El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha retirado la competencia especial de terrorismo a los juzgados de Caracas que concentraban la mayoría de los procesos contra presos políticos. La medida, firmada por la presidenta del alto tribunal, Caryslia Rodríguez, y publicada en su página web, se produce en pleno tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno interino y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015. Con este cambio, la investigación y decisión de las causas penales se reasignan a los juzgados ordinarios de primera instancia de cada estado, a los que la resolución insta a evitar el “ascenso excesivo” de expedientes a la fase de juicio sin una calificación jurídica rigurosa.
Esto implica en la práctica que los delitos por terrorismo serán juzgados ante tribunales ordinarios atendiendo a los criterios de materia, competencia y territorio donde ocurrieron los hechos. Por ejemplo, los expedientes de personas aprehendidas en el estado fronterizo de Apure y acusadas de terrorismo deberían ser trasladados a ese estado. “Esta es una medida positiva”, señala el abogado Joel García, que asiste a varios presos políticos. “Los jueces contra el terrorismo son los verdugos del régimen y se encargaron de perseguir a la disidencia. Algún día tendrán que ser investigados y condenados”, agrega.
Para este defensor, lo que sigue es que estos casos sean distribuidos a los tribunales ordinarios “por ser sus jueces naturales, y en algunos casos los delitos de terrorismo tendrán que ser eliminados”. Está por verse si estas causas, consideradas injustas y violatorias del debido proceso, van a sobreseerse o seguirán adelante en instancias ordinarias.
En la decisión no se suprime taxativamente la jurisdicción especial de terrorismo creada hace casi 15 años. Lo que se elimina es la competencia especial de los cuatro tribunales de control de Caracas que, en la práctica, eran los únicos que juzgaban esta materia a nivel nacional. Algunos abogados tienen otra interpretación y advierten de que la decisión aún mantiene la actividad de los jueces de terrorismo en materia de adolescentes y en las etapas de juicio y apelaciones. “Esta resolución lo que busca es huir hacia adelante, porque siguen siendo válidas las causas de terrorismo y los casos que están en juicio”, apunta Omar Tosta Mora, abogado de varios dirigentes del partido Vente Venezuela.
Reforma judicial pendiente
La reforma de todo el Poder Judicial sigue pendiente. La mesa de diálogo trabaja en el nombramiento de un nuevo TSJ. Esta resolución no cambia significativamente el problema estructural, pero en algunos sectores es entendida como una señal. La eliminación de los tribunales de terrorismo ha sido una demanda que este año los defensores de derechos humanos han exigido en el marco de la apertura política a la que ha sido forzado el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez tras la intervención militar estadounidense del 3 de enero.
Estos tribunales fueron creados en 2012 por una resolución del Supremo, lo que es violatorio de la Constitución, porque las jurisdicciones especiales solo pueden ser creadas mediante una ley. En Venezuela solo existen instancias de este tipo en materia de violencia contra la mujer, responsabilidad penal del adolescente, justicia militar e indígena.
Hace unos cinco años estos tribunales comenzaron a concentrar las causas políticas con las que el chavismo ha arrinconado a la disidencia y que antes recaían en la justicia militar. Los tribunales especiales de terrorismo eran llevados por jueces de cuatro tribunales ordinarios de Caracas que asumían una doble función y que, según se ha denunciado, han actuado sometidos al Ejecutivo. La resolución ordena a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia notificar a esos jueces el cese de sus funciones en delitos asociados al terrorismo.
La norma fija una excepción para el traslado inmediato de expedientes: no se redistribuirán de forma automática los casos en los que haya una operación encubierta, escuchas telefónicas en tiempo real o medidas cautelares urgentes en curso. El juez especial saliente dispondrá de hasta 15 días hábiles para culminar esas diligencias pendientes e informar a la Fiscalía. Tras ese trámite, cuando el juzgado ordinario asuma el expediente, tomará el control de la causa en la etapa en que se encuentre y mantendrá vigentes las medidas previamente dictadas.
Estas instancias han llevado los juicios más emblemáticos de perseguidos políticos como Brazalete Blanco, que finalizó hace poco con condenas para un grupo de militares y la absolución de Rocío San Miguel, su expareja Alejandro González de Canales y dos activistas de Vente Venezuela. En este caso, a los condenados se les suprimió el delito de terrorismo, algo que algunos defensores interpretan como una señal de que esta competencia especial ya estaba finalizando. Por las salas de terrorismo pasaron los más de 2.000 detenidos en el marco de las protestas contra el fraude electoral de 2024. Las causas Tancol, de personas acusadas sin pruebas de ser parte de la guerrilla, también pertenecen a estos tribunales.
Desde hace meses, defensores venían señalando la reubicación de causas de los tribunales de terrorismo hacia juzgados de control en otros estados, una medida no explicada oficialmente por las autoridades judiciales, pero que en los pasillos de los tribunales se atribuía a un descongestionamiento de los juzgados, sobrepasados de causas de presos políticos. En un video colgado en las redes sociales, el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas explica que con esta decisión “seguimos trabajando firmemente en el fortalecimiento y la optimización de nuestro sistema de justicia”.