Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó una importante sentencia en materia de contaminación acústica. El fallo, que puede consultar aquí, dio la razón a un hombre que tuvo que soportar durante años los ladridos del perro de su vecino, condenando no al propietario del can, sino al ayuntamiento de Antella a pagar una indemnización de 3.000 euros a la víctima por no intervenir en el conflicto.
Pero no todos los conflictos por los ruidos de las mascotas pueden dar pie a una indemnización. A la luz de la sentencia del TSJ valenciano, y coincidiendo con el Día Internacional de la concienciación sobre el Ruido (26 de abril), repasamos en qué circunstancias las molestias causadas por los animales de compañía pueden dar pie a una indemnización.
Estos son los pasos legales que los expertos aconsejan dar en estas situaciones.
El primer paso
Hablar con el vecino. Además de ser un buen signo de vecindad, es un paso esencial a efectos legales, pues los tribunales rechazan dar la razón a las víctimas si estas no trasladan primero sus molestias al emisor del ruido. No hay que olvidar el propietario de la mascota puede no ser consciente de que está molestando al vecindario.
Fracasado el diálogo, la recomendación de la abogada Yomara García Viera, presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido, es «remitir un burofax certificando el contenido y con acuse de recibo» instando a cesar la situación. Además, aconseja comunicar el problema «a la administración de la comunidad de propietarios y al presidente de la comunidad».
Analizar la situación
Si el escándalo persiste, antes de cargar la artillería legal hay que analizar si los ruidos merecen reproche judicial. Es preciso señalar que hay sonidos que se asumen como parte de la convivencia y los tribunales, en términos generales, exigen dos requisitos en este tipo de casos. En primer lugar, que el ruido sea constante y repetido en el tiempo. Fastidiar una siesta no vale. En segundo término, que el ruido «sea objetivamente calificado como evitable e insoportable», apunta el letrado Antonio García, del despacho Abogado del Ruido.
Queja al ayuntamiento
Si la vía amistosa fracasa, el siguiente paso es presentar una queja frente al ayuntamiento o una denuncia ante la Policía Local, que puede ser telefónica, online o presencial. Los consistorios tienen la obligación de garantizar la calidad de los ambientes sonoros en sus localidades, por lo que deben analizar todas las reclamaciones que lleguen a su buzón y buscar una solución. Y si las autoridades dan la callada por respuesta, el consistorio puede ser condenado por su pasividad. Ello puede traducirse en una condena a pagar una indemnización a la víctima, tal como ha ocurrido en el caso del TSJ valenciano. «Muchas de las acciones judiciales se entablan frente a estas Administraciones, no por ser emisores de ruidos, sino por no emitir una respuesta frente a los mismos», asegura el abogado Antonio García.
«Normalmente los ruidos de mascotas vienen recogidos en las ordenanzas municipales contra el ruido y vibraciones y en las ordenanzas de convivencia ciudadana. Dichas ordenanzas establecen las infracciones y las sanciones que procede imponer en cada caso. La competencia en materia de ruidos es de los ayuntamientos», recuerda, por su parte, Yomara García.
Vía judicial
Agotado el diálogo y la vía administrativa (y solo entonces, insisten los expertos), queda acudir al juzgado. En situaciones límite, la víctima puede presentar una demanda y alegar que el escándalo de las mascotas vulnera su derecho fundamental a la integridad física, protegido en la Constitución. En estos casos, además, «se vulnera, el derecho fundamental a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio», señala Antonio García.
Lo más difícil: la prueba
La norma general dice que quien genera un daño tiene la obligación de repararlo. Si un vecino es víctima de los ruidos constantes de los perros de otra persona, y su salud se ha visto afectada, éste tiene derecho a una compensación económica. También, por ejemplo, si el afectado se ha visto obligado a reformar su casa, por ejemplo, cambiando las ventanas. Además, por supuesto, puede exigir que la situación cese.
Pero no hay blancos y negros en estos pleitos. Y cada caso merece su estudio. El meollo radica en discernir qué daños para la salud concretos ha provocado la situación y que los ladridos de los animales (no otros) son la causa del problema. Se trata de una cuestión espinosa, pues requiere de cuantas más pruebas, mejor. «Es recomendable aportar en el procedimiento judicial informes médicos, periciales psicológicas y/o psiquiátricas, así como informes de valoración del daño corporal, que determinen la afección a la salud de las personas afectadas», explica la abogada experta Yomara García. La indemnización, añade, puede contemplar daños morales, personales y materiales.
La clave, complementa Antonio García, es delimitar lo que en el lenguaje jurídico se conoce como «nexo de causalidad», que conecte el ruido con la ansiedad, los problemas para dormir o la depresión. El abogado señala tres pasos: «Hay que probar, primero, la situación ruidosa, para lo que nos valemos de testigos, mediciones acústicas y actuaciones ‘in situ’ de la policía». Después, debe existir un tratamiento médico que debe probarse «con informes y partes de asistencia» y «un informe pericial al respecto». Y en tercer lugar, hay que demostrar la conexión entre la causa y su consecuencia, para lo que se precisa otro informe de perito, que se persone en el domicilio para comprobar la situación ruidosa, y pueda enlazarla con los padecimientos de la víctima.
Consecuencias
La exposición al ruido está relacionada con problemas de ansiedad, depresión, insomnio, impotencia sexual, demencia e ictus. Cada año, según estimaciones, este factor está detrás de la muerte de hasta 500 personas en Madrid. Así lo denuncian más de 2.000 organizaciones contra el ruido y asociaciones vecinales, que en el mes de abril se han unido en la campaña El Ruido Mata, para concienciar sobre la problemática de la contaminación acústica. Reclaman una mayor protección legal y reforzar la concienciación de las autoridades.
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