La conflictividad ha aumentado en los centros educativos, al menos en parte de ellos, tanto en Cataluña, donde la Generalitat ha puesto en marcha un polémico plan piloto para desplegar de forma permanente agentes de los Mossos d’Esquadra en 13 institutos de secundaria especialmente conflictivos, como en el conjunto de España. “Los problemas han aumentado, no tiene sentido engañarse. ¿Por qué? Porque cada vez hay más pobreza. Tenemos alumnado que arrastra situaciones muy complicadas y que a veces explota en los centros. Los institutos son un reflejo de lo que es la sociedad, y hay barrios con mucha presión social”, afirma el exdirector de un centro de alta complejidad catalán, que pide que no se publique su nombre por el puesto que ocupa ahora.
Hasta no hace tanto, hablar de un aumento de la conflictividad formaba parte, sobre todo, del discurso de la derecha. Sin embargo, ha dejado de ser así. Organizaciones sindicales y de familias de todo el arco ideológico, y desde Barcelona hasta Sevilla, lo ponen cada vez más sobre la mesa. No como un problema generalizado, pero sí como uno grave que se concentra en algunos centros educativos y cierto perfil de alumnado.
Hace un mes, en Alcoi, el municipio valenciano de 61.000 habitantes donde trabaja Antoni González Picornell, presidente de la Federación española de asociaciones de directores de institutos públicos (Fedadi), el hermano y la madre de un alumno agredieron brutalmente a un docente en su centro educativo: le hicieron un mataleón y le arrancaron un trozo de oreja de un mordisco. El mataleón es una peligrosa técnica de estrangulamiento con los brazos, que se ha popularizado por su difusión en redes sociales. González Picornell cuenta que en el último año ha tenido tres casos en su instituto, todos entre chavales y uno con consecuencias graves. “Tenemos un problema. Y los conflictos no se están resolviendo bien con los actuales protocolos de actuación”, admite.
Ello no significa que la comunidad educativa vea bien que los institutos incorporen de forma estable policías, aunque sea sin arma y de paisano, como prevé la Generalitat, gobernada por los socialistas. Así quedó reflejado el miércoles con la reacción de la mayor parte de las asociaciones de docentes, familias y alumnado ante la iniciativa del Govern, tanto en Cataluña como en el resto de España. “Lo que necesitamos son trabajadores e integradores sociales para solucionar los conflictos. Los mossos están muy bien. Nosotros los llamamos siempre que los necesitamos. Pero son cosas puntuales. Y en ese momento, lo que necesitamos es un mosso que venga vestido como tal”, afirma Queralt Ciganda, directora de un instituto de difícil desempeño de Cataluña. Lo que hace más difícil la defensa del plan catalán es que arranca poco después de que la Generalitat haya reducido casi un 30% el número de profesionales de perfil social que trabajan en los centros educativos, que han pasado de 420 el curso pasado a 300 este, según cálculos de Equitat.org (la antigua Fundació Bofill dedicada al análisis de políticas educativas, con sede en Barcelona).
De la veintena de docentes y directores entrevistados esta semana por este periódico, entre las pocas voces que no ven mal el despliegue policial bajo determinadas condiciones, figuran dos docentes que trabajan en centros de una complejidad social que podría denominarse extrema, algo que es significativo. Son institutos parecidos a los que ha elegido la Generalitat para su plan piloto. El reparto de los recursos entre los centros educativos en España se basa en un sistema de café para todos, en el que, una vez distribuida la plantilla de docentes y especialistas, como los orientadores, en base al número de estudiantes, se añaden algunos refuerzos a las escuelas e institutos con realidades más complicadas. Ese trato muy parecido en situaciones radicalmente distintas hace que en centros como los de Mar Sierra, directora en Alicante, y Miriam Lobo, profesora en Sevilla, el reto supere por mucho las fuerzas de su profesorado. Y los docentes manifiestan que necesitan cualquier ayuda que puedan recibir.
