La Audiencia Nacional no tiene dudas: el famoso narco gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido por el alias de Sito Miñanco, volvió a las andadas cuando disfrutaba del tercer grado penitenciario en 2016, trabajaba en un parking de Algeciras (Cádiz) y aparentaba haberse reinsertado tras una vida dedicada al crimen. Este miércoles, casi una década después, el tribunal lo ha declarado culpable por encabezar entonces una operativa para introducir cerca de cuatro toneladas de cocaína en Europa; y le ha impuesto una nueva pena de 17 años de prisión. A su vez, los magistrados descartan la participación del abogado Gonzalo Boye en la supuesta trama paralela creada para blanquear el dinero procedente del tráfico de drogas.
Con esta resolución, la Audiencia Nacional pone un punto y aparte a la llamada Operación Mito, bautizada así en honor al histórico Sito Miñanco y que permitió la caída de nuevo del narcotraficante. Las pesquisas se abrieron en 2016, pero el juicio no comenzó hasta noviembre de 2024 y finalizó en marzo de 2025. La sentencia ha tardado en dictarse un año y medio.
A lo largo de una sentencia de 325 páginas, la terna de magistrados encargados de enjuiciar el caso (Félix Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Ana María Rubio) describen cómo Sito Miñanco y el holandés Raymond Van Rij dirigían dos bandas que se aliaron para transportar cocaína desde Sudamérica a Europa, y para distribuirla posteriormente entre terceros. La trama consiguió así, al menos, introducir 615 kilos de esa droga en el continente —fue localizada en un almacén de Den Hoorn (Países Bajos)—; y trasladar otras 3,3 toneladas a bordo de un buque llamado Thoran y con bandera de las islas Comoras. “Proyectaron futuras importaciones de cocaína que no llegaron a materializarse por la detención de todos ellos”, apostilla la resolución.
Los magistrados, que condenan a Prado Bugallo como autor de delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, le imponen también multas por valor de más de 420 millones de euros. La Fiscalía Antidroga, que reclamaba 31 años y medio de cárcel para él, puede ahora recurrir ante la Sala de Apelación de la propia Audiencia Nacional. Una opción que también tiene sobre la mesa el narco gallego, que negó su vuelta al turbio negocio: “Son mentiras”.
Paralelamente, el ministerio público había solicitado nueve años y nueve meses de cárcel para Gonzalo Boye —conocido por ejercer la defensa, entre otros, del expresidente catalán Carles Puigdemont—. Pero el tribunal lo ha absuelto. “Han sido años muy duros. Pero, al final, se ha reconocido la verdad y se ha hecho justicia”, ha comentado el letrado a EL PAÍS tras conocerse la sentencia.
Antidroga sostenía que Boye, que entonces era abogado de Sito, formaba parte de la supuesta red “criminal” creada para blanquear el dinero procedente del narcotráfico, y que participó en una reunión donde informó que elaboraría unos papeles para justificar el “origen legal” de un dinero intervenido (casi 900.000 euros) por la Policía en el aeropuerto de Barajas (Madrid) en 2017. Pero los magistrados descartan que esa tesis haya quedado probada. De hecho, el tribunal incide en que esa imputación se “sustenta fundamentalmente” en la declaración de otro procesado, Manuel Andrés Puentes Saavedra, a quien no otorgan credibilidad.
“[La declaración de Saavedra] no la consideramos totalmente veraz, pues hay cuestiones que no aclara, como son el motivo de sus viajes a Colombia después de la aprehensión del dinero en Barajas, y existen otros elementos probatorios […] que sustentan que los hechos ocurrieron de manera diferente a como relata”, escriben los magistrados. Gonzalo Boye afirmó que Saavedra le acusó para intentar salvarse: “Obtuvo la libertad provisional, tras un año y siete meses de prisión, días después de prestar declaración incriminatoria contra mí”.
Además de a Miñanco, la Audiencia condena a otra veintena de acusados.
Una “persecución”
Durante el juicio, Boye recibió el apoyo de un importante sector de Junts y del independentismo catalán. De hecho, el primer día de la vista, el abogado llegó a la Audiencia Nacional escoltado por un nutrido grupo de dirigentes de la formación independentista: entre ellos, el expresidente autonómico Quim Torra; Laura Borràs, expresidenta del partido y del Parlament; y Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso. Los secesionistas sostienen que su procesamiento forma parte del lawfare impulsado contra el separatismo.
Ese apoyo ha vuelto a brotar este miércoles al conocerse su absolución: “Sabíamos de la persecución que sufrías. No tengo ninguna confianza en la justicia, pero emociona saber que tú la has encontrado”, le ha dicho Borràs. “La persecución judicial que ha sufrido Gonzalo y su familia es injusta y repugnante”, ha añadido Josep Rius, vicepresidente de Junts.