Expertos en seguridad y la oposición criticaron el rol de la ministra de Interior, Carolina Tohá, luego de que confirmara que para liberar al empresario Rudy Basualdo, secuestrado en Rancagua, su familia pagó para lograr el rescate.
Ya con Basualdo a salvo, la ministra Tohá realizó un punto de prensa donde confirmó que “se pagó un rescate, fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos, porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada. Aunque haya elementos que permitirían actuar de otra manera, siempre se prefiere un mecanismo que asegure las mejores condiciones para rescatar sana y salva a la persona afectada”.
Estas declaraciones fueron duramente criticadas por la oposición y expertos en la materia, como el propio exsubsecretario de Interior Felipe Harboe (PPD) quien expresó que el “secuestro extorsivo es un delito importado y requiere rápida condena para evitar un efecto multiplicador”.
“Revelar datos de investigación o pagos constituye una opinión inadecuada que facilita efecto imitación. Se requiere inteligencia, sigilo, decisión y capacidades”, enfatizó el exsenador.
Michel De L’Herbe, experto en gestión de emergencias, analizó la comunicación de Tohá afirmando que su “declaración partió muy bien: no podemos entregar detalles de las negociaciones. Pero terminó muy mal: se confirmó el pago y filtraron monto”.
“Salvo que eso haya sido parte de lo negociado, es información que puede tener impacto futuro cercano”, sostuvo y por ello recomendó que, ante estos casos, se realicen “comunicados leídos”.
Miguel Ángel Castro, a cargo de la Unidad de Secuestros y exjefe de departamento de OS9, explicó a Cooperativa que éste “no es un delito común, es un delito muy complejo de investigar, es una situación que requiere de mucha logística”.
“Una característica del chileno es que es una persona confiada, es una persona que entrega micho su información, es una persona que le gusta ostentar lo que tiene y estos perfiles son beneficiosos para las organizaciones criminales”.
“VENGAN A CHILE A SECUESTRAR”
Desde Chile Vamos también cuestionaron el rol de la ministra Tohá al revelar detalles del operativo, advirtiendo que podría abrir una puerta para que aumente este tipo de delitos.
Henry Leal, diputado de la UDI, “lo que ha hecho la ministra Tohá es absolutamente inaceptable, es de una imprudencia temeraria y, viniendo de la máxima autoridad encargada de la seguridad, no se puede tolerar”.
“La ministra ha puesto en riesgo la seguridad de todos los chilenos, ha hecho precisamente lo que nunca se debe hacer: reconocer que se ha pagado un rescate. Lo que ha hecho es un llamado al crimen organizado que está instalado en Chile, le está diciendo: ‘acá pagamos los rescates, háganlo’. Eso es lo que ha hecho y no lo podemos permitir”.
El diputado de Evópoli Jorge Guzmán consideró que la jefa de Gabinete “le dice a los delincuentes del mundo: ‘vengan a Chile a secuestrar, aquí les pagamos’; increíble, estando a cargo de la seguridad del país.
“Ejerza su rol y expulse a quienes solo vienen a delinquir. Hay más de 20.000 órdenes de expulsión descansando en su escritorio”, finalizó.
El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke consideró “gravisimo lo del secuestro como metodo de extorsión y la declaración de Carolina Tohá señalando que se pagó rescate. Sorprende su falta de tacto y capacidad de comprender el alcance de sus palabras”.
El diputado de RN Arturo Longton planteó por su parte que “las declaraciones de la ministra Tohá señalando públicamente que se pagó un rescate en el secuestro son de una irresponsabilidad tremenda ya que exponen nuevamente a la familia y les pasa el aviso a delincuentes de que este es un método exitoso para delinquir”.
Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez le pidió “más prudencia a la ministra Tohá. Esta declaración es equivalente a decir: ‘adelante, secuestren. Nosotros vamos a pagar’“.
“Tenemos toda la disposición para hacer los cambios legislativos necesarios para evitar que este delito se haga recurrente”, aseguró.
El excandidato presidencial Carlos Maldonado (Demócratas) coincidió en que la declaración de la secretaria de Estado “es una pésima señal”. Mafias saben que la ley chilena es blanda. Ahora saben, además, que rescates se pagan“.
LA PREOCUPACIÓN DE LOS ALCALDES
La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), manifestó que “con este mensaje fuimos notificados que el Estado se arrodilló ante el crimen organizado. Sabíamos que la voluntad para enfrentar la actual crisis de seguridad era baja, pero jamás pensamos que era nula. Las municipalidades y Carabineros estamos solos frente a la delincuencia”.
Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), enfatizó que “las palabras de la ministra Tohá abren un pésimo precedente para el futuro del país”.
“Si no se demuestra la máxima fuerza, si no se detiene y sanciona con rigor a quienes secuestran, pronto tendremos una verdadera industria del secuestro en Chile”, vaticinó.
El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (UDI), fue más tajante y anunció: “Anoten esta fecha y hora: a las 3:05 de la madrugada del 10/11/23 es cuando Chile se fue al carajo…”.
“Cuando un país normaliza el secuestro y el pago de rescates, cuando la tragedia se confunde con la rutina, cuando el Gobierno no es más que el animador de un reality terrorífico”, expuso.