“A nosotros nos vendría bien tener un policía, entre otras cosas, porque así no tendríamos que dedicar tanto tiempo a tareas que en realidad son casi policiales. Informar de peleas, buscar a alumnos a los que va a venir a recoger una patrulla… Si hubiera un agente que se encargara de todo lo que la policía nos pide a nosotros, los miembros del equipo directivo podríamos dedicarnos de verdad a las cuestiones docentes”, afirma Sierra. Uno de los problemas con los que se encuentran en el instituto sevillano donde trabaja Lobo es, por otra parte, que, a veces, cuando llaman a la policía, no aparece nadie. “Hace poco se nos metió un antiguo alumno, que no conseguíamos que se fuera. Y solo conseguimos que la policía viniera cuando les dijimos que llevaba una navaja”, cuenta.
El director de otro centro complejo, aunque no tanto, en Castellón, Toni Solano, que también ha sufrido la falta de respuesta al llamar a la policía, afirma: “Es verdad que los centros tienen mucha conflictividad. Pero tienen conflictividad porque no se dan recursos para corregir los problemas de base. Y entre esos problemas está que una parte de los alumnos llegan al instituto con cero motivación y tienen que ocupar seis horas de su vida en clases de las que no entienden absolutamente nada, y en las que no tienen ningún tipo de interés. Se tendría que hacer una intervención temprana para que ese descuelgue no se diera”.
“Los alumnos más afectados, los más vulnerables”
Aina Tarabini, profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera el despliegue policial en Cataluña “una mala noticia y un mal precedente”. Reconoce que en muchos centros educativos hay conflictos por el malestar causado “por cuestiones de carácter estructural”: “Desigualdades socioeconómicas muy fuertes, dinámicas familiares muy complejas y tensiones comunitarias que el alumnado lleva a las aulas”. A su juicio, poner policías es una respuesta fácil que no solucionará un problema que requiere “recursos, formación y tiempo, y figuras como educadores y trabajadores sociales para acompañar al alumnado”. En Estados Unidos, añade, un país con larga tradición de presencia policial en los centros educativos, “mucha evidencia científica pone de manifiesto que, cuando los problemas socioeducativos se abordan de forma policial, los problemas y la violencia no se reducen. Simplemente, se derivan del ámbito educativo al penal. Y el alumnado más afectado es el más vulnerable”.
En Europa, el Reino Unido, el país que más ha avanzado en las últimas décadas en la fórmula policial para abordar la conflictividad en los centros educativos, tampoco resulta alentador. En marzo de 2020, un niño negro con espectro autista se enfrentó, en un desagradable altercado verbal, con un miembro del personal de un colegio de Londres. El director decidió imponer al alumno una suspensión de tres días. Pero el empleado agredido fue más allá. Denunció lo sucedido al agente de seguridad escolar asignado al centro. El asunto acabó en manos de la Fiscalía, que inició una investigación. Los padres, a su vez, interpusieron una queja por el presunto sesgo racista y contra las minorías que podía acabar produciendo la presencia de oficiales de la policía en el entorno educativo.
A principios de esta década, 23 departamentos policiales del Reino Unido desplegaron 683 agentes (SSO, o Safer School Officers, en su término inglés) en diversos centros escolares que presentaban una aparente conflictividad. La Policía Metropolitana de Londres (MET), el departamento que más oficiales repartió por colegios, entregó al diario The Guardian las estadísticas que utilizaba para elegir dónde destinar mayores recursos.
El número de almuerzos o meriendas gratuitas repartidas, las notas en las pruebas de bachillerato, el índice de absentismo y hasta los incidentes policiales registrados previamente en el centro se convirtieron en los criterios básicos para decidir cuándo un colegio era más conflictivo que otros.
Sin cuestionar la necesidad de proporcionar seguridad cuando es necesaria, fueron muchos los académicos, expertos y organizaciones escolares que pusieron en cuestión un sistema que tendía a imponer un clima hostil y de sospecha entre grupos de alumnos de rentas bajas o pertenecientes a minorías, que acababan siendo injustamente criminalizados.
