Miércoles Santo, a las 13.00. El responsable de una cadena de salones de juego recibe una llamada. Es un miembro del equipo de seguridad de uno de sus establecimientos en Málaga, que le dice que él mismo tiene retenido al gerente del local en el centro comercial Vialia —en la estación de AVE— y exige 50.000 euros por su rescate. A pesar de la tensión del momento, mientras negocia con el secuestrador, el receptor avisa a la Policía Nacional. Le piden entonces que alargue las conversaciones y, 90 minutos después, un grupo de agentes acude al lugar donde se encontraban, arrestando al vigilante y su compinche. Tras pasar a disposición judicial, ambos han quedado en libertad provisional con medidas de alejamiento sobre la víctima.
El secuestro se produjo en el contexto de una supuesta deuda. Todo partió de un error informático de salón de juegos, que hacía que el establecimiento pagase el doble por los premios que conseguían sus clientes. Cuando el vigilante de seguridad vio lo que ocurría, avisó a un grupo de amigos para que aprovecharan la oportunidad, según han explicado fuentes de la investigación. Varios acudieron a su llamada, quienes consiguieron distintas recompensas. El casino, sin embargo, al darse cuenta del fallo tecnológico, bloqueó los pagos porque los entendía fraudulentos. Arrancó entonces el conflicto.
“El vigilante se erigió en mediador entre los premiados y el gerente. Hizo como que quería gestionar el problema, pero en realidad estaba compinchado con sus conocidos”, explican las mismas fuentes. En esos días realizó seguimiento de su jefe y obtuvo información de su familia o su casa. También empezó a enviarle mensajes y audios que iban subiendo de tono y amenazas. “Estas acciones generaron una importante sensación de intimidación, al comprobar la víctima que los autores conocían sus movimientos, su vehículo e incluso su domicilio”, añaden desde la Policía Nacional en un comunicado.
Finalmente, el trabajador quedó con el gerente y lo retuvo en el centro comercial con el apoyo de un cómplice. Le amenazaron, le enseñaron pruebas de que sabían dónde vivía o conocía a sus familiares cercanos “y le dijeron que de allí no se iba si no pagaban por su rescate 50.000 euros”, indican desde la Policía Nacional. Era el dinero que, supuestamente, reclamaban haber obtenido los premiados.
Para conseguir el pago, contactaron con un responsable de la franquicia, con sede en Madrid. Este, acostumbrado a tener contacto con agentes de la Brigada de Juego de la Policía Nacional, les avisó en cuanto tuvo conocimiento del secuestro. Con apoyo policial, mantuvo entonces una negociación sobre los detalles del pago, alargándola al máximo. Mientras tanto, el Grupo de Secuestros madrileño contactó con sus homólogos en Málaga (el Grupo I de Crimen Organizado de Udyco en Málaga), que acudieron al centro comercial donde se encontraban los dos secuestradores con la víctima y, pasadas las 14.30 del Miércoles Santo, los arrestaron. Ambos están acusados de un delito de secuestro y, tras pasar a disposición judicial, fueron puestos en libertad con medidas de alejamiento sobre la persona que retuvieron.