesos recortados salen de las transferencias monetarias para población pobre, que el decreto asocia al programa Renta Ciudadana.
Pese a ello, el recorte efectivo podría ser menor, pues el decreto deja por fuera las partidas que respaldan compromisos ya perfeccionados, es decir, la plata para pagar contratos ya firmados este año. Y en 11 órganos autónomos, entre ellos la Registraduría, la Rama Judicial y la Fiscalía, el decreto solo fija un total (unos 2 billones de pesos) y les da tres días para decir qué partidas reducen.
Las cuentas del año ayudan a entender la urgencia. A agosto, el déficit del Gobierno nacional central llegaba a 4,7% del PIB, frente a 4,1% un año antes, según el CARF. La meta oficial para todo 2026 es 7,2%. Entre enero y agosto, más de uno de cada cuatro pesos recogidos en impuestos se fue en intereses, una proporción superior al promedio histórico. Y, sin las dos emergencias, el recaudo tributario bruto habría caído 1,6% en términos reales.
Con ese panorama, el segundo tramo de recortes que planea Hacienda tendrá menos margen. A septiembre, siete de cada diez pesos del presupuesto ya estaban comprometidos, según el CARF. Ya casi huele a natilla y a buñuelo, y es lo que le queda al Gobierno para recortar más este año.