La Generalitat de Cataluña pasará a controlar – antes de las elecciones del 29 de noviembre- el cumplimiento del contrato de prestación de los servicios de Rodalies y Regionales, que Renfe ha estado operando sin un contrato formal con la administración catalana desde el traspaso de competencias de 2009 y 2010. El Govern y la operadora ferroviaria han alcanzado un acuerdo para regular el servicio hasta el 31 de diciembre de 2028, que permitirá a la Generalitat supervisar su funcionamiento y aplicar penalizaciones por incumplimientos atribuibles a Renfe, con un importe de hasta cinco millones de euros anuales. A partir de 2028 se prevé que Rodalies de Cataluña (con un 49% de patrimonio de la Generalitat) opere directamente en la red ferroviaria catalana.
El acuerdo supone un cambio en la gobernanza del servicio ferroviario. Hasta ahora, la relación contractual de Renfe se mantenía con el Ministerio de Transportes, pese a que la Generalitat tenía transferidas las competencias sobre Rodalies desde 2009. Con el nuevo contrato, el Govern asumirá directamente el seguimiento de las condiciones de prestación del servicio y los mecanismos de control sobre la operadora. “Es un contrato relevante que formaliza una relación existente pero que no tenía un marco contractual”, ha explicado la consejera portavoz Silvia Paneque tras el Consell Executiu. “Es un acuerdo que nos dará estabilidad, seguridad juridica y que nos ayuda a avanzar para que sea un servicio más fiable”.
Además, la formalización del contrato supone un paso previo para el traspaso de la operación a Rodalies de Catalunya, la sociedad participada en un 51% por Renfe Viajeros y en un 49% por la Generalitat constituida el pasado enero. La previsión del Govern es que esta compañía obtenga la licencia ferroviaria durante el primer trimestre de 2028 y pueda comenzar a operar los servicios. En ese momento, el contrato se adaptará a que la nueva sociedad asuma la prestación ferroviaria. Un servicio que pagara la Generalitat previo acuerdo con en Estado que seguirá financiando el transporte.
La aprobación del contrato está previsto que se realice este martes por parte de Renfe Operadora y Renfe Viajeros. También la Generalitat y en unas tres semanas lo aprobará la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat (CMAEF).
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo marco contractual es la capacidad de la Generalitat para exigir el cumplimiento de las condiciones de calidad. El Govern podrá aplicar penalizaciones de hasta cinco millones de euros anuales por incumplimientos atribuibles a Renfe, mediante un sistema de incentivos y penalizaciones que hasta ahora dependía exclusivamente del Ministerio de Transportes. Entre las penalizaciones posibles se incluye la impuntualidad siempre que se pueda atribuir a Renfe y no a Adif.
La administración catalana también tendrá capacidad para supervisar los recursos humanos y materiales destinados a la explotación ferroviaria. Según las previsiones, Renfe deberá disponer de 926 maquinistas a finales de este año y superar los 1.200 al término de 2027. Pese a ello, el contrato no hila tan fino y solo establece la obligación de contar con el personal suficiente para prestar los servicios comprometidos.
El acuerdo contempla que para el funcionamiento de los trenes el gobierno central deberá aportar 1.407,6 millones de euros para el período comprendido entre 2026 y 2028. De esta cantidad, 507,9 millones corresponden a 2026, otros 448 millones a 2027 y 451,6 millones a 2028. La previsión del primer ejercicio -el de este 2026- incluye los gastos derivados de los planes alternativos de transporte puestos en marcha por la crisis ferroviaria y la gratuidad de los títulos impulsada por la Generalitat, con una compensación total estimada en 74 millones.
Desde 2010, la financiación del servicio ha sido uno de los principales puntos de conflicto entre ambas administraciones desde el traspaso de competencias. De hecho, la Generalitat y Renfe llegaron a mantener una disputa judicial sobre quién debía asumir determinados costes después de que la administración catalana exigiera ampliaciones de cobertura en algunos recorridos. Esas disputas acabaron con los acuerdos de investidura alcanzados entre ERC y el PSOE en 2023. Entonces, se estableció que el Estado asumiera una partida de unos 90 millones de euros correspondiente a esos servicios. El objetivo del nuevo contrato es evitar que la financiación de las mejoras y ampliaciones del servicio tenga que negociarse cada año entre las administraciones.
En contrato incorpora la renovación de la flota destinada a Cataluña con 110 trenes, de los cuales 72 serán nuevas unidades de gran capacidad para Rodalies, 24 se destinarán a Regionales y otros 14 procederán de la serie 121 de Renfe. La renovación permitirá pasar de 202 a 250 en Rodalies y de 70 a 75 en Regionales.
El contrato también establece nuevas obligaciones en la gestión de las incidencias. Cuando una interrupción ferroviaria tenga una duración prevista inferior a 90 minutos, la prioridad será restablecer la circulación. Si se prevé que supere ese tiempo, Renfe deberá activar un plan alternativo de transporte por carretera.
El acuerdo contempla que Renfe deje de operar las líneas RL3 y RL4 de Lleida cuando Ferrocarriles de la Generalitat las asuma. Para supervisar la ejecución del contrato se constituirá una comisión de seguimiento paritaria, formada por seis representantes, que sustituirá al actual órgano mixto Generalitat-Renfe.