La Audiencia de Tarragona ha decidido dejar en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre qué órgano judicial debe seguir adelante con la investigación del caso Montoro, que afecta, entre otros, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Los magistrados no se han pronunciado sobre si la instrucción debe trasladarse a Madrid —como solicitan el propio Montoro y otros acusados— o quedarse en Cataluña, sino que han lanzado el balón al tejado para dejar que sea el alto tribunal el que tenga la última palabra.
El titular del juzgado 2 de Tarragona, Rubén Rus, investiga desde 2018 un entramado en torno al despacho Equipo Económico, que presuntamente tuvo capacidad de influir en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) a través de los estrechos vínculos que mantenía con el Ministerio de Hacienda. A cambio de dinero, según la investigación, Equipo Económico logró influir en Montoro y su equipo para aprobar legislaciones a la medida de los intereses de compañías gasistas. El juez Rus, que tuvo la investigación durante siete años bajo secreto de sumario, decidió quedarse con el caso. Las defensas de los acusados lo rechazaron con distintos argumentos y recurrieron la decisión ante la Audiencia de Tarragona, que ahora ha resuelto “no resolver” la cuestión y apuntar al Supremo.
Las defensas alegan que Equipo Económico tiene su sede en Madrid y que las supuestas influencias se ejercieron sobre “superiores y directivos de la administración central”, por lo que corresponde a los juzgados de la capital enjuiciar el asunto. “No solo es Madrid donde radica la sede del Ministerio de Hacienda y sus órganos centrales, sino que es en esta ciudad donde se efectúan los trabajos y se presentan las propuestas legislativas a las Cortes Generales”, señalan en sus escritos. La única “conexión” con Tarragona, agregan, es que la causa comenzó por unos hallazgos “casuales” vinculados a una empresa con sede en esa provincia.
La Fiscalía se opone al traslado de la causa. El inicio de la investigación se sitúa en la empresa gasista Messer, con sede en El Morell (Tarragona), y las supuestas influencias se ejercieron también sobre “funcionarios municipales” y sobre “parlamentarios catalanes”. El perjuicio causado, subraya, alcanza también las arcas locales y autonómicas, puesto que uno de los hechos investigados son los intentos por influir en impuestos que recaudan o gestionan esas administraciones.
La respuesta de la Audiencia de Tarragona consiste en decir que no puede resolver la petición por sí misma. “Seríamos competentes si la cuestión se planteara entre distintos órganos de la misma provincia”, argumentan los magistrados. Pero como la “controversia” se plantea entre los órganos de Tarragona y Madrid, la competencia para decidir recae en el Tribunal Supremo, concluye la resolución. “Es por todo lo expuesto que debemos abstenernos de resolver la cuestión de competencia planteada”.
Las cuestiones de competencia que llegan al Supremo desde juzgados de instrucción las resuelve la Sala Penal, normalmente, con un tribunal formado por tres magistrados designados por turno de reparto. Pero está por ver qué ocurrirá con este caso, porque lo que ha revisado la Audiencia de Tarragona no es un conflicto de competencia habitual, en el que hay dos juzgados que pugnan por instruir un caso o por inhibirse en otro juez; en el caso Montoro hay solo un juez en liza, el instructor actual, que considera que tiene competencias para quedarse con la investigación; y son las defensas las que piden que se derive a Madrid, pero ningún juez de esta provincia lo ha reclamado.
Los jueces de la Audiencia Provincial han concluido que el conflicto debería resolverlo el alto tribunal, pero no ordenan que se envíe allí, por lo que tendrá que ser el juez Rus, tras leer la resolución de sus superiores, quien decida si lo envía. Las defensas, que fueron quienes pidieron a la Audiencia que resolviera, podrían también acudir al Supremo con la resolución difundida este martes y pedirle a la Sala Penal que se pronuncie. Además, la Audiencia de Tarragona tiene pendiente resolver un recurso de casación presentado por las defensas contra la negativa del juez Rus a inhibirse de este caso.
En el caso Montoro, la Fiscalía aprecia presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. A lo largo de la investigación, Montoro ha defendido que salió de Equipo Económico antes de dar el salto al Ejecutivo, desvinculándose así de las presuntas irregularidades.