La magistrada María Tardón, instructora de la Audiencia Nacional, ha comunicado este lunes que asume la investigación sobre la entrada masiva irregular de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La jueza, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía para dar este paso, explica que aprecia indicios de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en conexión con los de homicidio imprudente, así como de organización criminal. “Nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución”, insiste Tardón.
A través de una amplia resolución de 26 páginas, la jueza desgrana el contenido del informe de la Policía Nacional recabado sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma y remacha que, según los indicios aportados, se “utilizó” esa estratagema —“a la que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”— para “desestabilizar la seguridad nacional”. “No se trató de actuaciones de naturaliza incidental, ocasional o espontánea”, abunda María Tardón, sino de “un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal”.
“Se ha evidenciado, igualmente, una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos”, asegura la magistrada, que pone el foco en el cuestionable “comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos”, “constatado y gráficamente contrastado” a través de imágenes difundidas por la prensa y redes sociales. En este sentido, la jueza subraya que, como se señaló en el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía, los agentes de Rabat no solo demostraron una enorme “permisividad” durante la entrada masiva, sino que asumieron una labor de “guiado activo” de las personas que querían cruzar la valla que marca la frontera española.
“Se advierte cómo los propios policías uniformados [de Marruecos] van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles por [puntos por] los que llevar a cabo el cruce y superar los obstáculos existentes en dicho acceso. Y hasta organizando el acceso a la zona que conduce a la Playa Fnideq, y dentro ya de las propias aguas de la misma”, prosigue la resolución dictada este lunes por la Audiencia Nacional.
La instructora enmarca así estas maniobras dentro de un intento de “atentar contra el Estado” español mediante una “vulneración de su integridad territorial”. E, incluso, parafrasea al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez (PSOE). “Como bien señaló el presidente del Gobierno durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió los hechos como ‘un ataque, una violación de la integridad territorial de España’. Y ello mediante un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la ‘guerra híbrida’ o ‘zona gris’, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles, en concreto, de toda una ciudad autónoma”, ahonda Tardón.
En julio, cuando se encontraba de guardia y tras recibir una denuncia del partido extraparlamentario Iustitia Europa, la magistrada solicitó informes policiales sobre la entrada masiva a Ceuta. La jueza, que también pidió opinión a la Fiscalía sobre si tenía competencias para asumir esta investigación, quiso recabar todos esos datos antes de decidir si se quedaba las pesquisas —como ha comunicado este lunes—. “Esta entrada masiva no puede considerarse como un hecho aislado ni casual, ni se puede hablar de un acontecimiento por generación espontánea”, argumenta Tardón.
Para reforzar su tesis, la jueza recuerda que las autoridades calculan que más de 70.000 personas entraron en la localidad autónoma —aunque aún no se ha podido establecer una cifra definitiva por las “dificultades para realizar tal cómputo, derivadas de diferentes factores como el colapso del sistema de control fronterizo y la simultaneidad de flujos de entrada y de salida a lo largo del 31 de julio”—, pero que la mayoría de esos presuntos migrantes “no buscaba permanecer en territorio español”. De hecho, según destaca, salieron de Ceuta de una manera “relativamente ordenada”.
En esta línea, la magistrada sostiene que se utilizaron diversas redes sociales para “lograr una propagación multitudinaria del llamamiento” a entrar en Ceuta. “Se han identificado números de teléfono [que participaban de forma] simultánea en varios de los grupos monitorizados. Números de administradores y números de participantes que actúan como dinamizadores del mensaje, que han servido como altavoz para la transmisión de mensajes”, resalta la resolución de la Audiencia Nacional, que considera que el número y perfil de las personas movilizadas (incluido niños) buscaba el “colapso” de la gestión fronteriza española y de su capacidad de respuesta.
“Una presencia notable de núcleos familiares, mujeres y niños de corta edad desactiva la posibilidad de emplear medios coercitivos o usar la fuerza reactiva para restablecer el control y la operatividad de la frontera”, expone el dictamen de María Tardón, que hace hincapié paralelamente en que los presuntos incitadores de la entrada actuaron desde el “absoluto desprecio por la vida e integridad física de algunas de las personas más vulnerables que la integraban”. “El número total de los cadáveres recuperados en las aguas territoriales españolas ha sido de 83”.
La resolución de la Audiencia Nacional no identifica quién puede estar detrás de toda esas presuntas maniobras coordinadas. Pero deja numerosos dardos: “Las actuaciones de ‘guerra híbrida’ o ‘zona gris’ son propias de Estados, organizaciones criminales u organizaciones terroristas cometidas contra Estados”. “El informe [de la Policía Nacional] identifica distintos niveles de actuación, desde el de los promotores digitales hasta los organizadores sobre el terreno y los responsables de la eventual planificación estratégica”. “Se trata de una operación a gran escala”. “Debe descartarse que nos encontremos ante la autoría directa de ninguna de las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes que operan en dicho ámbito geográfico, más allá del mero aprovechamiento oportunista por su parte de algunos de los efectos de la crisis sobrevenida”.
Acusaciones populares
La jueza instructora ha aceptado la personación de varias acusaciones populares en el procedimiento: entre ellas, Iustitia Europa, el PP, la formación de extrema derecha Vox y el grupo ultracatólico Hazte Oír. Sin embargo, ha rechazado al partido político Se Acabó La Fiesta (SALF), liderado por el agitador ultra y eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise; que presentó una denuncia por crímenes de lesa humanidad “sin la menor justificación ni explicación”, “dirigida expresa y nominativamente contra el rey de Marruecos, su ministro del Interior, su director general de la Seguridad Nacional y de la Vigilancia del Territorio y los mandos de su Fuerza Auxiliar y la Gendarmería”. “[Es] una mera instrumentalización política del ejercicio de la acción penal contraria a los principios y fundamentos del proceso penal”, le reprocha la magistrada.
Por su parte, la jueza descarta declarar el secreto de sumario de toda la causa, como pidió la Fiscalía; y establece que solo se mantendrán secretas aquellas pesquisas concretas que se encarguen y que, por su naturaleza, puedan poner en riesgo la seguridad del Estado o comprometer el “éxito de la investigación”.