El 1 de mayo del año pasado, la MET decidió eliminar el puesto de sus 371 agentes de seguridad escolar y crear una nueva figura para ellos: Agente de Custodia Designado-Niños y Jóvenes (Designated Ward Officer – Children and Young People, DWO-CYP). Integrados en la policía de barrio, su misión es centrarse en la seguridad de los menores en esa zona, sea en colegios o en otras áreas. Ya no tienen la visibilidad anterior, cuando eran claramente identificados como el policía asignado a un centro concreto. Su tarea es ahora más bien la de preservar la seguridad de los alumnos en el amplio espacio geográfico y vital que supone su trayecto diario de casa a la escuela.
Los casos de Alemania y Francia
Otros países, como Alemania, no cuentan con un programa de policías de paisanos en las escuelas. Es algo que no se ha debatido nunca y que, si se hiciera, desataría muchas críticas en un país donde parte de sus ciudadanos vivieron hasta 1989 bajo la estrecha vigilancia de la policía secreta de la República Democrática Alemana (RDA). Sin embargo, el problema de la violencia en ciertas escuelas y cómo hacerle frente es un tema recurrente en los gobiernos regionales, sobre todo cuando se producen ataques como el ocurrido hace casi un año, cuando un joven estudiante de 17 años amenazó a su profesora con un cuchillo en una escuela en Ludwigshafen (Renania-Palatinado), o cuando cuatro meses después, en Essen (Renania del Norte-Westfalia), una profesora fue apuñalada por un joven también de 17 años.
Tras el incidente en Ludwigshafen, el ambiente de violencia que se vivía a diario en la escuela acaparó titulares en todo el país y se decidió enviar agentes de policía de servicio para que estuvieran a diario en el patio de esa escuela. La semana pasada, el Ministerio regional de Educación informó de que la situación se había calmado y que los agentes ya solo acuden al centro de forma esporádica. Las visitas se realizan sin previo aviso.
Estas visitas se engloban dentro del paquete de medidas aprobado en Renania-Palatinado que prevé, en esencia, una mayor presencia policial en los colegios en los que ya se han producido incidentes violentos y que están clasificados como colegios conflictivos. Además, se ha creado un servicio de apoyo para el profesorado y el personal educativo. Las visitas de la policía al recinto escolar serán sin motivo aparente, periódicas, de duración limitada, con horarios fijos y con personas de contacto claramente designadas.
Asimismo, otros estados federados han tomado medidas similares. Por ejemplo, el Gobierno de Renania del Norte-Westfalia anunció el pasado septiembre que está probando en 20 centros educativos un nuevo plan contra la violencia, tanto entre alumnos como contra el profesorado. Consiste también en mandar agentes de policía a los patios de los colegios para prevenir la violencia, así como en crear una unidad didáctica conjunta para abordar la violencia, impartida por un agente y un profesor en séptimo curso, donde los niños tienen normalmente entre 12 y 13 años.
En Francia, el aumento de la violencia en el entorno escolar también se ha convertido en una de las grandes preocupaciones. En marzo del año pasado, tras varios ataques con cuchillo por parte de alumnos a otros compañeros o profesores dentro de las aulas, el Gobierno decidió multiplicar las inspecciones aleatorias que se realizan a la entrada de colegios e institutos. Las hacen los policías y gendarmes, siempre con la presencia de algún funcionario escolar.
En el último año, se han hecho 20.500 controles y se han incautado 800 armas blancas a los menores, según datos facilitados por el Ministerio de Educación esta misma semana. “Unas cifras preocupantes”, según el titular de la cartera, Édoaurd Geffray. El ex primer ministro, François Bayrou, llegó a plantear la posibilidad de poner arcos de seguridad en los centros para poder detectar las armas blancas. Fue tras el apuñalamiento mortal de una de las monitoras que supervisaba uno de estos controles de mochilas por parte de los agentes, en junio del año pasado.
Salvo para las citadas inspecciones, la presencia de las fuerzas del orden en el interior de los colegios no está permitida y, para poder intervenir, necesitan la autorización del director del centro. En 2018, el Gobierno planteó la presencia física de agentes en algunos centros escolares, los más conflictivos, dentro de un plan de acción contra la violencia. La medida finalmente no se aprobó. Durante el pasado curso escolar se registraron 14 “incidentes graves” (incluye violencia física, pero también verbal) por cada 1.000 alumnos en colegios e institutos, según los datos de la encuesta nacional de clima escolar del Ministerio de Educación.