No era ningún secreto. Bastaba escuchar los avisos de los dirigentes ceutíes y leer las informaciones que llegaban desde la ciudad autónoma en la semana anterior a la irrupción masiva de inmigrantes el 30 y el 31 de julio para saber que Ceuta se encontraba sometida a una presión inusual en su frontera con Marruecos. Aunque nadie habría podido anticipar que el número de personas que aquellos días iba a cruzar a la ciudad española superaría las 70.000, habría sido suficiente con la lectura del diario local para tener noticia de que lo que se avecinaba era algo extraordinario, y que merecía una mayor preparación de las autoridades. “Día de presión”, anunciaba el mismo día de los hechos en portada y vistosas con letras mayúsculas El Faro de Ceuta. Quien quería saber, sabía.
En un ejercicio de transparencia, tras más de un mes de titubeos y forzado por las críticas a izquierda y derecha, el Gobierno español publicó ayer una serie de documentos desclasificados emitidos entre el 1 de julio y el 1 de agosto por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otros organismos policiales y de información. Los documentos muestran que en los días anteriores el CNI detectó, en grupos de redes sociales con más de 180.000 miembros, convocatorias para cruzar la frontera ilegalmente. También revelan que los agentes avisaron de ello a sus colegas del servicio de inteligencia de Marruecos y, por medio de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas, a la Delegación del Gobierno español en Ceuta y los servicios de información de la Guardia Civil.
Si el objetivo de la desclasificación era dirimir si el Gobierno había recibido, sí o no, el aviso sobre la crisis inminente, los documentos no aportan una respuesta tajante y definitiva. Y es lógico que sea así, porque nadie podría haber anticipado el volumen exacto del movimiento humano aquel final de julio entre Marruecos y Ceuta, ni sus dimensiones inesperadas. Pero tampoco a nadie escapaba que habían existido precedentes en el uso de la inmigración como arma para socavar la soberanía, y a lo largo de aquella semana la ciudad ya temía una escalada y vivía en estado de alerta. Los whatsapps y otros documentos desclasificados ayer no hacen más que confirmar que, como cualquier observador informado, los servicios de inteligencia y seguridad españoles sabían que algo iba a ocurrir, pero también que ignoraban su gravedad y sus dimensiones.
Hay una discusión sobre si las autoridades dispusieron de toda la información y si la tuvieron en el momento adecuado sobre los hechos del 30 y el 31 de julio, que provocaron 141 muertos, según algunas estimaciones, y una convulsión social profunda en Ceuta, que desde hace más de un mes ha visto alterada su normalidad. Es probable que las fuerzas de seguridad españolas evitaran una tragedia mayor al no usar la fuerza para impedir la entrada de quienes cruzaban a nado o por el espigón. Pero plantear en estos términos el debate —quién en España supo qué y cuándo, o por qué actuó o dejó de actuar— equivale a desenfocarlo. Porque la cuestión es otra bien distinta: quién propició lo que en aquel momento se calificó como “violación de la integridad territorial” y que, como tal, está investigando una jueza de la Audiencia Nacional.
La ciudadanía merece una indagación seria y una explicación detallada sobre los responsables de la llegada de más de 70.000 personas a territorio español. España estará obligada a replantear la relación con Marruecos, país que no oculta su reivindicación de Ceuta y Melilla pero al que hasta ahora el Gobierno ha evitado pedir cuentas por esta crisis que ha tensionado aún más la política española. El sondeo de 40dB. publicado esta semana por EL PAÍS muestra que Vox es el partido considerado como “más capaz” para lidiar con la inmigración. El mayor éxito de quienes, por acción u omisión, lanzaron este desafío a la soberanía y las fronteras sería sembrar la división y alimentar el extremismo y el odio. La transparencia, la información y la rendición de cuentas son la mejor respuesta a estos desafíos.